Los vecinos de la Cañada Real inician el que será su sexto año con el suministro eléctrico cortado, pese a que el Consejo de Europa ha confirmado que esto constituye una clara vulneración de la Carta Social Europea. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid desprecian e insisten en el abandono de miles de ciudadanos vulnerables, a los que también castiga con el derribo de sus casas. Uno de los impulsores de esta persecución es Julio César Santos, quien sigue firmando órdenes de derribo pese a estar condenado a nueve años de inhabilitación por mandatar una demolición ilegal en la zona.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2025 al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid por incurrir en un delito de prevaricación administrativa al ordenar tres años antes una demolición ilegal. La sentencia, sobre la que aún cabía recurso en instancias superiores, establece un periodo de nueve años inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público relacionado con el urbanismo y condena al alto cargo de José Luis Martínez-Almeida a indemnizar al afectado. Sin embargo, Santos continúa firmando órdenes de derribo que están llegando a los vecinos de la Cañada Real.
El jefe Urbanismo “actuó a sabiendas de la injusticia que se cometía máxime teniendo en cuenta que de la demolición impedía de facto la posibilidad de recurrir con éxito en vía contenciosa haciéndola ilusoria” e incurrió en “una actividad administrativa injusta y obviando cualquier garantía para el administrado”. No obstante, Almeida considera que sigue teniendo legitimidad para tirar abajo las casas de los mismos vecinos que contemplaron sus ilegalidades, tal y como demuestran las órdenes firmadas que han llegado a la Cañada Real meses después de que se emitiese el fallo del tribunal.
“No se trató de un error administrativo ni de una interpretación discutible de la norma, fue un abuso consciente del poder público. No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada que las vecinas llevan años denunciando”, denuncian PAH Vallekas y Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, haciendo hincapié en el “patrón de acoso” que las administraciones despliegan contra los vecinos. La sentencia pareciera demostrar que las prácticas administrativas arbitrarias e ilegales, “que no son sino una demostración y ostentación de poder”, no quedan impunes. Pero nada más lejos de la realidad.
Persecución y abuso de poder
Este funcionario continúa firmando órdenes de derribo de viviendas en la Cañada Real, lo que evidencia que “el abuso de poder no solo no se ha detenido, sino que se produce con total normalidad”. “Son más de 30 familias de Cañada Real las que han recibido notificaciones de desalojo y órdenes de derribo firmadas por este mismo funcionario”, espetan los vecinos, lamentando que el Ayuntamiento esté procediendo como si la sentencia “no existiera”. Es más, pareciera que el Ayuntamiento, remitiendo estas órdenes justo cuando se cumplían cinco años desde que se cortó la luz en la zona, se estuviese mofando de los vecinos.
“Llegan el mismo día que se cumplían los cinco años sin luz en el sector 6, evidenciando que la política de acoso inmobiliario contra la Cañada Real, así como el racismo institucional de la Administración no han acabado. Cinco años de una política deliberada de desgaste, abandono y violencia institucional”, denuncian las organizaciones que defienden a los vecinos. “La coincidencia no es simbólica: es política. Es el recordatorio de que el acoso continúa y de que el objetivo sigue siendo el mismo”, añaden.
Los vecinos aseguran que ley no solo no protege, sino que “expulsa a quienes se encuentran en situaciones más precarizadas mientras permite que un cargo inhabilitado continúe ejerciendo funciones que le han sido prohibidas”. “La ley se aplica contra las vecinas, pero no contra quien vulnera desde el poder”, ahondan, lamentando que la nueva oleada de órdenes de derribo obligará a los afectados a adentrase en un laberinto burocrático para recurrir una sentencia que “debería ser nula desde el primer momento”.
“En Cañada Real la Administración actúa al margen de la ley cuando le conviene”, resumen una situación que, a todas luces, constituye una persecución desde hace años. La disciplina urbanística, servicio que dirige el condenado por la Audiencia Provincial, se utiliza como “herramienta de acoso inmobiliario” y el racismo institucional “atraviesa cada decisión administrativa que persigue a una población estigmatizada y mayoritariamente racializada”. Todo, como no podía ser de otra manera, para facilitar la operación especulativa de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid.
Para denunciar, exponer y combatir la situación, las asociaciones implicadas (PAH Vallekas y Tabadol) han convocado la primera marcha que irá desde el barrio de Vallecas hasta la Cañada Real, el próximo 31 de enero a las 11:00 horas. “Denunciamos que se siga permitiendo que un funcionario condenado por prevaricación continúe firmando órdenes de derribo. Denunciamos la violencia institucional que sufren cada día. Queremos que las vecinas de la Cañada Real jamás vuelvan a sentir el miedo de que su casa puede ser demolida. Ni sientan el acoso policial, ni el abuso de poder”, llaman a todos los madrileños.
