El contrato menor obedece a una herramienta que, si bien legal y pensada para agilizar la contratación pública y ahorrar costes administrativos -a todos los niveles, también el burocrático- puede acarrear asimismo problemas, sobre todo cuando se emplea de forma abusiva.
En este segundo caso, el objetivo de las partes podría pasar por saltarse los procedimientos de licitación estándar, dando portazo de esta manera a la concurrencia y la igualdad que implican que las compañías puedan presentarse en igualdad de condiciones.
Por el contrario, puede devenir, dicho de forma coloquial, en que el pastel se lo repartan unos pocos a través de una operación que, en última instancia va de la mano de la falta de transparencia, elecciones “a dedo”, falta de publicidad, etc.
Se trata de una cuestión que raramente no abarca una o dos noticias en los medios de comunicación a diario, pero que lleva, podríamos decir, meses cobrando especial relevancia en redes sociales, especialmente entre los madrileños, después de que el ya conocido usuario Óscar H. (Ciudadano O_O) en X, activista por la sanidad pública, muestre las costuras de una administración y una consejería cuya gestión está en entredicho mientras sus profesionales agonizan.
Solo en 2024 son 5.804 casos que afectan a 18.474 expedientes por valor de 227 millones de euros en los que hay clara sospecha de fraccionamiento irregular
— Óscar H. 🎯 (@CiudadanO_O) November 29, 2025
Expedientes, por cierto, a los que no me dan acceso y tengo recurrido ante el C.Transparencia https://t.co/RFzrKGgpN2
Este periódico ha indagado en alguno de los ejemplos que la persona que se encuentra detrás de este perfil ha publicado en su cuenta, pero hay muchos más. Esta misma semana, el diario El País informaba del “misterioso caso de Miguel González”, al que definía como “el pintor de los 1.641 contratos a dedo con la Sanidad de Ayuso”.
El empresario, tras el cual también se situó ElPlural.com sin obtener respuesta de este, ha recibido bajo la firma Pinturas Rosell SL 4,7 millones de euros para de la Puerta del Sol desde 2016. Lo habría hecho a través de 1.182 contratos a cuyas adjudicaciones no se presentó ninguna firma más.
Más de 400.000 contratos al año, según Audita Sanidad
Son muchos los casos llamativos en este sentido. Cabe destacar que el empleo de esta metodología de contratación no implica por sí mismo una ilegalidad, pero que llevada el extremo sí que puede suponer un delito. Si lo hay o no, no compete a este medio de comunicación valorarlo, pero sí mostrar al lector los datos de los que dispone, y es que Madrid es la reina de la contratación menor.
Así lo recogen las cifras que maneja Audita Sanidad y que plasma en un informe detallado sobre el quinquenio 2016-2020 (las más recientes, dicen en declaraciones a este periódico, las mostrarán próximamente). Si a los de estos años sumamos los maneja el activista Óscar-H, nos encontramos ante una situación cuanto menos preocupante. “Solo en 2024, en la Consejería de Sanidad de Madrid hubo 5.804 casos como el suyo: 18.474 contratos por 226 millones en adjudicaciones troceadas para pasarlas vía contratos menor”, publicaba el activista.
Pero es que los números de Audita Sanidad son lapidarios para la región madrileña. Según las estimaciones, elaboradas minuciosamente y presentadas incluso ante los órganos que, asumen, pueden actuar en consecuencia, son que “el 99,5% de la contratación pública que se da por parte de la Consejería de Sanidad” es menor. O lo que es lo mismo, que solo el 0,5% se ha realizado mediante concurso de licitación.
Al otro lado del teléfono se sitúa el portavoz de la organización, economista de profesión, Vicente Losada, evidencia que el modus operandi “no beneficia a nadie cuando se da como norma y no como excepción”. “Si se necesita cubrir una determinada necesidad en un momento muy específico que requiera de una urgencia, se puede acudir a esta figura, pero es que en Madrid ha venido siendo algo sistémico”, explica Losada.
Audita Sanidad fiscaliza los contratos a la Consejería de Sanidad de la región capital desde 2016, primer año que a tenor de la Ley de Transparencia se podía analizar un año completo. “La ley 19/2013, publicada en 2014, promulgaba que en los portales de contratación pública se subiesen los contratos menores adjudicados trimestre vencido”, detalla la fuente principal de estas líneas.
El organismo recoge que en 2016 se cerraron 485.000 contratos menores; en 2017, 570.000; en 2018, 456.000; en 2019 (este año es el que entra Ayuso), 428.000; y en 2020, 408.000 euros. “Aquí el Gobierno de España permitió la contratación sin licitación previa por razones obvias, lo que nos hacía suponer que el número de contratos menores bajaría sustancialmente. Nos equivocamos”, cuenta. “Puede parecer irrelevante, pero da igual el año del que se hable (…) En 2024 los datos serán los mismos, en 2023 también, y así sucesivamente. Es un auténtico despilfarro de recursos y de dinero público”.
