El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado este miércoles un paso más en su cruzada contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la pinza que el regidor tiende a hacer con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la presente ocasión, el responsable de Cibeles se ha apoyado en la polémica Ciudad de la Justicia que la región tiene previsto poner en marcha y que ya genera debate después de que varios altos cargos de Esperanza Aguirre acabaran sentados en los tribunales por posible corrupción en el proyecto anterior.
Hace unas horas se conocía que el juez Juan Carlos Peinado -asimismo controvertido por el modus operandi empleado en su investigación a Begoña Gómez, esposa de Sánchez- imputaba al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la causa; un hecho que Almeida ha aprovechado para pedir a la lideresa de Sol que renombre la mencionada Ciudad de la Justicia como “Ciudad del Sanchismo”.
Desde el desayuno-coloquio del Club Siglo XXI, el alcalde de Madrid ha señalado que “tenemos un Estado de Derecho fuerte y un Gobierno en derribo” a la vez que se ha dirigido a Martín para transmitirle que “si considera que la imputación no es adecuada, tiene los cauces procesales que tiene”.
Manteniendo esa senda, el regidor ha puesto el foco en el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien indicó que la decisión judicial “es motivo de preocupación máxima” para aquellos que defienden “la imparcialidad de los jueces” en democracia. Ante estas palabras, Almeida se ha mostrado tajante y ha pedido a Bolaños “callarse”.
La Ciudad de la Justicia de Aguirre que continúa Ayuso
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba esta semana que seguiría con la construcción de la Ciudad de la Justicia cuyos primeros cimientos puso su predecesora Esperanza Aguirre y que derivó en que varios cargos de este anterior Ejecutivo que se encargaron de las adjudicaciones terminaran en los tribunales.
El proyecto costará más de 650 millones de euros con obras desde junio de 2028, lo que se traduce en uno de los proyectos más ambiciosos de la región, pero también uno de los que más temor despiertan en la oposición y en buena parte de la sociedad debido a la experiencia previa.
Sobre aquellos años, hay que recordar que la Audiencia Nacional confirmó la condena al exvicepresidente Alfredo Prada a siete años de prisión por la mala gestión del anterior Partido Popular de Madrid al apreciarse un delito continuado de prevaricación y malversación por un total de 24 contratos para impulsar el proyecto entre los años 2005 y 2011.
La presidenta, otra vez a bombo y platillo
La baronesa ‘popular’ anunciaba el pasado lunes la Ciudad de la Justicia con el tono que acostumbra: a bombo y platillo. En un acto en Presidencia autonómica para promocionar, precisamente, esta cuestión, se refería a estas infraestructuras como “el complejo más grande, accesible, digitalizado y eficiente energéticamente del mundo”.
Desde Sol fijaron los plazos a partir de 2026, cuando “estarán finalizados los edificios que albergarán el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial y todos los juzgados de Primera Instancia”. Un año después ya esperan finalizar el resto de las jurisdicciones “con excepción de la penal”, mientras que en 2028, “coincidiendo prácticamente con la llegada del Metro a Valdebebas según las previsiones estadísticas” finalizarán las obras y comenzará a operar.
Este enclave se suma a la Ciudad de la Salud. “En los próximos 15 años esperemos que la Comunidad de Madrid supere los 8 millones de habitantes y como Gobierno tenemos que plantearnos ese Madrid del futuro”, consideró.
Altos cargos de Aguirre, al banquillo
Varios altos cargos de Esperanza Aguirre tuvieron que sentarse en el banquillo. De hecho la propia expresidenta llegó a declarar ante la Audiencia Nacional, órgano que condenó a su vicepresidente Alfredo Prada, sobre quien la antecesora de Ayuso dijo no recordar nada.
Aquel proyecto costó al conjunto de los madrileños 355 millones de euros y culminó con la acusación del exconsejero de Interior y de Justicia, pero no solo. También fueron acusados Isabelino Baños Fernández, director general técnico, Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico, Alicio de las Heras, director de Área Financiera, Félix García Castro, letrado asesor, y Andrés Gómez Gordo, policía, director del área de Seguridad.
