ElPlural.com accede a los documentos judiciales que prueban como Gonzalo Durán instrumentalizó el Juzgado de Paz de Vilanova de Arousa para ocultar las notificaciones judiciales relativas a las deudas del patrimonio familiar, a su hermano J.J. Durán.
Mientras, "vaciaba a su favor" el dinero de la cuenta a nombre de su madre, que recibía mensualmente los ingresos de los alquileres del patrimonio familiar y desde la que se tenían que pagar las obligaciones económicas relativas a estos catorce inmuebles que posee la familia en Santiago de Compostela, y nunca se hizo, se encargó el regidor de ello. Ahora, podría enfrentarse a un horizonte penal de 10 años de cárcel por una posible triada de delitos graves.
La caída de Gonzalo Durán, el eterno "Caudillo" de Arousa, trasciende la esfera pública y apunta a un conflicto en lo privado con recorrido judicial y posibles implicaciones penales.
Tras tres décadas de mando ininterrumpido en Vilanova, el regidor del PP se enfrenta ahora a su escenario más oscuro: una demanda que, entre otros muchos asuntos, revela cómo, presuntamente, utilizó su poder de influencia en las instituciones para dejar a su propio hermano en la estacada económica.
El documento de la traición: El "Muro de Silencio" en el Juzgado de Paz
La exclusiva de este diario radica en los documentos aportados al Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Santiago de Compostela en el marco de la demanda civil contra el alcalde de Vilanova. El 26 de mayo de 2023 marca el inicio de su "silencio informativo judicial".
En una comparecencia oficial en sede judicial, Gonzalo Durán realizó una maniobra maestra de distracción jurídica: se presentó ante la magistrada y asumió formalmente la obligación de trasladar personalmente todas las notificaciones judiciales relativas al patrimonio familiar, a su madre y a su hermano, J.J. Durán.
Al hacerlo, el alcalde desactivó los protocolos de búsqueda de la justicia respecto a Mª Dolores Hermida, y su hijo J.J Durán. La Jueza de Paz de Vilanova, actuando como una correa de trasmisión, remitía los exhortos del juzgado de Santiago directamente a Gonzalo Durán. Al confiar en la palabra de un cargo público, el Juzgado de Paz no realizó gestiones adicionales para localizar a José Juan Durán, ni a su madre.
Gonzalo Durán utilizó la fe pública del Juzgado de Paz para crear un "embudo informativo": él recibía los papeles en mano y decidía cuáles esconder para que su hermano nunca supiera que existían deudas, una orden de ejecución de embargo, y que ésta era inminente.
El resultado fue una indefensión provocada. Mientras el alcalde guardaba los requerimientos en un cajón, los plazos legales expiraban. J.J. Durán vivía en una falsa tranquilidad, hasta que el 3 de enero del año pasado, se despertó con un embargo de 10.000 euros menos en su cuenta personal.
Cronología de una Emboscada: Las Fechas del Saqueo
Para entender la magnitud del engaño, es necesario cruzar las fechas de los juzgados con los movimientos bancarios:
- 26 de mayo de 2023: Gonzalo firma su compromiso en sede judicial de trasladar a su madre y hermano cualquier notificación judicial acerca del patrimonio familiar, lo que incluye, por supuesto, deudas pendientes, requerimientos... Nace el bloqueo informativo.
- 1 de junio de 2023: Entran los ingresos por alquileres en la cuenta a nombre de su madre. Un dinero que debería destinarse a pagar obligaciones de los pisos como la comunidad de vecinos, impuesto de basuras, IBI…
- 2 de junio de 2023: al día siguiente, Gonzalo Durán retira fondos masivos bajo el concepto de "Nómina". Hay dinero para él, pero no para pagar las obligaciones económicas relativas a estos catorce inmuebles que posee la familia en Santiago de Compostela. La consecuencia: acumulación de deudas pendientes.
- 19 de octubre de 2023: El juzgado dicta la ejecución forzosa por impagos. Gonzalo recibe la notificación y la oculta.
- 3 de enero de 2025: El embargo se ejecuta sobre el patrimonio personal de J.J. Durán, 10.000 euros fue la cantidad que se le embargó, consecuencia de la administración desleal de su hermano. La trampa se ha cerrado.
