En política, la línea que separa la casualidad de la contraprestación suele dibujarse en los boletines oficiales. En Vilanova de Arousa, esa línea tiene nombre, apellidos y una fecha grabada a fuego: 5 de abril de 2023. Ese día, mediante una resolución de Alcaldía, Gonzalo Durán sellaba la contratación de Sergio Díaz Calo como personal laboral fijo. Un movimiento administrativo que, analizado en el contexto de la guerra sucia electoral de 2023, adquiere una dimensión de presunto escándalo institucional.
Sergio Díaz Calo no es un vecino cualquiera; es el hermano de Rosalino Díaz Calo, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores. Y su entrada en la nómina fija del Ayuntamiento se produjo apenas 30 días después de que su hermano, el Patrón, acudiera a la Fiscalía para interponer la denuncia por supuesta corrupción contra la candidata socialista, María José Valés [PSdG], de la que se sirvió Gonzalo Durán [PP], candidato popular, en su campaña electoral en mayo de 2023. Una denuncia que antes de celebrarse los comicios ya estaba archivada por el juzgado a petición de fiscalía.
La cronología del intercambio: un reloj de precisión
El "pacto de silencio" o de favores que ahora sobrevuela el consistorio se apoya en un cronograma que difícilmente deja lugar al error:
- Marzo de 2023: El "Regalo" Judicial. Rosalino Díaz denuncia a María José Valés ante la Fiscalía. Es el "kilómetro cero" de la campaña de Durán. Sin esta denuncia, el alcalde no tenía relato. Una denuncia que sería archivada tres días antes de finalizar la campaña electoral, y que el regidor no dejó de usar hasta el último día y posteriormente. Y de hacerlo de forma pública, ante medios de comunicación, y en lugares públicos como las redes sociales o más institucionales como el Ayuntamiento. Todo vale para Durán.
- Abril de 2023: El "Pago" Administrativo. Contratación pública: Solo un mes después, el alcalde firma la resolución (publicada en el DOG el 28 de abril) para contratar al hermano del Patrón como personal fijo del Ayuntamiento.
- Mayo de 2023: La Ejecución Política. Durán exprime las diligencias contra su rival en campaña electoral, usándolas como única bandera. Acusa a Valés de delitos gravísimos de corrupción cometidos presuntamente en su etapa como patrona mayor de la cofradía.
- ¿Se necesitaban mutuamente? La respuesta parece escrita en los hechos: el Patrón necesitaba estabilidad laboral para su familiar y el alcalde necesitaba una denuncia para aniquilar civilmente a su rival política. Todo apuntaría a que: Cada uno le hizo al otro el favor que necesitaba en el momento exacto.
Sergio Díaz Calo [hermano del Patrón Mayor]: ¿La nómina como moneda de cambio político?
La investigación de ElPlural.com ha puesto el foco en el Diario Oficial de Galicia (DOG) Núm. 82, del 28 de abril de 2023. En sus páginas se oficializa lo que a todos ojos es un secreto a voces: el presunto pago por la denuncia que marcó las elecciones.
Sergio Díaz Calo, hermano del Patrón Mayor, vio regularizada su situación laboral de forma meteórica. Mediante una resolución de alcaldía firmada por Gonzalo Durán el 5 de abril de 2023, fue nombrado Personal Laboral Fijo en la categoría de Operario.
El perfil de la plaza: el "comodín" del clientelismo
Para entender la gravedad del asunto, hay que analizar qué es un "Operario" en la administración local. Se trata de un puesto encuadrado en las Agrupaciones Profesionales (antiguo Grupo E). Sus requisitos son mínimos:
- Sin estudios: No se exige estar en posesión de ninguna titulación prevista en el sistema educativo (ni Graduado en ESO, ni Bachillerato). Basta con el certificado de escolaridad.
- Sin examen técnico: Al ser un proceso de "estabilización" por concurso de méritos (Ley 20/2021), se elimina el examen técnico. La plaza se otorga "a dedo" camuflado bajo la antigüedad previa acumulada, un factor que en el ayuntamiento de Durán —con tres décadas de mando ininterrumpido— se gestiona en los despachos, no en las academias.
Esta ausencia de filtros académicos convierte estas plazas en el instrumento perfecto para el favor político. No se necesita un perfil brillante ni un experto en gestión; solo se necesita un decreto y una firma.
Sin embargo, Para que Sergio Díaz Calo haya podido ser nombrado fijo sin realizar un examen (a través del sistema de "concurso de méritos" que menciona el texto), la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (conocida como "Ley Iceta") establece unos requisitos muy específicos de antigüedad:
- Plazas ocupadas antes de 2016: Para evitar el examen (oposición) y pasar directamente por valoración de méritos (antigüedad), la plaza de Sergio Díaz Calo debía estar ocupada de forma temporal e ininterrumpida desde, al menos, antes del 1 de enero de 2016.
- Mínimo de 7 años: En el momento de la firma de la resolución en abril de 2023, el beneficiario debía llevar trabajando en ese puesto como interino o laboral temporal más de 7 años.
- El truco del "fraude de ley": Esta ley se diseñó para "estabilizar" a trabajadores que llevaban años en situación precaria. Sin embargo, en ayuntamientos controlados por el PP durante décadas, se utiliza con frecuencia para convertir en fijos a personas que entraron de forma discrecional (como eventuales o por planes de empleo) años atrás, esperando el momento legal idóneo para "blindarlos" con una firma de alcaldía.
