Los debates electorales en Castilla y León ante las elecciones autonómicas del 13 de febrero no estarán en la televisión pública después de que la Comisión de Medios decidiera otorgar la producción y la organización de los dos debates obligatorios a la empresa privada Radio Televisión Castilla y León, controlada por la familia Ulibarri y por Antonio Méndez Pozo.
Ante esta cuestión, RTVE ha denunciado el bloqueo para que los debates electorales se emitan en la entidad pública y ha señalado el “desprecio” y “el portazo a la transparencia” para conceder ambos debates a una empresa privada que es financiada por la Junta de Castilla y León. “El interés público, la transparencia y la pluralidad no interesan a la Junta de Castilla y León ni a su más que controlada comisión de debates electorales”, han denunciado.
Desde RTVE denuncian también que para tomar dicha decisión también se han tenido en cuenta “criterios empresariales”, ya que varios medios presentes en la Comisión organizadora pertenecen a Promecal, propiedad de Antonio Méndez Pozo, y Edigrup, de Ulibarri, que son las empresas que controlan Radio Televisión Castilla y León. Algunos de los medios de los que es dueño Promecal está la Agencia ICAL, Ondacero en Ávila, Burgos, Soria y Zamora o los periódicos El Día de Soria, El Día de Segovia, Diario de Ávila, mientras que Edigrup controla EsRadio Castilla y León y las delegaciones de El Mundo en Soria, Burgos y Valladolid.
En este sentido, la entidad pública recrimina que la decisión se ha tomado porque “más de la mitad de los votos están en manos de representantes de medios que forman parte de los dos grupos empresariales dueños de esa televisión privada”.
Y hay más. La Junta ha vuelto a excluir a los periódicos digitales de la comisión de debates electorales regulados por la Ley Electoral autonómica basándose en una orden del 18 de marzo de 2019 firmada por José Antonio de Santiago Juárez, por entonces consejero de la Presidencia, en la que se determina quienes forman parte de la comisión.
Ulibarri y Méndez Pozo, salpicados por la corrupción
El empresario José Luis Ulibarri confesó el pasado verano que era autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil. Lo hizo dos meses antes de que comenzase el juicio por la trama Gürtel con el objetivo de que se le rebaje la petición de cárcel aplicándose los atenuantes de confesión y de reparación del daño.
Por su parte, Antonio Miguel Méndez Pozo fue el primer constructor encarcelado por corrupción política en España y es otro de los magnates de la comunicación en Castilla y León, junto a Ulibarri. Fue condenado por corrupción en 1992 a siete años de prisión por el llamado Caso de la Construcción, aunque sólo cumplió nueve meses ya que se benefició en tiempo récord del tercer grado.
