La Asamblea de Madrid es la Cámara autonómica que más iniciativas bloquea de toda España con números que superan con creces al de gobiernos incluso de mismo color político como la Comunidad Valenciana o Andalucía.
Los motivos de inadmisión que expone la región y que aparecen en el documento que esta semana redactaba Más Madrid y al que ha tenido acceso de manera íntegra ElPlural.com son recurrentes. Así las cosas, entre los motivos que alega la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso disfruta de mayoría absoluta, destacan el de “motivo confuso”, “dos cuestiones susceptibles de ser consideradas”, ser preguntas “estrictamente jurídicas” o alegando un “criterio desigual entre iniciativas similares”. Sin embargo, se trata en su mayoría de preguntas que en ningún caso compromete por el interrogante en sí al equipo de gobierno ni mucho menos es susceptible de suspenderse por otros motivos como pudiera ser que faltan el respeto a la presidenta.
Lejos de esto, obedecen a cuestiones tan normales y legítimas de proponer como “¿Cómo garantiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid que los recursos destinados a personas sin hogar cumplen los estándares de dignidad y calidad?”, “¿Qué valoración hacen de las inspecciones realizadas en los centros de menores de la región durante 2024 y qué sanciones se han puesto?”, “¿Cómo vigila el Gobierno de la Comunidad de Madrid el grado de cumplimiento del pliego de condiciones del contrato de Gestión de los Teatros del Canal de Madrid?” u otras sobre los negocios del novio de la baronesa, Alberto González Amador; en su caso por ser de “exclusivo interés personal”. El resto de razones por las que el organismo de Enrique Ossorio interrumpe iniciativas es la “falta de concreción”, que “no es competencia” o un “criterio desigual entre iniciativas similares”.
Preguntas “inadmisibles” en Madrid que han recibido el visto bueno en otros parlamentos
Más Madrid emite una decena de páginas en las que incluye preguntas que los grupos parlamentarios sí han podido formular en otras autonomías, pero que en la madrileña habrían resultado “inadmisibles”.
Cuestiones educativas o sanitarias que podrían poner en apuros al gobierno de turno, migración, actuaciones policiales, corrupción, cambio climático, entorno de políticos y, por supuesto, la DANA en Valencia se encuentran entre los temas habituales acerca de los cuales se ha hablado en las demás regiones.
Y en el Congreso de los Diputados la situación no es diferente. Aquí se ha hablado prácticamente de todo, dando con ello voz al conjunto de la ciudadanía por parte de las distintas formaciones políticas. La Cámara Baja ha dado luz verde a cualquier pregunta o propuesta hasta marzo de 2025, fecha a la que llega el análisis, a excepción de 26 preguntas con respuesta escrita (16%), 16 preguntas orales al Gobierno en Comisión (1,56%) y 26 preguntas al Ejecutivo con respuesta escrita (0,12).
En el Senado, el escenario es similar en números. La Cámara Alta ha imposibilitado solamente una Proposición de Ley (PL), otra pregunta oral en Pleno y menos del 1% de iniciativas y preguntas escritas.
Sola, peor que acompañada
El “rodillo” y la “censura” de Ayuso ha sido mayor cuando ha gobernado sola que cuando lo ha hecho en coalición con Ciudadanos.
En concreto, en la legislatura que va de 2015 a 2019 la Mesa impidió 3.090 iniciativas de un total de 42.850 (7,21%), mientras que en la que va entre 2019 y 2021 se anularon un 16,43% y en la presente legislatura -en solitario- supera el 30%.
A la Justicia
Más Madrid proyecta en el escrito su “preocupación” a raíz de las conclusiones extraídas tras recabar los datos con fecha de marzo de este mismo año. “El alto número de iniciativas rechazadas en la Asamblea de Madrid sugiere un uso extensivo de la facultad de inadmisión, lo que podría entrar en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)”, aclara.
De hecho, el modus operandi de la lideresa regional iría en detrimento de hasta ocho resoluciones del órgano señalado (38/1999, de 22 de marzo; 203/2001, 177/2002, 40/2003, de 27 de febrero; 208/2003, de 1 de diciembre; 201/204, de 15 de diciembre; 44/2018, de 26 de abril; y 19/2019, de 12 de febrero).
“Si la Mesa ejerce su comparecencia de manera desproporcionada y sin motivación suficiente, se corre el riesgo de vulnerar el derecho de los representantes políticos a ejercer sus funciones, y, en consecuencia, el derecho a la ciudadanía a ser representada”, emite el partido.