Las conexiones de Galicia con el franquismo son más que evidentes. No solo el origen del dictador marca esa relación, sino que muchos de los que formaron parte de su círculo más próximo también eran oriundos del Fogar de Breogán, como él y sus acólitos jamás llamarían a su tierra. Manuel Fraga es, tal vez, el más conocido.
Precisamente, ese origen gallego de Franco propició una cierta impunidad e inmunidad de quienes, por ser seguidores del sátrapa podían actuar a sus anchas contra el 'enemigo rojo', con más violencia, incluso, que en otras zonas de España. Sin embargo, siempre ha existido una especie de velo que parecía impedir el conocimiento de los muchos y diferentes episodios que se repiteron en las cuatro provincias gallegas.
Los herederos del franquismo, en ocasiones, y a pesar de presumir de demócratas, enseñan sus creencias ideológicas más profundas en los momentos más insospechados o, como poco, protagonizan hechos o declaraciones que levantan sospechas sobre su fervor por el dictador y su época, como lo sucedido hace unos meses con los orígenes de la Illa de Sán Simón y su utilización como punto de represalia durante el régimen de Franco.
No es el único ejemplo, ni mucho menos, sin embargo también se dan pasos para que el olvido no gane la partida a conocer actos repugnantes cometidos durante la dictadura.
De ahí la importancia del paso dado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Padrón (A Coruña). Este órgano ha acordado iniciar las pesquisas judiciales sobre las torturas sufridas por Manuel Reboiras el 28 de septiembre de 1975.
En un ámbito de crímenes contra la humanidad, la decisión de este juzgado coruñés marca un hito, puesto que supone la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite en Galicia.
La admisión de esta denuncia por el caso de Reboiras se suma a otra media docena de querellas que han seguido el mismo camino en diferentes puntos de España, tal y como ha informado la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
Cabe recordar que Manuel Reboiras es hermano del dirigente de la Unión do Povo Galego (UPG) que fue asesinado por la policía de la dictadura en agosto de 1975. Esta denuncia la presentó en octubre de 2024 por las torturas sufridas durante dos detenciones. Por una parte, la primera el 28 de septiembre de 1975 en Padrón, por otra, la segunda en junio del año siguiente en el monte de O Castro, de la ciudad de Vigo.
Ahora, el juzgado de la localidad coruñesa, en este marco ha requerido información documental al Archivo Histórico Nacional, al Centro Documental de la Memoria Histórica y a la Dirección General de Policía.
Una decisión positiva, pero...
Por ello, este auto de admisión a trámite es consecuencia de la estimación de un recurso de reforma interpuesto por Fiscalía y revocación del auto del mismo Juzgado de fecha 12 de diciembre de 2024 que acordó el sobreseimiento y el archivo de la causa por prescripción.
A través de un comunicado, Ceaqua "valor" este auto "esperando que se pueda avanzar en las diligencias de investigación penal". Tal y como recuerdan desde la entidad, aunque esta admisión a trámite supone un hito, "debemos recordar que algunas de las admisiones a trámite de querellas presentadas, que deberían habilitar la investigación judicial de los crímenes que han sido objeto de denuncia, no deja de ser, a día de hoy, algo excepcional y extraordinario".
En este sentido, recuerdan que "lamentablemente hasta la fecha más de 115 querellas criminales en las que se denunciaban dichos crímenes han sido inadmitidas o archivadas en el conjunto del Estado español".
Por ello, en el citado escrito, Ceaqua insta a los poderes públicos y a los partidos políticos a "adoptar todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se convierta en un hecho habitual".
"Una vez más y en este sentido debemos recordar que el Estado español está lejos de revertir las políticas de impunidad imperantes que impiden, con carácter general, y a día de hoy, la investigación judicial de los crímenes franquistas", indica la Coordinadora. Además critica la "inacción" del Gobierno y de los partidos políticos lo que se traduce en "las políticas de impunidad mantenidas por el Estado español" en esta materia, y todo en el contexto de las celebraciones por "el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco" por lo que se ha programado un centenar de actos.
