La ex presidenta de la Comunidad de Madrid cercada por la corrupción durante toda su carrera política, Esperanza Aguirre, creó en 2007 un chiringuito en el que las arcas públicas han perdido 80 millones de euros y cuyas cuentas se niega a revelar el Ejecutivo madrileño, pese a que el Tribunal Supremo ha tumbado sus excusas. Madrid Network ha dado trabajo en el pasado a figuras como Santiago Abascal, presidente de Vox, o Isabel Díaz Ayuso, actual mandataria autonómica que ahora se niega a exponer los chanchullos que le dieron de comer (4.200 euros al mes entre 2008 y 2011).

La entidad público-privada ha servido a lo largo de los años como agencia de colocación de cargos del Partido Popular (PP) y, por el camino, los madrileños han perdido 80 millones de euros de fondos públicos que le transfirió la Comunidad de Madrid en forma de préstamo en 2011, de los que 70 millones no han sido devueltos, o los 10,5 millones de ayudas de cofinanciación de la Unión Europea (UE). Además, el chiringuito recibió subvenciones en 2013 (800.000 euros), 2014 (900.000 euros) y, ya con Ayuso en el poder, 106.000 euros y 230.000 euros en 2023 y 2024, respectivamente.

El destino de los casi 100 millones de euros de dinero público se desconoce y, lejos de esclarecer las inversiones y luchar por recuperar fondos que son propiedad de todos los madrileños, el Gobierno de Ayuso lucha porque las cuentas del chiringuito no se publiquen y se mantenga oculto todo el caso que le rodeo. ¿Qué oculta la Comunidad de Madrid? Una pregunta que gana peso después de que se haya revelado otra maniobra de la baronesa del PP para torpedear la publicación de la cuentas.

El Ejecutivo de Ayuso intentó revolverse y acudió a la Justicia alegando que la confidencialidad de las cuentas es necesaria para proteger a las empresas implicadas en los negocios, pero el Tribunal Supremo ya ha tumbado esta maniobra, instando a la Comunidad a publicar las memorias y primar el interés general sobre el conocimiento del destino de dinero público al interés privado. Además, el Tribunal Constitucional deberá resolver un recurso de amparo tras el bloqueo del PP de Madrid, usando su mayoría absoluta contraviniendo la normativa, de una comisión de investigación.

Muchas instancias judiciales a las que, según se ha conocido este miércoles, la Comunidad de Madrid sumó otra más, en un claro intento de demorar el proceso de revelación de las cuentas. ¿Se pretende destruir pruebas en este tiempo? ¿Se busca atrasar la revelación de una trama de derroche de dinero público o de desvío de fondos a empresas privadas? Las respuestas tan solo las conoce Ayuso y su equipo, quienes para evitar correr cuentas presentaron otro recurso, a más del fracasado en el Supremo, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM).

La maniobra judicial se produjo, según apunta eldiario.es, en 2023 y el primer objetivo ya se ha cumplido: el recurso está en lista de espera y todavía a espera de sentencia. Patada hacia delante y mientras tanto no se publican las cuentas. Además, la Comunidad de Madrid espera que los tiempos judiciales le favorezcan una vez más, como está sucediendo con el caso del novio de la presidenta, cuyo juicio no avanza, a la espera de un informe de la UCO que no llega. Si bien el fiscal general del Estado fue condenado a velocidad de vértigo, pese a que su caso era una derivaba de este.

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