En medio de la polémica por la posible instalación que, a la vista de las declaraciones de miembros del Gobierno de la Xunta parece hecho, de la factoría de Altri en la zona de Palas de Rei, en la provincia de Lugo, definida ya por los colectivos contrarios como macrocelulosa, al Ejecutivo de Alfonso Rueda le surge otro problema similar.
En realidad no es nuevo, sino que se trata del resurgir de un proyecto ya antiguo que puede salir adelante tras un movimiento de la empresa Atalaya Mining y el correspondiente respaldo de la administración autonómica.
Hace unos días fue el propio Alfonso Rueda el que informó de que la explotación de la mina de Touro-O Pino (A Coruña) pasa a ser considerado proyecto industrial estratégico para la Xunta de Galicia. La decisión no es menor, puesto que supone echar por tierra los motivos que en los últimos años llevaron a la administración regional a rechazar esta iniciativa dedicada a la extracción de cobre por razones medioambientales.
Según señaló Rueda a modo de justificación, el nuevo proyecto presentado por Atalaya Mining cumple los criterios relacionados con el impacto ambiental, lo que abre la posibilidad para una mina que supondrá, como resaltó el mismo presidente gallego, una inversión de 200 millones de euros y la creación de casi 400 puestos de trabajo.
Sin embargo, los colectivos y asociaciones que hace años iniciaron una importante batalla contra esta explotación minera, no ven con buenos ojos su reactivación.
Hace siete años recibió una respuesta social contundente. Hoy mismo Ecoloxistas en Acción recuerda que cuando en 2020, después de tres años de pelea, se denegó el proyecto para la puesta en marcha de la mina de Touro “el partido del Gobierno (PP) con sus conselleiros a la cabeza se alegraron mucho de anunciar que tal e como estaba redactado non se garantizaba a sostenibilidade ambiental”. Además, también entonces, informaban a bombo y platillo de que la explotación “contaba con informes desfavorables e insalvables", tanto de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia.
Precisamente, estos últimos hacían referencia a que provocaría una grave afección a la "calidad de las aguas" de los municipios de O Pino y Touro. Incluso, en aquellos informes que denegaban la autorización de explotación, indica Ecoloxistas que señalaban que "si hay un desastre no se garantiza la protección de una Zona de Especial Conservación (ZEC)”, según se afirmaba desde la propia Consellería de Medio Ambiente.
Giro radical
Ahora, con el respaldo claro de Xunta a la mina de Touro y, a pesar de que el propio conselleiro de Economía, Emprego e Industria, de entonces, Francisco Conde, llegó a comparecer en sede parlamentaria “para comprometerse a exigir” a la empresa titular de los terrenos que ocupa la mina “un plan de restauración de las aguas”, todo parece dar un giro radical. La organización ecologista asevera que esas intenciones del Gobierno autonómico “no se cumplieron”, recordando que en todos estos años han denunciado en “reiteradas ocasiones” que nunca se acometió “el proyecto integral de drenage de las augas ácidas de mina”.
Ecoloxistas lo tiene claro y vuelve a insistir en sus quejas. Los ríos fluyen del entorno de la mina “siguen en un estado lamentable de contaminación y turbidez”. La organización ha presentado una nueva denuncia ante los tribunajes “en la que se demuestra” esta contaminación.
La decisión de la Xunta de Galicia de declarar la explotación de la mina de Touro – O Pino como proyecto industrial estratégico supone una agilización de los trámites de manera notable.
La compañía que la impulsa, sin embargo, choca de lleno con las quejas de los colectivos que se oponen a la misma. Así, la empresa, a través de un comunicado, deja claro que se trata del primer proyecto “de producción de cobre sostenible gallego”, asegurando que está llamado “a convertirse en un referente en minería sostenible en Europa y en un hito para la industria gallega”.
