No se aprobó ningún protocolo, no se aprobó ninguna medida para intentar que las mujeres que pretenden interrumpir su embarazo lo hagan “con una conciencia mayor”, como dijo el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, no existe objeto para un requerimiento por parte del Gobierno de España, pero la nota de prensa de la Consejería de Sanidad en la que se recogían aquellas medidas que no se aprobaron (latido fetal, ecografías 4D, que los médicos estaban obligados a ofrecer, para “favorecer así la implicación emocional” de las gestantes con el feto), y que se vinculaba con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, sigue “plenamente vigente”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido durante una hora y media a decenas de preguntas de los periodistas, pero sin aclarar absolutamente nada, únicamente, desautorizando, de nuevo, al vicepresidente, junto al que compareció el jueves pasado, día 12, en absoluto silencio, y en la línea en que lo hizo Mañueco el martes, (no se obligará a los médicos, no son medidas provida, no hay nuevo protocolo).

El discurso de Carriedo se ha limitado a confirmar que lo que se dijo en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada no se aprobó en el órgano decisorio de la Junta, sino que fue un “asunto adicional”, y reiterando hasta el infinito un solo argumento: no habrá nuevo protocolo de atención a mujeres embarazadas, sino “mejora de las prestaciones”, sin concretar las características de esa mejora.

El Gobierno de España, culpable

Eso sí, en este Consejo de Gobierno sí se ha aprobado la decisión de inadmitir el requerimiento del Gobierno de España, al que se acusa de “voluntad torticera y espuria” y de sobreactuar en la búsqueda de una “controversia política”, afirma la nota de prensa facilitada por el portavoz, “pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público interadministrativo con fines políticos por el momento preelectoral en el que se produce”.

Carriedo explicó que contestarán al Gobierno comunicando la inadmisión de su requerimiento por “inexistencia del objeto sobre el que versa”, porque “no especifica el acto viciado de incompetencia, ya que no existe acto que impugnar”, y porque plantea un conflicto constitucional de competencias “cuando ni siquiera discute la titularidad de la competencia, sino su hipotético ejercicio por parte de la Administración autonómica”.

De hecho, Carriedo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de poner a la Junta de Castilla y León “en el foco” haciendo un requerimiento preventivo, y de no tratar a todas las comunidades autónomas por igual.

¿Latido fetal en el primer trimestre, sí o no?

Desvinculando por completo las supuestas medidas no aprobadas de la interrupción voluntaria del embarazo, y asegurando que las “mejoras” iban dirigidas a todas las mujeres embarazadas, el portavoz de la Junta no ha respondido de forma afirmativa o negativa a ninguna de las preguntas concretas sobre la puesta en marcha de lo que se comunicó la semana pasada, que puede leerse en aquella nota de prensa.

“¿El protocolo de latido fetal en el primer trimestre va a entrar en vigor, sí o no?”, preguntaba el periodista, y la respuesta de Carriedo se limitaba a recordar que nada era obligatorio, que los profesionales deciden y que, como dijo el presidente Mañueco, no existiría ninguna coacción.

A la pregunta de qué se presentó entonces la semana pasada, el portavoz volvía sobre la “mejora de las prestaciones”, y a la pregunta de en qué se mejora el tratamiento de las mujeres embarazadas en Castilla y León, la respuesta era que Castilla y León tiene una amplia cartera de servicios, que se mejorarán los medios de los profesionales para que se mejoren las prestaciones sanitarias. Y hasta ahí.

“Preferiríamos gobernar en solitario”

Si bien ha remarcado que la decisión de romper el pacto de gobierno con Vox y la convocatoria de elecciones anticipadas son potestades del presidente de la Junta, Carriedo sí ha reconocido que “preferiríamos gobernar en solitario”, pero afirmó que gobernarán “con quienes digan los ciudadanos, que son los más listos”, y que “la gente de esta tierra sabe elegir y nosotros tenemos que gestionar esas decisiones”.

Cuestionado sobre el “ambiente” que se había respirado en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, una semana después de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León calificara como “medidas provida” los anuncios que recoge una nota de prensa que sigue vigente, pero no tiene nada que ver con las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, y que tanto el presidente de la Junta como él mismo están desvinculando del objetivo antiabortista, Carriedo se limitó a afirmar que “el ambiente ha sido de trabajo”.