La crisis que vive Isabel Díaz Ayuso por los sucesivos escándalos inmobiliarios de la última semana, abre un nuevo frente judicial. Después de la primera denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la polémica compra del ático de Chamberí, la Fiscalía Provincial de Madrid ha recibido una nueva querella contra Planifica Madrid, la agencia autonómica encargada de la opaca operación.
El denunciante, el activista anticorrupción Fernando Jabonero, pide abrir diligencias de investigación penal sobre la compra del ático de lujo por 6,3 millones de euros, y su posterior a la venta cuatro meses después de publicarse la operación, que ocultó durante ese tiempo la entidad, participada por la Administración regional y dependiente de la Consejería de Presidencia. La denuncia plantea que los hechos podrían ser compatibles con los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, sitúa el foco en la compra del inmueble situado en el paseo General Martínez Campos como "oficina temporal de la Presidencia de la Comunidad de Madrid", explicación que dio el Gobierno de Ayuso cuando se publicó en los medios el pasado miércoles. "Apenas unos meses después de la adquisición se anunció públicamente su venta", continúa, sin que conste que el ático hubiera llegado a cumplir la finalidad invocada. El portavoz de la presidenta, Miguel Ángel García Martín, anunció la puesta en venta del ático 24 horas después de saltar el escándalo, con la supuesta intención de que el dinero que se obtenga de este y otros inmuebles se destine a la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste.
Esta circunstancia, cree Jabonero, obliga a comprobar "si la necesidad pública existía realmente en el momento de la compra o si la motivación administrativa respondía a otras circunstancias". La denuncia también señala como "imprescindible" conocer "los informes, memorias, estudios de necesidad, valoraciones y demás documentos justificativos" de la compra. También reclama conocer quién adoptó las decisiones esenciales relativas a la adquisición y a la posterior enajenación del inmueble. En concreto, pide comprobar si fueron tomadas de manera autónoma por el Consejo de Administración de Planifica Madrid que, según sus estatutos, debió decidir con dos tercios de los votos a favor este desembolso; o si "obedecieron a instrucciones externas". Para ello, considera esencial examinar las actas del Consejo de Administración y el resto de la documentación interna de la sociedad.
Nuevo frente judicial para Ayuso por los áticos
El escrito también solicita que se cuantifique el eventual daño a los fondos públicos del escándalo, ya que Planifica Madrid se financia con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. La "sucesión de compra y venta en un plazo extraordinariamente breve", sostiene, obliga a determinar el coste económico efectivo de la operación, incluyendo el precio abonado, que según lo publicado en medios es de 6,3 millones de euros, las comisiones, los gastos notariales y registrales y cualquier otro desembolso que no pudiera recuperarse. Según la información periodística, se pagaron unos 100.000 euros de honorarios y aproximadamente 380.000 más en concepto de impuestos.
Esta última información es la que sostiene otra de las denuncias que han llegado a los tribunales por esta crisis. El abogado Javier Flores presentó el asunto ante el Tribunal de Cuentas para que investigue un posible "menoscabo de caudales públicos" por parte de Planifica, que cifró en 400.000 euros. El letrado señañó que "una sociedad mercantil de titularidad pública adquirió con fondos públicos una vivienda de uso residencial por importe millonario sin que conste ninguno de los documentos que acreditarían que lo hizo para una finalidad pública".
Asimismo, el partido político Iustitia Europa, que ejerce la acusación popular en un sinfín de causas de corrupción -la mayoría contra el PSOE- y, recientemente, ha llevado a la Audiencia Nacional la crisis migratoria en Ceuta; ha denunciado la operación ante los Juzgados de Instrucción de Madrid. La formación también solicita que se investiguen posibles delitos de malversación, prevaricación o administración desleal; y que se requiera el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, acuerdos de Planifica, si intervino la Consejería de Presidencia, documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos, comisión inmobiliaria, costes fiscales y posterior decisión de venta, según publica Eldiario.es.
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