El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha empezado el año dando un golpe sonoro a la vida rural en Andalucía. El pasado 31 de diciembre expiraba la vigencia del convenio de la Junta con los Registros de Propiedad de 26 de julio de 1999 para la gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Este servicio se realizaba, hasta ahora, a través de las 91 oficinas Liquidadoras que se encontraban en las ocho provincias de la región. Sin embargo, PP y Ciudadanos han decidido suprimir el servicio, convirtiendo 67 de estos centros en meras oficinas de recogida de documentación y dejando en el aire cuál será el destino de los 400 trabajadores que prestaban servicio de atención en estas oficinas.
Entre otras funciones, el servicio que se presta en estas delegaciones es el de gestión de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, Vehículos y Embarcaciones. La reducción de competencias afecta a más de dos tercios de estas oficinas, alejando el servicio del consumidor y potenciando la desigualdad en las zonas rurales, donde, además, la gestión telemática se convierte en una odisea para una población envejecida y sin los conocimientos necesarios para llevarla a cabo.
Las tres derechas proponen un cambio en el modelo. Se crean tres tipos de oficinas, reduciendo competencias y personal en la mayoría de los centros. Solo 24 oficinas, tal y como se ha publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mantendrán los servicios de información, asistencia y comprobación de valores de los bienes tanto muebles como inmuebles. Este hecho viene aparejado de una reducción de horario, que obligará al contribuyente a pedir cita previa para ser atendido.
“Se debe revertir el cierre o reducción de servicios de estas Oficinas Liquidadoras por el grave perjuicio que provoca en las zonas rurales, ya muy castigadas por el recorte de servicios públicos en las mismas llevado a cabo por el actual gobierno de la Junta de Andalucía; siendo el primero de estos perjuicios los largos desplazamientos que la ciudadanía tendrá que realizar”, explican fuentes del PSOE.
Insisten en que este problema no afectará con la misma virulencia a todo el territorio: “Esta situación se verá agravada en muchos casos, pues se trata de zonas con una población envejecida y sin acceso telemático para la realización de las gestiones, así como con problemas de transporte que se verían obligadas a recurrir a los servicios de terceros para la tramitación de sus obligaciones tributarias”.
400 empleados quedan así en una situación de incertidumbre a la que la Junta aún no ha dado respuesta. A la espera de nuevas noticias, los representantes públicos de las zonas más marcadas por la despoblación claman contra Moreno Bonilla y solicitan que la Junta de Andalucía dé marcha atrás en sus propósitos.
