El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas contra el exalcalde de Maracena (Granada) entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP), después de que el Ayuntamiento de Maracena lo haya denunciado por presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
De acuerdo al expediente de denuncia, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los hechos denunciados siguen dos líneas paralelas, y cuyo trasfondo esconde un presunto interés por parte del exalcalde del PP por manchar la imagen de sus adversarios políticos en el municipio granadino.
Espionaje
En primer lugar, el Ayuntamiento de Maracena ha denunciado la contratación irregular por parte del alcalde de una empresa para llevar a cabo un espionaje político. Para ello, según consta en la denuncia, el alcalde, en connivencia con un concejal popular ya fallecido, habrían facilitado a dicha empresa el acceso a la plataforma 'Gestiona', para poder acceder a infinidad de datos e informes sobre los rivales políticos -y también de compañeros de partido- en ese momento en el Consistorio.
Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública. Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público.
Además, el Técnico de Contratación y los responsables de las Áreas de Deportes, Educación y Recursos Humanos emitieron informes certificando que no solicitaron dichos servicios y que no existe registro de entrada ni expediente administrativo alguno que dé cobertura, soporte o justificación legal a la generación de dichos informes. Los documentos obtenidos quedaron en poder del solicitante para su uso particular.
El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”. En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde “admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales”.
Esta actuación al margen de la ley generó cuatro facturas emitidas entre marzo y abril de 2024 que ascienden a un total de 2.327,65 euros. Este importe ha quedado pendiente de pago y a cargo del Ayuntamiento, representando un desvío de fondos para una finalidad totalmente desvinculada de la competencia municipal. Cabe destacar, además, que el propio exalcalde admitió públicamente en una sesión plenaria haber encargado estos informes durante la sesión plenaria del 2 de octubre de 2025.
La contratación para personarse en el caso Maracena
Por otro lado, la denuncia también se centra en la contratación de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición. Una actuación que, según la documentación aportada en la denuncia, también se realizó presuntamente sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales.
Se trata del viral caso del presunto secuestro de una concejal socialista en Maracena, un caso que quedó totalmente archivado, y cuyo eco mediático opacó la campaña electoral en las elecciones municipales, según denuncia el propio concejal socialista. Este eco, habría provocado que Pérez alcanzara la alcaldía, aunque solo durante diez meses. Tras los comicios, el Pleno decide aprobar una moción para exigir explícitamente a los servicios jurídicos municipales que emitieran un dictamen previo sobre la conveniencia y viabilidad de personarse en dichas causas. El denunciado ignoró deliberadamente este mandato orgánico, prescindiendo del preceptivo informe jurídico y de cualquier trámite procedimental.
Se señala que el entonces alcalde popular, ignorando lo que anteriormente descrito y aprobado por el pleno, habría firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario.
Esta acción vulneró la Ley de Contratos del Sector Público, se realizó por un importe indeterminado (al prever futuras ampliaciones) y resultó innecesaria desde el punto de vista del gasto, dado que el Ayuntamiento cuenta en su plantilla con un letrado funcionario capacitado para dicha representación legal. Además, la estrategia del alcalde fue rechazada en los tribunales, dado que el Juzgado estimó que el Ayuntamiento de Maracena no podía personarse en dichas causas por no ser perjudicado directo. Posteriormente, además, el caso del secuestro fue archivado el 10 de enero de 2024.
Ahora, el Ayuntamiento de Maracena ha denunciado por estos hechos al exalcalde del PP, Julio Pérez, por ambas cuestiones, personándose como implicado por la presinta prevaricación y malversación de fondos del exregidor.
“Esta grosera ilegalidad, tan documentada, con el propio exalcalde jactándose de haberla cometido en un pleno municipal, es típica de quienes se creen por encima de la ley”, apostilla el portavoz socialista. “Y es especialmente grave teniendo en cuenta que ha investigado a sus propios compañeros de partido, como la empresa de la que era administrador el vicepresidente de la Diputación. Es tan grosera esta forma de proceder que quizá habría que preguntarse si el propio PP provincial no estaba al tanto o le aconsejó actuar de ese modo, dada la intensidad de sus relaciones con altos cargos de su partido”, añade, aludiendo al apoyo expreso de Francis Rodríguez, presidente provincial del PP de Granada y presidente de la Diputación, a Julio Manuel Pérez en el congreso local celebrado en Maracena el pasado 7 de marzo.