El hermano contra la espada y la pared:
Mientras Gonzalo Durán movía el timón del patrimonio familiar, su hermano J.J. Durán se encontraba —según la demanda— en la peor de las posiciones: copropietario al 50% de bienes y comunidades, responsable legal ante terceros, pero excluido de facto de la gestión. Cuando explotan las deudas, es él también quien puede verse señalado por las comunidades de vecinos, el Ayuntamiento de Santiago y por Hacienda, pese a no haber decidido sobre el destino de ni un solo euro de las rentas de los inquilinos.
La demanda pretende poner freno a lo que denomina una “sangría” constante, en la que el dinero que entraba cada mes, nunca llegaba a cubrir gastos elementales de los edificios, como la luz de las zonas comunes o el mantenimiento de ascensores, mientras se abría un boquete de decenas de miles de euros en la contabilidad de las comunidades. Cuyas consecuencias están pagando los propios vecinos desde hace años, pero con mayor intensidad a medida que pasa el tiempo, y la deuda no deja de crecer.
En la práctica, J.J Durán, el hermano que no gestionaba el patrimonio, se encuentra ahora “contra la espada y la pared”, obligado a responder por años de una administración desleal que según revela la documentación aportada en la demanda, se atribuye casi en exclusiva al alcalde de Vilanova, y también a su hija mayor.
Una herencia de cristal convertida en un nido de deudas
Mientras el alcalde de Vilanova se preocupaba de que el dinero de los alquileres acabara en sus bolsillos, las obligaciones más básicas de los inmuebles quedaban en el olvido.
Mientras Gonzalo Durán se enriquecía, una vecina que vive en una de las comunidades endeudadas, y que se mueve en silla de ruedas por no poder hacerlo andando, se ha quedado sin ascensor, y por ende sin poder salir a la calle, encerrada en casa hasta que se pueda arreglar ese aparato, que para muchos no supone nada en su vida, y para otros es la condición indispensable para llegar a la rampa de salida al exterior, a la libertad que supone el poder entrar o salir de la vivienda, poder ser independiente.
Es decir, mientras el alcalde se pasea por Vilanova de Arousa en alguno de los coches de alta gama con precios desorbitados, con los que muchos sueñan, pero pocos tienen, y que forman parte de su flota, mientras el regidor invita y disfruta de viajes familiares en la otra punta del mundo, viajes a parques temáticos ubicados en algunas de las capitales más caras de Europa, o comilonas multitudinarias, mientras todo esto ocurría y el alcalde lo aireaba por redes sociales, una vecina que vive en una de las comunidades endeudadas por la gestión del alcalde, y cuya movilidad depende de una silla de ruedas, se quedaba atrapada en su casa, encerrada de forma obligada por no funcionar el ascensor y no poder asumir esa derrama la comunidad.
¿Hasta cuándo seguirá esta vecina sin poder salir de su casa? Ni ella misma lo sabe. Su situación no depende de su voluntad, sino de que la comunidad reúna el dinero necesario para afrontar una derrama que hoy por hoy resulta inasumible. Porque lo único que sí es seguro es el peso de las deudas: impagos cronificados, prolongados durante años, de obligaciones básicas vinculadas a los inmuebles.
Un agujero que, según denuncian los vecinos, no se explica solo por la falta de recursos, sino también por el destino del dinero procedente de los alquileres de las propiedades familiares —fondos que deberían haberse destinado al pago de cuotas comunitarias, tasas e impuestos— y que ayudaría a entender por qué no hay liquidez para reparar un servicio tan esencial como el ascensor.
Todo ello ocurre bajo la gestión que durante años asumió Gonzalo Durán del patrimonio familiar, en un contexto que golpea directamente al día a día los vecinos de las comunidades afectadas en Santiago de Compostela
La deuda acumulada es asfixiante: supera ya los 200.000 euros de agujero financiero entre las cuotas impagadas de tres comunidades de vecinos que suman los catorce pisos propiedad de los hermanos Durán, pero que hasta hace un par de meses gestionaba por su cuenta Gonzalo Durán. Sumados al impago sistemático del IBI y las tasas de basura al Ayuntamiento de Santiago. La deuda supera los 200.000 euros.
El salto a lo penal: El Administrador Judicial como "notario" del delito
Aunque el proceso ha arrancado por la vía civil —con la prioridad de J.J. Durán de frenar el caos y proteger el patrimonio restante—, el cerco judicial está a punto de estrecharse de forma irremediable. La jueza ha designado a un administrador judicial externo que, con plenos poderes, ya ha comenzado a auditar cada entrada y salida de fondos de las comunidades
El papel del Administrador Judicial será ahora el de un forense contable. Su misión no es solo gestionar los pagos a partir de ahora, tiene la obligación de reportar al juzgado cualquier irregularidad previa, auditar cada movimiento sospechoso para redactar un informe que servirá como prueba de cargo y será, en la práctica, la hoja de ruta para la Fiscalía. Es en este punto donde la "vía civil" se convierte en una pasarela directa hacia la justicia penal.
