La Fiscalía investigará al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por fraccionar más de tres millones de euros en contratos menores durante el que algunos ya han bautizado como ‘caso FP’ que se destapó este verano.

El órgano jurídico ve una “actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en un modus operandi en el que se produjo una “grosera y palmaria omisión del procedimiento”.

Con estos términos se dirige el escrito a las actuaciones aplicadas por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid durante los años 2021, 2022 y 2023 para poner en funcionamiento muchas enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar nuevos centros.

Eso sí, todo ello sin convocar concursos públicos para la realización de las obras, dejando así de garantizar la libre concurrencia y derivando todo ello en un proceso mediante el cual se habrían terminado fraccionando contratos para ejecutar las actividades a través de contratos menores otorgados a demás por el procedimiento coloquialmente conocido como ‘a dedo’.  Por esta vía se habrían gastado más de tres millones de euros a partir de diferentes centros educativos, aunque podría haber más casos; al menos otros cuatro.

El caso, publicado por primera vez por elDiario.es afecta a una época en la que Enrique Ossorio ejercía como responsable de la cartera que ahora lidera Emilio Viciana. Mientras tanto, el modelo educativo de gestión por parte de los conservadores -este en concreto- fue denunciado por PSOE, Más Madrid y Podemos, que advirtió que “la posible existencia de una infracción penal” -prevaricación administrativa- bajo este escenario.

El informe de diligencias de investigación preprocesal redactado por la Fiscalía se señala que “sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”.

El mismo documento esgrime que existe una “actuación irregular” y apunta a varias direcciones: “El dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”. Y apostilla el informe de la Fiscalía: “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto (…) Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratación del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

Todo empieza en 2023, cuando precisamente la persona precisamente beneficiada avisa de que algo se está haciendo de forma presuntamente fraudulenta y envía un burofax que deja muchas preguntas y pocas respuestas. Por un lado, al grupo Virelec reclamando 1,4 millones de euros por las obras realizadas, por otro la investigación de la administración, y por último la Dirección General de Infraestructuras -dependiente de la autonomía- que no encuentra ningún expediente relativo a estos trabajos.

Con motivo de esto último, Madrid solicita un informe de auditoría a la Intervención General, quien acaba detectado “provisonalmente” cerca de 4 millones en pagos a esta compañía. El resultado del terremoto es una denuncia del Gobierno antes la Fiscalía regional por un posible caso de corrupción que salpica de lleno a Alfonso Mateos, antiguo subdirector general de Centros de Formación Profesional, así como a dos funcionarios directores de centros educativos.

De hecho, el primer contrato -reconocido por el propio Mateos- llegó cuando él era secretario del instituto Virgen de la Paloma. El ex subdirector asumió que conocía al empresario que está al frente de Virelec. Los servicios para esta primera firma fueron por un cambio de bombillas y farolas para el que se pidieron tres presupuestos, siendo -siempre según la versión del testigo- el más económico el de este empresario. A partir de aquí, los investigadores concluyen que entre las partes “parece existir un vínculo personal”.

Tres bloques de investigación

Si bien Virelec sería la compañía motriz, la Fiscalía sigue intentando desenredar la maraña de firmas que se desprenden de ella y que podrían estar involucradas. Así las cosas, el órgano jurídico divide sus pesquisas en tres bloques que tienen en común la existencia de “posibles irregularidades” pero que se encuentran en diferente fase de investigación y contratación por este motivo.

Dentro de los centros afectados despunta por ejemplo el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar y sobre el Intervención General de Madrid “ya ha constatado las irregularidades”. En este caso determinado, se apunta a unas obras por las que Virelec presupuestó 2.417.720,5 euros, y cobró 1.281.392, 87, según el organismo señalado. “(Se habrían encargado de forma verbal y sin que consten documentos de formal licitación, publicidad, adjudicación, control ni formalización”. En este escenario, los pagos se habrían realizado por los directores de los centros después de recibir ingresos extraordinarios, señalando que cumplían órdenes de Mateos.

El segundo bloque se corresponde con los centros IES Antonio Machado, el Conservatorio profesional de música de Alcalá de Henares y la escuela de arte Alberto Corazón. En esos supuestos, se hicieron “pagos presuntamente efectuados con la misma mecánica, y sin proceso de contratación y fraccionamiento de contratos, por importe conjunto de 1.013.152,94 euros, con el mismo beneficiario en el entorno de Virelec”. Dicho bloque incluye a los IES Virgen de la Paloma, Príncipe Felipe, Tetuán de las Victorias y Ciudad de los Poetas con pagos en este cao de 9.4.801,35 euros cedidos también “a sociedades y personas vinculadas a Virelec”.

Por último, el tercero de los bloques está vinculado a la Escuela de Idiomas y el Centro territorial de innovación y formación sur; y los IES Carlos Bousoño y Pío Baroja. Se trata de la parte menos trabajada de la investigación porque el informe se amitió cuando todavía no se había pronunciado la Intervención.