El escenario que dejaron los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de agosto cedió la balanza en favor de la derecha. En el caso de Castilla-La Mancha, pese a la mayoría absoluta del socialista Emiliano García Page, en relación con las capitales de provincia y grandes núcleos urbanos, el peso del poder ha recaído, en términos generales, en PP y Vox.

Habiéndose cumplido tres meses desde entonces, son muchas las medidas que se han adoptado y, por ello, desde el Gobierno autonómico han repasado algunas de las que se han llevado a cabo.

Censura cultural, dimisiones o ejecutivos sin paridad en las grandes ciudades

En cuanto a las grandes ciudades, es decir, las capitales de provincia, en primer lugar destaca Toledo, donde en el Acuerdo de Gobierno de la derecha, “de las 13 personas que conforman el Ayuntamiento solo hay 4 mujeres, menos del 31% del total”.

La primera decisión que despertó la polémica se produjo en junio, cuando PP y Vox dejaron sin la bandera LGTBI al Ayuntamiento, a las puertas de las celebraciones del Orgullo LGTBI: “El PP alegó que no ha tenido tiempo de abordar con Vox su colocación”, señalaron en su momento, dado que el nuevo Ejecutivo llevaba constituido cinco días.

Un mes después, y tal y como se vino produciendo en otros puntos del país, la censura hacia obras de teatro y películas también llegó a la capital castellanomanchega, donde se impidió la interpretación de la obra de teatro La Infamia, de la periodista mexicana Lydia Cacho, la cual se centraba en la explotación de menores y la libertad de expresión. En su defensa, el gobierno negó que la cancelación estuviera motivada por razones ideológicas, por lo que achacó la decisión a falta de fondos.

Ya en este mes de agosto, el Ayuntamiento desestimó la cesión de la iglesia de San Vicente a la asociación Círculo de Arte, la cual se encargaba de gestionarla desde hace dos décadas. Desde la entidad cultural, después de que PP y Vox alegasen que fuera por un “análisis” del estado del inmueble”, tacharon este movimiento de “excusa para limitar la libertad de expresión”. Finalmente, se aceptó el recurso de reposición presentado por la asociación y, a partir de agosto de 2024, se cederá la iglesia otros cinco años más.

En el caso de Ciudad Real, se secundó la misma situación con la bandera LGTBI. El alcalde, del PP, Francisco Cañizares, defendió que “ni en la Subdelegación del Gobierno ni en la Delegación de la Junta ni en la Diputación de Ciudad Real” estuvo colgado este símbolo del colectivo el 28 de junio. Por su parte, el líder de los populares en C-LM, Paco Núñez, se desmarcó señalando que “cada ayuntamiento es libre para tomar sus propias decisiones”.

En Guadalajara, el escenario fue aún más caldeado tras el escenario electoral. En julio, el teniente de alcalde de Vox, Javier Torquero, contrato a su hermano como asesor con un sueldo bruto de 3.691 euros, motivo por el que se le acusó de nepotismo. Sin embargo, el hecho más acuciante que se vivió en la provincia fueron las dimisiones que se dieron dos meses después de la cita en las urnas: la primera, la concejala del PP María Montero; unos días después, la concejala de Vox, Sagrario Muñoz, pero con el trasfondo de que se presentaron dos listas y, sobre la perdedora, llegó a afirmarse que se recurrió “a engaños y amenazas para conseguir que muchos concejales cambiaran su voto”.

En Albacete, donde el PP gobierna en minoría, se dieron hasta en dos ocasiones escenarios en los que se intentó silenciar el feminismo. Por un lado, en junio, Vox no participó en el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género en el pleno. Un mes después, la formación de extrema derecha intentó censurar la intervención de la Coordinadora del 8M, aunque no lo consiguieron.

Por último, el caso del municipio toledano de Talavera de la Reina, ya inscrito en el acuerdo de gobierno se suprimieron varias concejalías: Políticas de igualdad y perspectiva de género, de protección social y reducción de la desigualdad y la de educación de calidad y deporte en igualdad. Un resultado que derivó en que Vox pasara a tener el mando del departamento de Asuntos sociales, discapacidad, familia e infancia. En este mes de agosto, desde el Centro de la Mujer, el gobierno municipal anunció nuevas medidas, aunque evitando mencionar el desempleo femenino.

Cabe no olvidarse de otras polémicas que tuvieron su centro en las diputaciones de las principales capitales de provincia. En Ciudad Real, se suprimió la denominación “para víctimas de violencia de género” en la Casa de Acogida; una decisión que fue rectificada, dado que en el BOP se especificó que no se materializó cambio de nombre alguno. En la Diputación de Toledo, tanto PP como Vox promocionaron escuelas taurinas con niños menores de 10 años este mes de agosto, motivo por el que el Gobierno de García-Page abrió un expediente sancionador por el incumplimiento del Reglamento regional de Festejos Taurinos.

Ejemplos que se derivan a municipios de menor tamaño

Pese a que son los ejemplos de las grandes ciudades los que más saltan al plano nacional en estos casos, las circunstancias en municipios más pequeños son del mismo calibre. En relación con la subida de sueldos y asignaciones, resaltan los casos de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) -donde su alcaldesa María Luisa López se lo subió a 2.500 euros pese a la baja población de la localidad-; de Caudete (Albacete) -donde PP y Vox multiplican por 12 las asignaciones por asistencias, es decir, los miembros cobrarán únicamente por asistir a las reuniones-; por último, Yebes (Guadalajara) -el vicealcalde, Antolín Muñoz, de Vox, se subió el sueldo un 51%.

No obstante, los ejemplos que más imperan entre los sendos ‘matrimonios’ de PP y Vox en Castilla-La Mancha son los referentes a las medidas adoptadas ante la lucha contra la violencia de género y el colectivo LGTBI. En la localidad ciudarrealeña de Tomelloso, a Vox se le concedió la gestión del Centro de la Mujer; en La Solana, municipio de la misma provincia, la alcaldesa Luisa Márquez suprimió el minuto de silencio a las víctimas por violencia de género; una escenario similar al de Sonseca (Toledo), donde PP y Vox retiraron un cartel feminista del ayuntamiento, pese a que llevaba colgado ocho años; en El Casar (Guadalajara), Vox apostó por retirar los puntos violetas por “puntos seguros” para “huir del enfoque ideológico y atender por igual a todos los vecinos, sin distinción de género”.

El caso de Socuéllamos (Ciudad Real) también fue de lo más sonado. El ayuntamiento contrató al hermano del teniente de alcalde José Luis Romero del Hombrebueno, quien es autor de ‘Femen enmaromada’, una viñeta en la que denigró a una mujer sin ropa y atapada por el cuello en una plaza de toros.