Una vez que el administrador judicial certifique que el dinero de los inquilinos no se usó para pagar las cuotas de comunidad de vecinos, el IBI, las basuras o la luz de las escaleras, sino que acabó en las cuentas personales del alcalde, la querella criminal sería el siguiente paso lógico.
Informe jurídico: La Triada Penal que acorrala al alcalde
Gonzalo Durán no solo se enfrenta al juicio social; se asoma a un horizonte penal que podría sumar 10 años de prisión. Dada la operativa descrita, el regidor de Vilanova podría enfrentarse a penas graves por los siguientes tipos penales:
- Administración Desleal (Art. 252 CP): Por gestionar el patrimonio de su madre y de la herencia compartida perjudicando los intereses de los propietarios y beneficiándose a sí mismo.
Como gestor de facto, permitió un agujero de 200.000 euros en deudas con Hacienda y comunidades de vecinos. El perjuicio es real: su hermano acabó pagando 10.000€ de su bolsillo por la negligencia malintencionada del alcalde.
- Apropiación Indebida (Art. 253 CP): Por hacer suyas las rentas de los alquileres que debían estar destinadas al mantenimiento de las fincas [comunidad de vecinos, Ayuntamiento de Santiago por IBI, e Impuesto de Basuras, y la Hacienda pública].
- Alzamiento de Bienes (Art. 257 CP): Por las presuntas maniobras para desviar los pagos mensuales del alquiler que hacían los inquilinos hacia cuentas familiares, vaciando la cuenta común (dejándola sin fondos para pagar a Hacienda, comunidades de vecinos…) y ocultar los avisos judiciales de embargo a su hermano, Gonzalo puso a salvo el dinero que él mismo se había transferido, dejando que la justicia golpeara el patrimonio de J.J. Durán.
"La suma de estos delitos, agravados por la cuantía y el abuso de confianza familiar, sitúan al alcalde ante un escenario donde la petición fiscal, en un eventual juicio penal, podría dispararse hasta los 10 años de inhabilitación y de pena de prisión"
El "Jaque Mate": La Inhabilitación no es automática, pero sí inevitable
EXISTE UN MATIZ JURÍDICO CRUCIAL: la Inhabilitación Especial para Cargo Público no es una consecuencia automática en delitos patrimoniales privados, pero la acusación tiene el argumento perfecto para exigirla. Al haber utilizado el Juzgado de Paz de Vilanova —una institución ligada a su ámbito de influencia— para orquestar el silencio informativo, Durán ha quebrado la buena fe procesal.
La estrategia jurídica es clara: quien es capaz de instrumentalizar una institución pública para "entrampar" a su propia familia, no posee la idoneidad ética para administrar un euro del presupuesto municipal, es decir, de dinero público.
Si el juez determina que hubo un abuso de su posición para facilitar estos delitos, la inhabilitación será una pena específica en la sentencia. Esto supondría la privación definitiva de su cargo de alcalde.
El silencio cómplice de Alfonso Rueda y Feijóo
Este escenario deja una responsabilidad ineludible sobre las mesas de Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo. El silencio atronador de la cúpula del PP ante un regidor que presuntamente confunde la cuenta de su madre con su propio cajero automático empieza a ser políticamente vergonzoso.
Proteger a un alcalde que se escuda en el Juzgado de Paz para asfixiar a su hermano es un lastre que el PP gallego pagará caro. Vilanova exige aire fresco y la justicia, con cada documento de fondo blanco que sale a la luz, está más cerca de certificar el fin de la impunidad de Gonzalo Durán.
En Vilanova, el silencio que ha imperado durante 30 años empieza a romperse.
Este escándalo estalla en un momento de máxima cercanía personal en la cúpula del PP. Este mismo verano, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se abrazaba a Durán en la celebración de su 30 aniversario como alcalde, un gesto que ahora se vuelve en contra del líder del PPdeG. Tampoco es ajeno Alberto Núñez Feijóo, quien desde Madrid mantiene una histórica buena relación con el regidor de Vilanova.
Más allá de los años de cárcel, el verdadero "jaque mate" político para Durán reside en la inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el momento en que se abra juicio oral por delitos relacionados con la administración desleal o el fraude, su continuidad en la alcaldía será insostenible.
