El Parlamento de Galicia celebrará el próximo pleno la semana que viene y al mismo, el Bloque Nacionalista Galego llevará tres de los “grandes problemas” que en la actualidad, según la formación, “más preocupan” a la ciudadanía.

En concreto presentarán iniciativas en relación con la vivienda, la sanidad y las residencias de mayores, materias consideradas los grandes 'debes' de las políticas de la Xunta y del equipo presidido por Alfonso Rueda.

En relación con la vivienda, la portavoz nacionalista, Ana Pontón, tal y como adelantó esta misma semana la viceportavoz de su grupo, Olalla Rodil, cuestionará al presidente gallego sobre el mercado residencial público y las políticas en este ámbito del PP. Le recordará que, a lo largo de los últimos 16 años, desde que Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones y se puso al frente del Gobierno autonómico, “se ha paralizado la construcción de pisos protegidos”.

La líder del Bloque reclamará “hechos y no propaganda” en lo que respecta a la creación de viviendas de protección oficial. En palabras de Rodil, “a pesar de que en los últimos años hay muchos anuncios y mucha propaganda, lo cierto es que en este momento no hay hechos, no hay soluciones concretas para la gente que necesita a las administraciones para acceder a la vivienda porque en el mercado libre no pueden”. A modo de ejemplo, la viceportavoz de BNG mencionó lo que calificó como “dato demoledor” de que a lo largo del pasado año, “en plena crisis habitacional, se terminaron tan solo 5 viviendas protegidas en toda Galicia”.

Para los nacionalistas, esta cifra es la demostración más palpable de que el Partido Popular tiene paralizadas las políticas en este ámbito desde los tiempos de Feijóo, más de tres lustros de frenazo que han contribuido “así a la situación actual, en la que miles de familias no pueden acceder a un hogar por los altos precios del mercado”.

A pesar de que en 2024 solo se levantaron cinco unidades de VPO, lo cierto es que no es el peor dato, porque en los años 2015 y 2019 “se alcanzaron peores cifras, con apenas 2 y 4 viviendas protegidas terminadas respectivamente, según datos oficiales del IGVS”, aseguró Olalla Rodil. Curiosamente, durante el bipartito del PSdeG y BNG (2005-2009) las cifras en esta materia no tenían nada que ver con las obtenidas por Feijóo y Rueda. Así, en 2007 bajo la presidencia del socialista Emilio Pérez Touriño y la Consellería correspondiente en manos de los nacionalistas se terminaron 3.774 terminadas y un año después 2.758 viviendas protegidas finalizadas.

¿Por qué falta transparencia?

El otro de los asuntos que llevará al pleno del próximo martes Ana Pontón es la situación de la sanidad. A pesar de que se ha desconvocado la huelga en Atención Primaria, el BNG solicitó la comparecencia del conselleiro de Sanidad “para dar cuenta de la situación que atraviesa la sanidad pública, especialmente la Atención Primaria, y de las propuestas del Gobierno gallego para remediar la situación de colapso en la que se encuentra”. Esta petición la cursó el Bloque antes de que se conociera la suspensión de los paros, y para Rodil, después de confirmarse el veto del PP a esta comparecencia, lamentó que “el Ejecutivo esté más preocupado por intentar desconvocar in extremis la huelga” prevista para el día de ayer que “por solucionar los problemas en Atención Primaria”.

"Lo único que le preocupa al PP es frenar la contestación social, no garantizar el derecho a la salud de las personas", añadió la dirigente nacionalista.

Al hilo de lo anterior, “la propuesta de Gobierno alternativo del BNG incluye revertir el recorte que hizo el PP de más de 1.600 millones de euros, incrementando el presupuesto destinado a Atención Primaria hasta el 25 % del presupuesto sanitario, tal y como recomienda la OMS”, insistió.

Por lo que se refiere a las residencias de mayores, a la vista de lo acontecido en algunas de ellas en los últimos meses, volverá el Bloque a reclamar "transparencia" al Gobierno presidido por Alfonso Rueda, que “lleva dos meses impidiendo que el Parlamento y los gallegos conozcan los informes y actas de inspección de las residencias cerradas por Política Social en Amoeiro y Xinzo de Limia”.

Cabe recordar que la decisión de la Xunta en el supuesto concreto de las instalaciones de Amoeiro se adoptó tras una inspección de Trabajo y de la presencia de la Guardia Civil, a pesar de que existían quejas previas e, incluso, un mes antes de la clausura los servicios de Política Social realizaron una inspección, pero nada se sabe de esos informes. Estos son los que reclama la oposición, porque “hasta ahora el PP se niega a hacerlos públicos”, preguntándose: “Si todo se hace tan bien ¿por qué esta ansia por tapar y ocultar lo que saben los servicios de inspección?”.