¿Te imaginas que una pancarta en tu facultad pudiera costarte 100.000 euros? No es un ejercicio de ficción ni un capítulo distópico de Black Mirror, sino una de las medidas que contempla la nueva ley que impulsa Isabel Díaz Ayuso para regular el ámbito universitario en Madrid. Una normativa que ha incendiado el debate público incluso antes de ser aprobada y que pone sobre la mesa un dilema de fondo: ¿hasta qué punto se puede restringir la protesta en nombre del orden?
En las últimas semanas, ha cobrado fuerza en la región la propuesta del Ejecutivo de Ayuso para regular las universidades madrileñas a través del borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Una de las medidas más llamativas —y polémicas— es la creación de un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100.000 € por manifestaciones no autorizadas, escraches o colocación de pancartas sin permiso en los campus.
El Gobierno regional justifica esta iniciativa con el argumento de que es necesario preservar “el orden, la seguridad y el desarrollo académico” en los espacios universitarios. El consejero de Educación, Emilio Viciana, defiende que no se busca criminalizar la protesta pacífica, sino actuar contra episodios de “vandalismo” o conductas que interfieran gravemente con la convivencia universitaria.
Sin embargo, la medida ha provocado una cascada de críticas por parte de rectores, sindicatos, organizaciones estudiantiles y expertos en derecho constitucional. Todos coinciden en señalar que la propuesta abre la puerta a la arbitrariedad, con un margen excesivo para interpretar qué se considera “grave” o “no autorizado”, y que las sanciones previstas —algunas de ellas de hasta 1 millón de euros— son desproporcionadas. A esto se suma la inquietud por el precedente que sentaría limitar de forma tan contundente la libertad de expresión en la universidad pública.
Desde el Ministerio de Universidades también se ha levantado la voz. Fuentes oficiales consideran que la LESUC de Ayuso podría invadir competencias del Estado y atentar contra la autonomía universitaria, un principio recogido en la Constitución. El Gobierno central estudia con detalle el texto por si fuera necesario emprender acciones legales.
Esta propuesta llega en un contexto de creciente movilización universitaria, con protestas estudiantiles recientes por temas como Palestina, feminismo o precariedad. La ley podría ser leída como un intento de blindarse ante la incomodidad que generan determinadas expresiones de disenso en los campus. En este escenario, varias plataformas universitarias ya han convocado concentraciones y denuncian que se está utilizando la legislación “para silenciar la crítica”.
Otros sectores, sin embargo, defienden la propuesta de Ayuso como una herramienta necesaria para garantizar que los campus sean espacios seguros y ordenados, especialmente ante protestas que interrumpan actos académicos o eventos institucionales.
Ahora que conoces los detalles, el contexto y las posturas enfrentadas, queremos saber qué opinas tú. ¿Te parece esta medida una forma legítima de garantizar la convivencia en los campus o una amenaza directa contra la libertad de expresión? Vota en nuestra encuesta y únete al debate social que ha desatado esta controvertida propuesta de Ayuso.
