Esta semana volvía la polémica alrededor de Ariete Seguridad S.A, la empresa cuya administradora única es Silvia Cruz, exconcejala del PP en Alcorcón y antigua alumna de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un curso que la presidenta impartió y que varios cargos del Partido Popular utilizaron para inflar su currículum.
La región ha regado con dinero público a la firma de Cruz, que entre los múltiples contratos que ha recibido se encuentra uno para garantizar la seguridad y proteger el patrimonio de Metro de Madrid. Aunque el acuerdo se firmó el año pasado, en los últimos días ha vuelto a saltar a la palestra después de que un usuario de X, antiguo Twitter, denunciara oscurantismo por parte del suburbano.
1. Una empresa se presenta a un concurso público
— Óscar H. 🎯 (@CiudadanO_O) September 8, 2025
2. Obtiene la 8ª puntuación técnica de 14 competidoras
3. Pero el precio es TAN bajo que lo gana: 34 millones
4. Pregunto por el informe económico que justifica ese precio.
5. Me lo deniegan
6. ¿Sabes de quién es la empresa?
👇 https://t.co/Lo5tMmHStj pic.twitter.com/EgPZPbfjKP
Las cuentas de Ariete Seguridad S.A.
ElPlural.com se ha introducido en el entramado empresarial de Ariete Seguridad, una de las firmas favoritas de la lideresa autonómica. Entre los datos principales que se desprenden de la misma se encuentra un patrimonio de 25 millones de euros en 2024 -26 millones el año anterior- y un beneficio al cierre de ese mismo año de cerca de 760.000 euros -750.881 euros-, cifras que demuestran que a la empresa le va bastante bien.
Otro de los datos que dan buena cuenta de la envergadura de la empresa, atendiendo a la consultora Axesor, es el gasto de personal, dado que el año pasado se gastaron algo más de 20.000 euros. Así las cosas, en la actualidad Ariete Seguridad cuenta con 1.149 personas en sus instalaciones, de las cuales 952 son hombres y 197 son mujeres. Todavía no hay información sobre las cifras de 2025.
Entre las favoritas de Ayuso
No pasa desapercibido que solo hasta el año 2024 la región había concedido a Ariete Seguridad 41.256.793,24 euros mediante adjudicaciones; 3.975.138,81 euros a través de modificaciones de contratos y 30.498.668,97 euros mediante prórroga de contratos públicos. Del número total de acuerdos, 155 fueron menores y se llevaron a cabo mediante el conocido como procedimiento de urgencia; o lo que es lo mismo, no se sometieron a concurso público.
Más allá del contrato de Metro que protagoniza estas líneas, por el que la compañía de Cruz se llevó más de 38 millones de euros -31.658.067,83 euros- sus campos de actuación han sido el ámbito educativo y el sanitario.
En este sentido, Ariete ha prestado servicios para el hospital Isabel Zendal, uno de los proyectos faraónicos de la administradora de Sol y que en la práctica ha resultado un pufo a todos los niveles. En los alrededores de Valdebebas, la empresa de seguridad comenzó a operar en 2020, pero hasta 2023 renovó su servicio y se ampliaron hasta el año siguiente; basándose la contratación en el fraccionamiento de contratos y en el procedimiento de urgencia a pesar de que para entonces la emergencia no era ni de lejos similar a la de los primeros meses de pandemia.
En sanidad aparecen otros nombres como el hospital Clínico San Carlos, el Infanta Leonor, el Puerta de Hierro de Majadahonda, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal o La Princesa.
En el escenario de la Educación -al que le siguen otros- la empresa se quedó con seis lotes del contrato para la vigilancia de la universidad y otros vinculados con el estudio de la Comunidad de Madrid. Por estos servicios recibió 1.188.027,59 euros.
En total, son más de 290 contratos los que la firma y la Comunidad de Madrid han cerrado entre acusaciones de vulneración de la ley. En esta línea, el PSOE de Madrid (PSOE-M) asegura en declaraciones a este periódico que en ocasiones se han cometido irregularidades laborales o adjudicaciones a Ariete vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Además, consideran que el acuerdo con Metro tampoco se está cumpliendo en la práctica, dado que las cámaras de seguridad permanecen apagadas y, denuncia la oposición, el vandalismo ha aumentado. En paralelo, se han permitido en las instalaciones todo tipo de insultos hacia Sánchez y el Gobierno de España a través de la cartelería del suburbano y en los andenes.
¿Falta de transparencia o ilegalidad?
El contrato que protagoniza este artículo ha generado especial controversia por la presunta opacidad de la Comunidad de Madrid al no contar por qué le dio esta adjudicación pese a no tener la mejor puntuación técnica, simplemente obedeciendo a los bajos precios de la oferta.
Tanto Metro como la región justifican que tiene que ver con una cuestión legal. Así, a un escrito emitido por la compañía de transportes le acompañan las explicaciones que la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda emitió dio a este medio de comunicación.
“Sería ilegal, la legislación vigente en materia de contratación y transparencia lo prohíbe (…) También en línea similar se pronunció el tribunal administrativo de contratación pública (resolución 192/2022)”.
