Al grito de "¡Yo soy Juan!" y lanzando sus reivindicaciones al hemiciclo del Ayuntamiento de Madrid, algunas de las 1.860 familias que viven en los bloques del pelotazo del Partido Popular con Blackstone y los miembros del Sindicato de Inquilinas que les ponen voz han sido expulsados este martes del Pleno municipal por protestar. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha tenido que escuchar las voces de los afectados por la especulación con la vivienda que promueve el PP, que en 2013 puso en manos de fondos de inversión extranjeros miles de casas para hacer negocio, y que ahora tiene a vecinos que llevan veinte años haciendo su vida y pagando su alquiler en riesgo de desahucio.
Ha ocurrido tras la pregunta de la portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, que ha dado la bienvenida al Pleno a los afectados. Después de que Almeida defendiera que él nunca ha estado "reunido con Blakcstone", como muestra su imagen en la Feria Inmobiliaria de Cannes que le ha enseñado Maestre, las plataformas han alzado la voz. "1.860 familias en riesgo de desahucio invisible. ¡¡¡Esto no es mercado, esto es expulsión!!!", se podía leer en su pancarta.
El mensaje de los que sufren en sus carnes la connivencia del PP con los que mercadean con bienes básicos ha incomodado a los herederos de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón, que firmaron el pelotazo con Blackstone. El presidente del Pleno, el popular Borja Fanjul, ha cortado en medio de las reivindicaciones y los aplausos de las bancadas de la izquierda para pedir silencio. Ante la negativa de los vecinos a que les callen, Fanjul ha ordenado su expulsión de la tribuna de invitados.
Almeida, retratado frente a su "estafa política" con la vivienda
Las plataformas, los afectados y la oposición al PP de Almeida exigen que estas viviendas dejen de pasar "de fondo en fondo como si fueran cromos", como ha resaltado Maestre, y se recuperen para el parque público. Las 1.860 familias afectadas, que viven en bloques de zonas humildes de la capital como Carabanchel, Puente de Vallecas o Villaverde, están empezando a recibir por carta el aviso de que sus casas van a volver a salir al nido de los buitres inmobiliarios, "después de 20 años viviendo en la misma casa", y que en 2013 cayó en manos de Blackstone. Maestre ha mostrado uno de esos burofax, el "que recibe Juan, vecino de Carabanchel". La portavoz de la izquierda ha señalado que esto "no es un accidente", sino "una estafa política".
Concretamente, "la del PP, que vendió en el año 2013 1.860 viviendas públicas que eran hogares, que no eran activos", lamenta, "sin proteger a las personas que vivian dentro". Maestre denuncia que el PP convirtió "a personas y vecinos en negocio para unos buitres". También le ha reprochado al alcalde -fotografía en mano- su viaje a la Feria Inmobiliaria de Cannes, donde -aunque él lo niegue- se le pudo ver compadreando con miembros de los fondos que especulan con la vivienda de los madrileños. Le ha reprochado que fuera "a vender Madrid trozo a trozo, y calle a calle", y asegura que Almeida "no representa a la gente normal", sino "a la patronal del pelotazo", con la que actúa "haciendo de triste comercial".
La respuesta del alcalde ha sido negar la mayor: "Yo no he estado reunido con Blackstone, Reyes Maroto sí", ha asegurado en referencia a la portavoz socialista. Almeida ha desviado el foco, como es habitual, al Ejecutivo central: "Usted forma parte de un Gobierno", le ha dicho a Maestre, que hace del "no a la guerra un late motiv". Tras esto, le ha preguntado "por qué han hecho una modificación de credito de una partida de 1.300 millones de euros", en referencia a la inyección en el Ministerio de Defensa, que no sale de ninguna partida que afecte al ámbito municipal "para comprar tanques metralletas", asegura el primer edil.
Los vecinos denuncian el pelotazo del PP con Blackstone
En 2013, en plena crisis económica, el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a la cabeza firmó la venta de 1.860 viviendas públicas a Fidere (Blackstone). Estas casas, que estaban en alquiler asequible para paliar la crisis inmboliaria, acabaron en manos de uno de los principales fondos de especulación del mundo a precio de ganga (menos de 70.000 euros cada una). Ahora, trece años después, estos contratos están venciendo, y los vecinos se ven en riesgo de quedarse en la calle porque Blackstone quiere vender estas viviendas a otros fondos buitre.
Por ello, el Sindicato de Inquilinas, que representa a muchos de los afectados de estos bloques, exige que el Ayuntamiento de Almeida los recupere para el parque público. Sus protestas han llegado al corazón del consistorio, con su presencia -y expulsión- del Pleno de este martes, tras lo que se han concentrado en la Plaza de Cibeles para tratar de "impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vidas".
