La portavoz de Urbanismo del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, María Pierres, ha advertido que el gobierno que preside Núñez Feijóo no hizo “nada de nada” en materia de vivienda pública en lo que va de Legislatura.

La responsable del PSOE señaló que la “nula” gestión del gobierno gallego supuso que entre 2011 y 2018 fueran construidas 3.019  viviendas protegidas, menos que las 3.774 construidas solo durante el año 2007. Además, ha señalado Pierres, en los últimos años fueron cualificadas 20 viviendas protegidas, sumando las de promoción pública y privada. La situación es similar en cuanto a la rehabilitación protegida, con 274 proyectos entre 2017 y 2018, cuando entre 2007 y 2008 hubo 12.800.

Las comparativas, aseguró la parlamentaria, son “absolutamente demoledoras”, lo que no le impide al presidente de la Xunta “presumir” de un parque público de 3.500 viviendas, “como si el mérito fuese de ayer o de antes de ayer”. En la mima línea, desde el departamento responsable anuncian que hay 121 proyectos de vivienda nueva y 21 rehabilitaciones, pero “muchas de ellas ni siquiera están en fase de ejecución, y por eso no ofrecen fecha de finalización”.

La socialista denunció que Feijóo “no tiene ninguna intención de cumplir con el mandato parlamentario de duplicar el parque público de vivienda en el horizonte 2022”, sino que se limitará a ir “parcheando”.

Para finalizar, la portavoz de Urbanismo, apuntó que hoy en Galicia hay más de 13.000 inscritos en el registro único de demandantes de este tipo de vivienda, con lo que “en el mejor de los casos, de que se terminasen este año todos los proyectos en marcha, solo se cubrirían el 1,57 por ciento de la demanda registrada. Asimismo, también censuró que el gobierno gallego haya escogido ayuntamientos con “demanda nula” para construir estas viviendas.

El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo no dispone de vivienda de alquiler

Lo cierto es que con un salario medio de 900 euros, los jóvenes gallegos difícilmente pueden afrontar un alquiler, cuyo coste ronda los 400 euros, y menos aún pagar una hipoteca (unos 461 euros de media). El acceso a una vivienda pública se convierte así en la única salida para muchos menores de 35 años que quieren emanciparse, dejar de compartir piso o encontrar un alojamiento que les permita vivir sin asfixias económicas. De ahí que 4.083 jóvenes estén inscritos como demandantes de vivienda protegida del gobierno gallego, tanto para alquilar como para comprar. Pero estos, suponen solo un tercio del total de aspirantes que están en espera en la comunidad.

Casi la mitad de la demanda se concentra en la provincia de Pontevedra, donde 1.757 menores de 35 años están apuntados en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de la Xunta. Otros 1.584 han presentado su solicitud en A Coruña, mientras que en Lugo hay solo 547 jóvenes inscritos y en Ourense únicamente 195.

Buscan también pisos para comprar pero sobre todo alquileres. De hecho, de los 13.385 gallegos inscritos en el registro de demandantes, solo el 15 por ciento ha solicitado la adquisición de una vivienda pública.

Mientras el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo dispone de un parque público para alquiler de 3.500 viviendas, que están todas ocupadas. La única opción de lograr la adjudicación de uno de estos pisos es que quede alguno vacante o bien que la Xunta amplíe su oferta de arrendamiento.