La "Escuela Baltar" (Ourense): el ejemplo supremo
Si hay un lugar donde el PP ha convertido una institución en una "finca particular", es la Diputación de Ourense. Bajo el mando de José Luis Baltar (y luego su hijo), se documentó que al menos 400 de los 1.000 empleados de la institución eran cargos o familiares directos del PP.
El método: Se utilizaba la contratación temporal masiva en vísperas de congresos del partido o elecciones para asegurar la lealtad de los compromisarios. Luego, mediante procesos de consolidación "a medida", se les blindaba en la plantilla.
Para ser fijo por concurso de méritos en abril de 2023, Sergio Díaz Calo tenía que haber estado en el Ayuntamiento de Vilanova trabajando desde 2015 o antes. La pregunta es: "¿En qué fecha exacta y por qué proceso de selección entró este señor a trabajar en el ayuntamiento antes de 2016?".
Durán blindó de por vida al hermano de su aliado más valioso justo en el mes en que la denuncia de este último estaba en su punto álgido de uso electoral.
El Patrón deja solo a Durán ante la jueza
El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, Rosalino Díaz Calo, el hombre que en marzo de 2023 sirvió en bandeja de plata la denuncia que permitiría a Durán retener la mayoría absoluta, rompió el pacto de silencio. Ante la magistrada, y bajo la amenaza penal del falso testimonio, Rosalino fue contundente: “Todo lo que dice el alcalde no es cierto”. De esta forma realizó un movimiento inesperado: dinamitó la coartada del alcalde.
Con estas palabras, Rosalino desmentía haber facilitado documentos o actas de la Cofradía a Gonzalo Durán. Esta declaración deja al regidor del PP en una posición de extrema vulnerabilidad penal.
Si el Patrón —su principal aliado— niega haberle dado la información… ¿De dónde sacó Durán los documentos para acusar a María José Valés PSdG] de corrupción durante la campaña electoral? La sombra del montaje y la obtención ilícita de documentos se alarga sobre el despacho de la alcaldía.
¿Cambio de cromos?
El alcalde de Vilanova necesitaba un escándalo y el Patrón se lo sirvió en bandeja de plata utilizando una gestión ordinaria administrativa como si fuera un saqueo de fondos públicos.
Hoy día, los hechos denunciados contra Vales [PSdG] están archivados hasta en dos ocasiones por el juzgado a petición de fiscalía. De esta forma, la denuncia de Rosalino Díaz queda retratada como lo que fue: un peaje político.
Un favor que permitió a Durán retener la alcaldía y que, casualmente o no, coincidió con la entrada del hermano del Patrón en la nómina municipal. La justicia tendrá ahora que decidir si esta forma de "gestionar" denuncias a la carta para mantener privilegios y ganar elecciones es compatible con el ejercicio de un cargo público.
Instrumentalizar la Justicia: un delito de guante blanco
La gran cuestión que debe resolver ahora la instrucción es si estamos ante un caso de instrumentalización de la justicia con fines partidistas. Devolverse favores personales utilizando plazas de empleo público (pagadas con los impuestos de los ciudadanos) para alimentar denuncias que la propia Fiscalía terminó archivando por falta de pruebas es la definición técnica de una democracia enferma.
Para un cargo público como Gonzalo Durán, este "intercambio de cromos" no solo supondría un problema ético, sino que podría derivar en delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Haber convertido la campaña electoral en un paredón de fusilamiento basado en una denuncia "de encargo" es lo que hoy le mantiene investigado por injurias y calumnias.
El silencio del PP: ¿cómplices del fango?
Mientras tanto, la cúpula del PP gallego mira hacia otro lado. Resulta inverosímil que Alfonso Rueda ignore que su alcalde de cabecera en la comarca estaba contratando a familiares directos de su principal testigo de cargo en plena precampaña.
El archivo de la denuncia contra Valés —solicitado por el Fiscal Juan Carlos Aladro solo cuatro días antes del cierre de campaña— certificó que el "fango" era inconsistente. Pero el objetivo de Durán ya se había cumplido: revalidar la mayoría absoluta mediante el uso de una justicia a su antojo. Hoy, con la transcripción de la declaración del Patrón en la mano y el contrato de Sergio Díaz Calo sobre la mesa, el castillo de naipes de Gonzalo Durán empieza a desmoronarse.
Vilanova no solo asiste al final de una era política, sino al descubrimiento de un sistema donde el favor personal se pagaba con el dinero de todos.
Responsabilidad Judicial y Política: el fin de una era
Gonzalo Durán encara ahora un horizonte penal sombrío. A la querella por calumnias se suma la sombra de la prevaricación por la contratación del hermano del Patrón y la posible obtención ilícita de documentos de la Cofradía. Judicialmente, la declaración del Patrón le deja sin la "buena fe" necesaria para defenderse.
Políticamente, la pelota está en el tejado de Alfonso Rueda. El silencio del PP gallego ante un alcalde que presuntamente "compra" denuncias electorales con plazas de funcionario es un lastre para la democracia. Vilanova ya no asiste a una disputa política, sino al desmoronamiento de un régimen que confundió el Ayuntamiento con su cortijo familiar y la Justicia con su equipo de marketing.
