Es verdad el Partido Popular admitió enmiendas presentadas por BNG y PSdeG, sin embargo, las mismas no han sido ni mucho menos suficientes para que la oposición apoyase el texto al que hoy se le ha dado en visto bueno en el Parlamento de Galicia. Lo ha aprobado el PP gracias a su mayoría con lo que la normativa de 1985 este martes ha sido reformada, eso sí, con el rechazo de la oposición.
La principal crítica de nacionalistas y socialistas es que con el nuevo texto se pierde “una gran oportunidad” de impulsar una ley más moderna, pero que en cambio “va a permitir jugar a menores de edad en bares”.
La respuesta a esta acusación la ha ofrecido la 'popular' Paula Prado quien ha dicho que es “absolutamente falso” esa posibilidad, del mismo modo que tampoco pueden comprar alcohol y tabaco. La dirigente del PPdeG, sin embargo, apunto directamente a los propietarios de los establecimientos puesto que, según sus palabras, como en el caso del tabbo y el alcohol “el dueño también tiene que impedir que jueguen".
En esta línea, el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, ha valorado que ley "mejora" la actual norma y fomenta el "juego responsable". Posteriormente al debate parlamentario, en declaraciones a los medios, se ha quejado de que la oposición haya votado en contra y "no tuviese el coraje" de apoyarla en un momento de elecciones generales, a pesar de que se aceptasen la mitad de las enmiendas presentadas por BNG y PSdeG. Subraya que "era una oportunidad única" con una ley "importante para Galicia".
En cambio, la oposición ha lamentado que los populares no opten por incluir mecanismos de control en bares de las apuestas de menores o ludópatas, coma pueda ser el uso del DNI.
Cambios normativos
Entre las modificaciones que introduce la normativa con respecto al texto original de 1985 establece un número máximo de dos máquinas de juego de cualquiera de los tipos permitidos en los establecimientos de restauración y de ocio. Asimismo, prohibe todo tipo de publicidad de este tipo en los medios públicos, al tiempo que obliga a todos los establecimientos de juego a tener control de acceso que prohíba la entrada de menores y de personas inscritas en el registro de prohibidos.
Otro elemento a destacar es que de una distancia de 150 metros de colegios, ahora la reforma la eleva hasta un radio de 300 metros. De igual modo se fijan un máximo de cuatro casinos y cuatro salas adicionales, 12 bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas, con una duración de 15 años para todas las autorizaciones.
Precisamente, uno de los cambios que han logrado incluir con sus enmiendas las formaciones de la oposición prohibirá instalar máquinas de apuestas en recintos deportivos y ferias.
La norma también prevé que las distintas consellerías colaborarán y promoverán políticas de prevención mediante el desarrollo de actividades de prevención de la ludopatía dirigidas a la población en general y adoptando medidas tendentes a desincentivar los hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego.
“Poco ambiciosa”
Tanto Bloque Nacionalista Galego como Partido Socialista de Galicia han coincidido a la hora de considerar la reforma poco ambiciosa. En concreto, la nacionalista Iria Carreira ha denunciado que la nueva ley simplemente “cubre el expediente sin llegar a poner freno a la expansión del juego”, criticando además que “los bares no puede acaber convertidos en un escaparate de todos los juegos existentes”.
Carreira asegura que es "necesario establecer algun tipo de sistema que impida" que menores y ludópatas puedan apostar en bares, ya sea a través de DNI electrónico o los dígitos del DNI, un aviso que parte de las propias asociaciones de personas con problemas de adicción. Igualmente, considera "escasos" los 300 metros de distancia entre las casas de apuestas y los colegios.
En una línea similar se ha pronunciado el diputado Julio Torrado, del PSdeG, que ha insistido en la “gran oportunidad perdida”. Ha criticado que la Xunta de Galicia se “lave las manos” y deja la responsabilidad del control del juego “a los propios hosteleros”.
La 'popular' Paula Prado ha respondido a la oposición y ha señalado que con esta normativa se han puesto "los intereses generales por encima de los partidistas".
Asimismo, ha pedido a BNG y PSdeG que "no vengan a hacer demagogia", insistiendo en que la Consellería de Sanidade dedica 2,7 millones a prevención de diferentes adicciones, además de otros 4,5 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos y entidades para este fin.
Sin embargo, no ha hecho referencia la dirigente del PP al informe “demoledor del Consello Económico e Social”, tal y como lo ha definido Iria Carreira, para quien se trata de un análisis “bochornoso” para cualquier Gobierno. En dicho informe el CES habla de un texto “de escasa ambición y valentía” y se centra, en especial, en las “medidas insuficientes” que incorpora.
