Dice el refrán que "a perro flaco, todo son pulgas", y parece que últimamente, además del clamor por el cese del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León tras el terrible incendio en la Sierra de la Culebra, a Juan Carlos Suárez Quiñones también se le pone en contra la justicia, que, en sólo una semana, ha dictado sendos varapalos contra su gestión en materia de incendios, dando la razón a los sindicatos UGT y CCOO en sus demandas.
El último lo ha dado este jueves la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, declarando nula de pleno derecho la Instrucción conjunta 1/FYM/2021, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería sobre la incorporación de medios y la regulación del sistema de guardias de incendios forestales, imponiéndole, además, las costas del procedimiento.
Los Servicios Jurídicos de CCOO habían recurrido el año pasado esta Instrucción por considerarla "manifiestamente ilegal y atacar directamente los derechos laborales de las y los trabajadores públicos del Operativo de Extinción de Incendios Forestales", a quienes, según el sindicato, se llegaba a obligar a la realización de 12 días de guardia en 14 jornadas.
Comisiones Obreras afirma, tras conocerse la anulación de esa instrucción que la sentencia "demuestra, una vez más, que las reivindicaciones que anualmente realiza Comisiones Obreras sobre el operativo de extinción de incendios son procedentes y deberían ser atendidas por la Administración Pública".
Sin embargo, reconoce, este año, la sentencia ya no tendrá efectividad, puesto que se ha conocido un año después de interpuesta la demanda, "con el operativo de incendios ya en marcha en condiciones similares a las del año pasado y, sobre todo, después de haber sufrido el incendio más destructivo de las últimas décadas en nuestros montes".
La sentencia reconoce el derecho de las y los empleados públicos, sobre todo Agentes Medioambientales e Ingenieros, a tener condiciones laborales acordes a la normativa, algo que no se corresponde con los turnos de guardia establecidos por la Consejería de Medio Ambiente, y establece que la instrucción obliga a condiciones de trabajo que vulneran el propio Estatuto de los Trabajadores.
El sindicato explica que los colectivos más afectados por las "jornadas abusivas y la falta de personal para realizar los relevos" son, a su vez, los máximos responsables de los incendios, "los primeros que llegan y los que tienen que asumir la dirección de extinción en la práctica totalidad de los casos".
Detrás de actuaciones como la denunciada, concluye, "subyace la falta de interés de la Junta de Castilla y León de contar con un Operativo de Extinción de Incendios público y moderno, flexible y adecuado a las condiciones del medio rural y del cambio climático que estamos viviendo".
Anulado también el Plan Sectorial
Hace tan solo seis días, la misma Sala del TSJ daba la razón, igualmente, al otro sindicato, UGT, en otro recurso presentado contra el Decreto de la Junta por el que se aprobó el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León, que anulaba por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, también imponiendo las costas a la Consejería.
El Plan Sectorial tenía por objeto establecer un modelo que garantizara una respuesta de mínimos en la prestación homogénea de este servicio en el territorio de Castilla y León, distribuyendo distintos parques de bomberos en 105 áreas de intervención para cubrir al total de la población en un tiempo de respuesta de referencia inferior a 30 minutos.
El Plan contemplaba cuatro tipos distintos de parques de bomberos, más o menos grandes y dotados de medios dependiendo del número de habitantes a los que dieran servicio, que se integrarían en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento municipal o provincial del ayuntamiento o la diputación a la que pertenecieran.
La sentencia anula el Plan de la Junta de Castilla y León porque no explica su afirmación acerca de que sus requerimientos sobre los parques de bomberos más grandes, -los que ubica en municipios de más de 20.000 habitantes-, no impactarán en los presupuestos de estos ayuntamientos, dando por hecho que esos parques "cuentan sobradamente con los medios y recursos recogidos en el Plan, por lo que no procede incluirlos en la estimación del coste", cuando el decreto, señala la Sala, sí va a comportar un impacto presupuestario para las administraciones locales que no ha sido analizado.
Pero además, con respecto al resto de los parques, que el Plan ubica en los municipios de menos de 20.000 habitantes, la Memoria económica estima costes de instalación, construcción de las infraestructuras, equipamiento, personal y mantenimiento que "no sabemos de dónde salen", afirma la sentencia.
