El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado este miércoles su decisión de retirar el copago a los enfermos de ELA más graves que anunció a mitades de mayo. Inicialmente, la Comunidad de Madrid, con este copago, optó por rebajar la subvención cercana a los 10.000 euros con un recorte de hasta el 40%, con lo que la ayuda se quedaba por debajo de los 6.000 euros. No obstante, este miércoles desde Sol reculan y aseguran que los enfermos recibirán "la cuantía íntegra".
Después de que los pacientes con ELA mostraran su profundo malestar y desacuerdo y pese a que desde Sol trataron de volcar la responsabilidad del copago en la Ley estatal, este miércoles el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este giro de guión. "Los enfermos van a recibir la cuantía íntegra por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha lanzado ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno. No obstante, pese a la marcha atrás dada por el Ejecutivo de Ayuso, el consejero de Presidencia se ha mantenido en la senda de acusaciones al Gobierno de Pedro Sánchez al que ha responsabilizado del "caos" y la falta de "gestión y liderazgo".
"Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica, como digo, para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región y para lo cual dictaremos en los próximos días la correspondiente instrucción por parte de la Consejería de Familia", ha espetado García, obviando que otras comunidades autónomas también gobernadas por el PP como Extremadura o la Comunidad Valenciana no se acogieron al copago.
Poco después de conocerse que el Gobierno de Ayuso aplicaría el copago, aunque ahora hayan reculado, la ministra de Sanidad, Mónica García, tildó de "escándalo" y "vergüenza" que la Comunidad de Madrid impusiera un copago a los pacientes con ELA pese a ser "la región más rica de España". "La Comunidad de Madrid es la única que ha puesto un copago a los pacientes con ELA, a pesar de que el Estado ha hecho una transferencia de 500 millones de euros con la ley de dependencia. Esto es un escándalo y una vergüenza, pero este es el pan nuestro de cada día en la Comunidad de Madrid", lamentó en ese momento la titular de Sanidad.
En la misma línea, la titular del ramo insistió en que la Comunidad de Madrid es la única región que "dice a los pacientes con ELA que tienen que pagar el 40 por ciento de la prestación". "El resto de comunidades, también del PP, no solo han avanzado en ayudar a las familias y a los pacientes con ELA, sino que además han incrementado esa prestación que ha dado el Estado y, por supuesto, ni se han planteado que esta prestación venga asociada a un copago", señaló. Por todo ello, calificó como "absolutamente indecente" el copago especialmente después de que el Gobierno regional utilizase la ley ELA como "arma arrojadiza" contra el Gobierno. "No hay que olvidar cómo fue de beligerante la Comunidad de Madrid con respecto a las asociaciones de ELA, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España", subrayó.
"Aplicación homogénea" de la Ley ELA
Por su parte, asociaciones de pacientes que sufren esta enfermedad como ConELA subrayan que la diferencia entre las autonomías que aplican el copago y las que no demuestra que "existe margen" para interpretar correctamente el espíritu de la Ley ELA y garantizar que las ayudas lleguen íntegras a "quienes las necesitan". Por ello, la entidad reclama una "aplicación homogénea" en todo el territorio y pide que "ninguna administración autonómica aplique copagos ni absorba el complemento de gran invalidez en prestaciones destinadas a garantizar cuidados vitales".
Según explica, la Ley ELA nació con el objetivo de asegurar cuidados continuados, especializados y durante 24 horas a las personas con ELA avanzada y a quienes padecen otras enfermedades irreversibles con necesidad de cuidados vitales. Su desarrollo, a través del sistema de dependencia y del nuevo grado 3+, contempla ayudas económicas que pueden alcanzar los 9.850 euros mensuales.
Desde ConELA se insiste en que estos cuidados no pueden ser tratados como cuidados sociales ordinarios. "Se trata de cuidados sociosanitarios de alta complejidad, imprescindibles para la supervivencia de las personas afectadas", añade. Asimismo, indica que la propia ley reconoce esta especificidad al contemplar la necesidad de formación especializada para quienes atienden a personas con ELA y otras enfermedades en fases avanzadas.
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