Su CEO, Alberto Lavandeira, tras decir que es “una gran noticia” la consideración de al Xunta, ha subrayado que el proyecto de Cobre San Rafael “ha sido construido desde el escrupuloso cumplimiento legal, la excelencia tecnológica y la escucha al territorio”. En materia medioambiental afirma que se trata de una “propuesta modélica en términos de sostenibilidad”. Igualmente, confirma que la compañía ha tenido en cuenta “todas las alegaciones presentadas al anterior proyecto, los informes sectoriales” y presume de haber contado con “la imprescindible participación ciudadana”.
A la vista de la denuncia que Ecoloxistas dice que ha presentado hoy, parece que la respuesta social, sin embargo, no ha cesado.
Cobre San Rafael asegura que se trata de un nuevo proyecto
Por su parte, Cobre San Rafael asegura que tiene como objeto la construcción de un nuevo proyecto de producción de cobre sostenible para el yacimiento de Touro-O Pino. Así, aseguran que la empresa no opera ni gestiona la mina, ni es responsable de los pasivos ambientales heredados de las operaciones históricas. A pesar de ello, y como parte de su apuesta por contribuir proactivamente a una mejora ambiental y social de la comarca, Cobre San Rafael ya ha invertido 3,4 millones de euros para drenar, canalizar y recuperar las aguas de la antigua mina con una planta de tratamiento, una demanda histórica de los vecinos y de las autoridades competentes.
Estas acciones son un adelanto de la restauración integral del entorno que el proyecto tiene diseñada en paralelo a las operaciones, conformándose como una gran oportunidad para impactar positivamente en su entorno ambiental, defienden desde la compañía. Así, aseguran que todas estas medidas implementadas tendrán un 100% de efectividad cuando el proyecto esté operativo, a pesar de las grandes mejoras que ya se pueden percibir y medir. Por el contrario, las acusaciones sobre la situación de los ríos por parte de Ecoloxistas en Acción no están fundamentadas en ningún dato. Desde la empresa mantienen que el nuevo proyecto no es público aún y que cualquier valoración de este se está haciendo sin conocer su contenido, y por tanto desde el prejuicio en contra de la minería y al desarrollo industrial en general." Frente a esto es difícil oponer fundamentos técnicos y científicos como los que propone nuestro proyecto", reiteran desde la compañía.
Igualmente, aseguran que no se está intentando resurgir ningún proyecto no aprobado, porque el proyecto que está ahora sobre la mesa es nuevo. La mina actual no ha sido declarada proyecto estratégico, sino la mina del futuro, la que está proyectando Cobre San Rafael. Así, explican que el gobierno gallego, dentro de sus funciones, ha tramitado esta iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico (PIE) porque es estratégica para el futuro energético e industrial de la tierra; porque cumple los requisitos de inversión de más de 20 millones de euros y de creación de 100 empleos (Cobre San Rafael invertirá 200 millones y creará 400 empleos); y complementa cadenas de valor en sectores estratégicos y alineados con los objetivos de la Unión Europea (el cobre está en el listado de minerales críticos y esenciales publicado por la UE).
Desde Cobre San Rafael mantienen que se trata de un proyecto nuevo y que tampoco se denegó la autorización ambiental al anterior porque este fuera a provocar una grave afección a las aguas o al medio ambiente, sino porque se entendió que no se justificaba suficientemente que no lo fuera a hacer. Asimismo, reiteran que en ningún caso la Xunta de Galicia y su presidente han justificado el PIE asegurando que el proyecto cumpla los criterios relacionados con el impacto ambiental porque, "a día de hoy, no hay Declaración de Impacto Ambiental, ni positiva ni negativa". Asimismo, mantienen que el procedimiento para evaluar los PIE, aunque pretende reducir los plazos, es igual de exigente en términos de evaluación, requerimientos, garantías y transparencia.
Mantener una posición contraria a la minería en general y a este proyecto en particular, como hacen las organizaciones ecologistas, es legítimo, defienden desde Cobre San Rafael. No obstante, esto no significa que esta posición sea representativa de la del resto de la sociedad, y en especial de los vecinos del entorno del proyecto. En esta línea, aseguran que en el evento de presentación del proyecto, realizado en diciembre de 2023, participaron 4.000 personas de Touro y O Pino, de una población conjunta de 8.000 personas.
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