Tal como habíamos anunciado en nuestra crónica anterior el juicio por la visita del Papa Benedicto XVI uno de los principales acusados Ramón Blanco Balín, inspector de Hacienda en excedencia y amigo de José María Aznar, tira la casa por la ventana y decide de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción firmar un escrito de conformidad con los hechos delictivos por los que está sentado en el banquillo. 

Dicho y hecho. Según consta en el documento al que ha tenido acceso elplural.com, tras “12 años que ha durado la tramitación de este procedimiento he tenido tiempo de reflexionar sobre mi actuación y arrepentirme muy sinceramente de mi involucración en las actividades que se me imputan. Quiero confesar la verdad de lo que conozco, y quedarme ya tranquilo con mi conciencia”.

A partir de esta declaración de principios acepta todos los hechos reflejados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal subrayando que “en prueba de mi arrepentimiento, y de voluntad de colaborar con la Justicia, quiero comunicar al Tribunal que, con anterioridad al comienzo de las sesiones del Juicio Oral, he abonado 400.000 euros para el pago parcial de las responsabilidades económicas que me puedan corresponder. Y he hecho para ello un gran esfuerzo, comprometiendo además a familiares y amigos, pues tengo todos mis bienes embargados, y no me ha sido posible obtener más, conforme hubiera sido mi voluntad”.

Blanco Balín continúa con su relato en primera persona explicando cómo conoció a los principales responsables del entramado societario de Francisco Correa al que se lo presentó en el año 2005 Alejandro Agag, yerno de José María Aznar y Ana Botella. Tras explicar que Correa le encarga el asesoramiento fiscal y la contabilidad de varias de sus empresas, entre otras, de ORANGE MARKET, es informado que el grupo tienen muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos.

Sobre otros acusados admite que conoce muy bien al empresario propietario de Teconsa, José Luis Martínez Parra y a su padre, Martínez Núñez (fallecido). Afirmar no conocer a Juan Cotino.

Sobre su participación en los hechos relata como se formó la UTE Orange Market y Teconsa y  “según me dicen tanto Crespo como Correa, la idea es que TECONSA apareciese como pantalla o sociedad instrumental, aunque en realidad eran ellos los que iban a gestionar el contrato. Además, Correa me dice que José Luis Martínez Parra va a quedarse con 200.000 € de beneficio por poner la empresa TECONSA como pantalla para este contrato. No me piden opinión al respecto, sino que me lo cuentan como ya acordado entre ellos, y de hecho nunca me dieron oportunidad de estar presente en las reuniones entre ellos. Siempre me indicaron que la idea era obtener un importante beneficio de fondos públicos por este contrato, y me pidieron que yo ayudase, al ser, además, asesor fiscal de TECONSA desde hacía años (….) Pablo Crespo fue quien se encargó de gestionar todo desde el grupo de Correa con los contratistas, y Álvaro Pérez con los proveedores más pequeños. Yo no conocí a esos contratistas, ni a los proveedores, ni negocié nada con ellos”.

Facturas falsas

En su escrito reconoce que “supe que había facturas falsas, que se expedían por servicios realmente no prestados, con las que TECONSA podía justificar la ejecución del contrato, y, a su vez, deducirse su importe, y otras cuya cuantía estaba inflada, aunque yo no decidía el detalle concreto de los importes de cada factura, ni los conceptos se reflejaban, ni llevaba su contabilidad ni la operativa, aunque ayudé asesorando a TECONSA en consultas puntuales que sus responsables me efectuaban al respecto (…) esa facturación irregular también la conocían Jesús Alonso, Martínez Molinero, José Luis Núñez y José Luis Martínez Parra, y por supuesto también las personas que organizaron toda la operativa para el desvío de fondos: Correa, Crespo, Álvaro Pérez y Jacobo Gordón”.

Para los más despistados recordarles que Ramón Blanco Balín ha sido condenado a 3 años de cárcel y a pagar 1,2 millones de €  en la PS 1-2-6 de Gürtel sobre financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y además aparece como acusado en otras dos: la Principal y la PS Boadilla del Monte.