El Gobierno de Alfonso Rueda vuelve a estar en entredicho a propósito de la situación de las residencias. En esta ocasión es la Asociación Galega en Defensa do Sistema Público de Dependencia, ASGADED, la que ha mostrado su “preocupación” por la nueva residencia pública de Cruxeiras, en Ribeira (A Coruña) y que responde al modelo de residencias públicas que está creando la Xunta de Galicia. La administración autonómica ha iniciado ya el proceso de los trabajos técnicos para licitar la redacción del proyecto de estas instalaciones que finalmente “contará con 120 plazas, frente a las 100 inicialmente previstas por la Consellería de Política Social”.
El Ejecutivo gallego justifica el incremento de su capacidad, según la Asociación, en “la necesidad de dar respuesta a la demanda de nuevas plazas residenciales para personas mayores por parte de las familias de Ribeira y de los municipios próximos”.
ASGADED, no obstante, pone en cuarentena este argumento, porque, si bien es cierto que la región arrastra una carencia “importante” de este tipo de plazas de carácter público, esto es causa de que “han sido muy escasas las nuevas residencias creadas por la Xunta en los últimos 16 años”. Por ello, los responsables de este colectivo señalan que “la fuerte demanda existente puede y debe atenderse mediante la creación de centros que garanticen la calidad de la atención a las personas que vivan en ellos”, y esto, a su juicio, es “incompatible” con lo que consideran “grandes instalaciones” como la nueva anunciada en Ribeira.
Para La Asociación Galega en Defensa do Sistema Público de Dependencia estas “macroresidencias” son el eje principal del modelo de la Consellería de Política Social. La elección “no responde a criterios de calidad asistencial, sino a la búsqueda de ahorro económico”, según su denuncia, además de perseguir la Xunta “una mayor rentabilidad económica para la empresa privada que gestionará el nuevo centro residencial”. En este sentido han asegurado que “todo apunta” que este nuevo espacio “seguirá un modelo de gestión privatizada, como todo lo que está promoviendo la Xunta de Galicia”.
Como en otros supuestos, también en este sector, muchas de las compañías que se dedican a la gestión de este tipo de instalaciones están vinculadas a grandes fondos de inversión, y es aquí donde reside el quid de la cuestión, según ASGADED. “Un mayor tamaño de los centros facilita extraordinariamente una economía de escala que los hace más rentables económicamente, sin que la evidente contradicción entre negocio y calidad de los cuidados les preocupe”, aseguran sus responsables en un comunicado.
Acuerdo incumplido
El actual Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 28 de junio de 2022, respecto al número de plazas en las residencias fija que “no podrán superar las 75” de carácter residencial “cuando se encuentren situadas en zonas rurales o escasamente pobladas”, mientras que no podrán ser más de 90 si están “en localidades o zonas de densidad intermedia”, llegando a no rebasar las 120 plazas si su ubicación es “en ciudades o zonas densamente pobladas”. Según la Asociación, es evidente que “una residencia en Ribeira no debería superar las 90 plazas”, tal y como establece esta normativa.
A lo anterior se añade el hecho de que el mismo Acuerdo aboga por la organización de los centros en unidades de convivencia reducidas, de 15 personas como máximo. Esto es así, según recuerdan, para “crear entornos más humanos y similares a un hogar, favoreciendo así una atención centrada en la persona”.
Precisamente, a raíz de la pandemia, se consensuó que criterios como los de centros más pequeños y estructurados en unidades de convivencia de tamaño reducido deben ser los pilares del nuevo modelo de cuidados. Sin embargo, “la Xunta de Galicia aún no ha adaptado su normativa a estas directrices ni ha incorporado estos avances de manera efectiva”, denuncian.
Por todo lo anterior, ASGADED apuesta por la creación de centros de menor tamaño porque “no solo mejora la calidad de la atención, sino que también favorece la proximidad, permitiendo a las personas usuarias permanecer en su entorno habitual y reduciendo el aislamiento social”.
De igual modo, este tipo de modelo de residencias pequeñas ayuda a la “dinamización de la economía local, fomenta el empleo de proximidad y ayuda a fijar población en zonas rurales y semirrurales”.
En el lado opuesto se encuentra el modelo de la Xunta de los macrocentros que “tienden a la despersonalización de la atención y dificultan la creación de un ambiente verdaderamente acogedor y familiar”.
