Los sindicatos dicen no a la Ley de Administración Ambiental Simplificada de la Xunta de Rueda

Actualmente está en fase de exposición pública el anteproyecto de Ley de Administración Ambiental Simplificada de Galicia, una norma que derogará la Ley de Protección Ambiental de 1995 y que, según el gobierno autonómico, unificará la normativa gallega e integrará distintos trámites para reforzar la seguridad jurídica y ganar agilidad para los proyectos que se quieran llevar a cabo en este territorio. 

Sin embargo, a juicio de muchas organizaciones sindicales, la norma supone un "atentado a la protección ambiental que favorece la depredación de los recursos y la privatización de las funciones públicas..Con la misma excusa de reducir los tiempos de las gestiones, recuerdan, en los últimos años el Ejecutivo regional ya ha hecho varias normas como la Ley 5/2017 de fomento de iniciativas empresariales, la Ley 9/2021 de simplificación administrativa o la Ley 2/2024 de Promoción de los Beneficios Sociales y Económicos. Estos textos ya recibieron en su día una contundente respuesta, no solo desde el ámbito social, sino también judicial, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) llegó a dejar sin efecto y anuló parcialmente el Decreto 102/2023, al entender que privatizaba los procedimientos de evaluación ambiental, y externalizaba su tramitación para ponerla en manos de la empresa privada.

Tanto para la Confederación Intersindical como para el Sindicato Labrego (SLG-CCLL la normativa ideada por el PP afecta de forma negativa a los derechos de participación pública y avanza en la desregulación de las funciones propias de las administraciones, por lo que exigen su retirada. 

Critican entre otras cosas, que el texto anule esas atribuciones reservadas a los empleados públicos para ponerlas en manos de personas y entidades privadas, bajo fórmulas como el banco de personas expertas o colaboradores de la administración ambiental, que  "indebida e ilegalmente", pasan a asumir funciones públicas y pueden hacer trabajos de evaluación y certificación ambiental. 

Otra de las quejas tiene que ver con la reducción de los plazos de las actuaciones administrativas, de manera que no se garantiza, dicen, que haya tiempo suficiente para evaluar de manera adecuada los impactos ambientales y se permite continuar la tramitación de los proyectos aunque no cuenten con los informes sectoriales pertinentes. "Recortar los plazos de exposición pública impide que las organizaciones y la sociedad civil afectada por proyectos eólicos, mineros o de infraestructuras puedan ejercer su derecho a informarse y alegar", exponen.

"Este anteproyecto se enmarca en el continuo proceso golpista del Gobierno gallego, que, bajo formas autoritarias y técnicas, impone sucesivas regulaciones de carácter general o sectorial para reducir o, incluso, eliminar garantías, procedimientos y plazos en las tramitaciones ambientales", lamenta Paulo Carril,  secretario general de la CIG. 

Defiende que el Ejecutivo de Rueda está instalado en el “acoso y derribo" de las entidades sindicales y sociales y se atreve a apuntar que, "ahora también judiciales", las cuales están defendiendo "un aprovechamiento radicalmente distinto de los recursos naturales" de esta comunidad autónoma para que "reviertan en el propio territorio y no pongan en riesgo los sectores que proporcionan alimentos básicos a la población".  En este sentido, resalta la necesidad de apostar por un desarrollo industrial en base a criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y cierre de los ciclos productivos, que deriven en beneficio de esta tierra todo su valor añadido.  

Sin embargo, critica el secretario general de la Confederación Intersindical, "el PP buscar cerrar un marco normativo diseñado para consolidar el papel de Galicia como suministradora de recurso naturales, energéticos y minerales del Estado y la Unión Europea, poniéndola al servicio de las grandes élites y corporaciones económicas y expulsando al pueblo gallego de cualquier decisión sobre el aprovechamiento libre, soberano y socialmente justo de nuestros recursos". 

En una misma línea se pronuncia el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), que asegura que bajo el pretexto de simplificar los trámites administrativos el nuevo texto de la Xunta "continúa con la desregulación ambiental". Así, enfatizan que han presentado hasta 33 alegaciones y advierten de que el nombre de la ley ya dice mucho de las intenciones del Ejecutivo de Alfonso Rueda, pues pasa de ser de Protección Ambiental, a ser de Administración Ambiental Simplificada. 

"Donde antes había protección, ahora habrá trámites acelerados. Donde había controles públicos, habrá entidades privadas; y donde había garantías para el territorio, habrá privilegios para quien declare un proyecto como estratégico", resumen desde esta entidad, que considera especialmente grave que la ley permita que los proyectos declarados "estratégicos" por la Xunta queden exentos de acreditar su compatibilidad urbanística. "Esto supone que la planificación urbanística y los instrumentos de ordenación del territorio quedan reducidos a ceniza", alertan. 

Por último, recuerdan que Galicia tiene uno de los pocentajes de superficie agraria útil más reducidos de Europa, por lo que alentar más presión territorial industrial implicará empeorar la situación e incrementar los costes de produción para las granjas, sobre todo, para las más pequeñas, que son las más numerosas y las que juegan un papel básico en el sostenimiento social, económico y ambiental de buena parte de la región.

"La agricultura y la gandería son actividades fundamentales para proteger el territorio, la natureza y la resistencia contra la despoblación", zanjan.