Almeida derriba cuatro chabolas en la Cañada Real y deja en la calle a una familia con niños y a una pareja joven

Los vecinos de la Cañada Real siguen sufriendo el hostigamiento del Ayuntamiento de Madrid. Familias vulnerables que llevan seis años sin electricidad y que, cada cierto tiempo, contemplan como las excavadoras se acercan a sus infraviviendas para destruir el único hogar del que disponen. El último derribo se ha producido a comienzos de esta semana y se ha saldado con cuatro chabolas hechas escombros y dos familias empujadas a dormir al raso, una de ellas con menores a su cargo y otra compuesta por una pareja joven.

La plataforma ‘Cañada se queda’ denuncia esta actuación del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que ha dejado a niños “en la calle y sin ninguna alternativa habitacional” por el derribo de sus casas en el sector 6. Desde el Consistorio aseguran que las viviendas estaban “vacías por el realojo de sus ocupantes”, pero los propios afectados lo niegan. "Se han presentado las excavadoras" y "se han derribado cuatro casas", relata el colectivo, que además destaca que dos de las construcciones estaban vacías "debido al acoso institucional al que se enfrentan los vecinos".

Además, exponen desde la plataforma, la demolición se ha producido vulnerando los correctos procederes para garantizar la seguridad ante la presencia de materiales peligrosos. “El desmontaje de la uralita se ha hecho sin las medidas de precaución necesarias para los vecinos y, tras las demoliciones, "el agua de las casas colindantes ha quedado cortada, sin previo aviso, y todavía no ha podido recuperarse", apuntan. En esta línea de desprecio, tratando a los residentes de la Cañada como habitantes de segunda, ni siquiera se han recogido los restos de las viviendas.

"Los escombros han quedado en el lugar que ocupaban las casas, ocupando la vía pública, dificultando la movilidad a los vecinos y añadiendo peligrosidad a una zona donde juegan niños pequeños", afea el colectivo. "Después de seis años de corte de suministro, la estrategia para destruir Cañada se intensifica con estos derribos", ahondan, asegurando que "no hay causas jurídicas que determinen las demoliciones" y reclamando "la nulidad" de las órdenes de desalojos "porque han prescindido total y absolutamente de los procedimientos legalmente previstos".

Es más, esta estrategia de acoso y derribo de la Cañada Real encuentra en Julio César Santos a uno de sus artífices, quien ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por ordenar demoliciones ilegales en la zona, pero que seguía firmando ordenes de derribo a comienzos de este 2026, según denunciaron los propios vecinos a comienzos de año. Por otro lado, esta persecución requiere del “papel cómplice del Comisionado del Ayuntamiento de Madrid, que ha facilitado la información para el derribo de estas casas”.

Por todo, la plataforma considera que los vecinos sufren un "cuestionamiento permanente" por parte de distintas administraciones y entidades sociales, que "justifican que Cañada es un lugar inhabitable siendo estas instituciones quienes lo vuelven inhabitable mediante el acoso y el abandono". Niños, ancianos, enfermos y decenas de personas residen en la Cañada Real, sufriendo la aporofobia de las instituciones, quienes les someten a un maltrato reiterado, con un corte eléctrico prolongado en el tiempo y los derribos constantes, para forzar su expulsión y liberar el terreno para el negocio inmobiliario.

Realojos escasos y deslocalizados

‘Cañada se queda’ traslada que existen algunos vecinos que se encuentran “pendientes de ser realojados”, pero que otros muchos quedan excluidos de este plan por no estar registrados en el censo desde 2011. Unos realojos que, a su vez, critican por llevarse a los madrileños a pueblos ubicados lejos de sus redes familiares. “El plan urbanístico de ampliar Madrid por el suroeste no busca la mejora de las condiciones de vida de las familias de Cañada”, apuntan. El interés es mucho más espurio.

“La finalidad es obtener un beneficio económico cada vez mayor en el negocio de la vivienda, algo que pasa por acabar con este barrio histórico nacido de la autoconstrucción y la comunidad", espetan. Desde el Ayuntamiento de Madrid niegan la mayor y aseguran que "todas las administraciones implicadas siguen la hoja de ruta marcada en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana". "Las actuaciones se realizan de forma planificada y con todas las garantías, siguiendo el procedimiento legal previsto en la normativa”, insisten, aunque las imágenes no fundamentan este argumentario.