La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA–COCEMFE Madrid) ha hecho pública su denuncia por la discriminación "reiterada y sistemática" que, según defienden, sufren las personas con movilidad reducida por parte de Cabify, empresa que presta servicio en la región mediante licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la Comunidad de Madrid.
En las últimas semanas, la federación afirma haber recibido numerosas reclamaciones de personas usuarias de silla de ruedas que, a pesar de solicitar con hasta cinco horas de antelación un vehículo accesible, ven cómo sus trayectos son cancelados o directamente no atendidos.
Desde FAMMA sostienen que la Consejería de Transportes, a cargo de Jorge Rodrigo Domínguez, no puede seguir escudándose en la autorregulación de las plataformas ni en compromisos voluntarios. La organización recuerda que ha reclamado de manera reiterada la aprobación de normas claras, la fijación de ratios obligatorios de vehículos accesibles, así como mecanismos de control y un régimen sancionador efectivo. La falta de estas medidas, subraya, ha derivado en una desigualdad estructural que afecta a diario a las personas con movilidad reducida en la Comunidad de Madrid.
La federación insiste en que "la accesibilidad no puede depender de la buena voluntad de una empresa, ni de un algoritmo. Es una obligación legal que debe estar recogida en una regulación firme y exigible". En este sentido, exige a la Consejería del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que actúe de forma inmediata, regule con rigor a las plataformas VTC y ponga fin a una discriminación que, según denuncian, ha sido advertida durante años sin respuesta efectiva.
FAMMA considera que el trato recibido es "claramente discriminatorio", ya que mientras las personas sin discapacidad pueden acceder a un vehículo de Cabify de manera casi inmediata, las personas con discapacidad se ven obligadas a reservar con un mínimo de dos horas de antelación, sin ninguna garantía de que el servicio vaya a prestarse.
“No se trata de incidencias puntuales, sino de un modelo de negocio que relega a las personas con discapacidad a un servicio residual, precario y sin garantías”, señala el presidente de FAMMA–COCEMFE Madrid, Javier Font.
La federación apunta además a la falta de transparencia y a un posible incumplimiento de las condiciones de autorización en la actuación de la empresa respecto a las personas con movilidad reducida.
Cabify asegura contar con 50 vehículos accesibles operativos, pero, según FAMMA, no facilita información transparente ni verificable sobre el número real de estos vehículos, cuántos están efectivamente en servicio cada día o los criterios que se utilizan para rechazar o priorizar los trayectos solicitados. Desde la organización sostienen que, si realmente existieran 50 vehículos accesibles funcionando de manera efectiva, no se estaría produciendo el actual colapso del servicio, lo que apuntan, a su juicio, a un posible incumplimiento de las condiciones exigidas para operar y a una eventual publicidad engañosa del servicio accesible.
Denuncia ante la Consejería de Transportes de Ayuso
Desde la organización, entienden que esta práctica vulnera gravemente el ordenamiento jurídico, citando entre otras normas el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe cualquier discriminación, incluida la basada en la discapacidad; el artículo 49, que obliga a los poderes públicos a garantizar la autonomía personal y la inclusión social; el Real Decreto Legislativo 1/2013, que prohíbe la discriminación en el acceso a bienes y servicios de transporte; la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; y la normativa autonómica que regula el transporte VTC y establece la obligación de garantizar la accesibilidad y la prestación efectiva del servicio autorizado.
La exigencia de plazos especiales de reserva, la ausencia de garantías y la desatención reiterada constituyen, según la federación, una discriminación directa por razón de discapacidad, susceptible de sanción administrativa y legal. Por todo ello, la organización anuncia que exigirá responsabilidades a la Consejería de Transportes del Ejecutivo de la Puerta del Sol.
En este contexto, la federación ha avanzado que presentará una denuncia formal ante la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en la que solicitará la apertura de un expediente sancionador, la comprobación real del número de vehículos accesibles en servicio, el cumplimiento estricto de las obligaciones de accesibilidad y, en su caso, la retirada o revisión de las autorizaciones si se constata el incumplimiento.
“La accesibilidad no es un favor ni una opción comercial, es un derecho. No vamos a permitir que una empresa que opera en Madrid excluya a las personas con discapacidad por no considerarlas rentables”, afirmó Javier Font.
