Mañana, 25 de marzo, el reloj de la impunidad de Gonzalo Durán podría detenerse definitivamente. El Patrón Mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, declarará en sede judicial en calidad de testigo: mentir ante la magistrada le supondría incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con penas de prisión.
Su testimonio debe aclarar si el alcalde utilizó la estructura de la Cofradía como una sucursal de su equipo de campaña para sembrar sospechas de malversación y decantar los votos mediante el fango mediático.
La relevancia de este testimonio es capital y genera un pánico evidente en el entorno del alcalde. Rosalino Díaz podría demoler la estrategia de defensa de un alcalde que ha gobernado bajo el estandarte del ruido y la descalificación.
El Patrón Mayor tiene la obligación legal de decir la verdad: mentir ante la jueza le supondría incurrir en un delito de falso testimonio.
El "Caudillo" de Arousa ya no solo lucha por mantener su hegemonía política tras tres décadas de mando ininterrumpido; ahora se sitúa ante la amenaza real de un colapso judicial que apunta directamente a su inhabilitación y a un horizonte penal sombrío. La tensión en las Rías Baixas se corta con cuchillo ante la inminente comparecencia de Rosalino Díaz en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía.
El Patrón Mayor no acude a los juzgados para un trámite de cortesía: comparece con la obligación legal de decir la verdad, una circunstancia que amenaza con certificar que las gravísimas acusaciones de corrupción vertidas por el regidor del PP contra su rival socialista, María José Valés, fueron un montaje electoral sin base documental.
El 25 de marzo: el día que la "verdad judicial" se impone al relato político
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, doña Sofía Leonor Castro Verdes, ha marcado en el calendario el 25 de marzo como el punto de inflexión de esta instrucción. Es el momento en que la coartada de Gonzalo Durán se enfrenta al espejo de la realidad.
Esta citación es el resultado de la querella interpuesta hace dos años y medio por la concejala socialista María José Valés, quien llevó al regidor ante la justicia por presuntos delitos de injurias y calumnias tras una campaña de desprestigio personal sin precedentes en la política local.
El testimonio de Rosalino Díaz debe aclarar si el alcalde utilizó la Cofradía como una sucursal de su equipo de campaña para decantar los votos mediante el fango.
Se trata de una cita que amenaza con desmontar el relato del regidor del PP. A diferencia del investigado, el Patrón Mayor acude con la obligación legal de decir la verdad, un matiz que puede ser letal para la defensa de Durán.
Su testimonio será determinante para esclarecer si el alcalde actuó movido por una obligación real de denunciar irregularidades o si, por el contrario, instrumentalizó la Cofradía como una herramienta de guerra electoral para ganar los comicios mediante el juego sucio.
Y no hay que olvidar que la utilización del aparato judicial no para condenar, sino para desgastar políticamente y acabar con el adversario, es una táctica basada en el juego sucio que ya ha empleado más veces el PP. Desprestigiarla como candidata, acabar con su principal rival en las municipales vertiendo sobre ella acusaciones falsas o directamente inexistentes, imposibles, y lanzándole amenazas públicas como esta: “Lo mejor que podía hacer era dimitir, ponerse en manos de la justicia y pedir clemencia; pactar antes con la Fiscalía la condena, porque va a acabar muy mal”, decía Durán. Y precisamente, fue la Fiscalía la que solicitó el archivo del procedimiento.
El Patrón Mayor de la cofradía de pescadores en el punto de mira…
El 7 de marzo de 2023, el patrón mayor pone en conocimiento del Ministerio Fiscal unos hechos ocurridos en el seno de la Cofradía de Pescadores de Vilanova, que él cree que son constitutivos de delito. Esta decisión no la informa al conjunto de los miembros de la Junta General de la Cofradía. No cuenta con su autorización.
La causa contra la socialista acaba archivada a las pocas semanas por el juzgado a petición del fiscal jefe de Pontevedra en ese momento, Juan Carlos Aladro, casi al final de la campaña electoral de las municipales en mayo de 2023.
El 20 de ese mes, la Fiscalía puso en conocimiento del alcalde de Vilanova el archivo de la causa judicial en la que se vio inmersa la candidata socialista, María José Valés, por error. La decisión de hacer partícipe al regidor del carpetazo que la justicia había dado al procedimiento tenía un objetivo claro: que él hiciera lo mismo. Que cesara en las difamaciones sobre su rival porque la socialista NO tenía cuentas pendientes con la justicia. Y ahora habría que preguntarse… ¿Cesó el alcalde en sus acusaciones delictivas contra Valés tras el archivo de la causa? NO.
Fíjense si no ha dejado de señalar a la socialista que, dos años y medio después del archivo, el 19 de octubre de 2025, Durán se reiteraba en sus afirmaciones públicamente, en medios de comunicación locales y redes sociales: "durante su etapa [ocho años] como patrona mayor de la Cofradía se cogió dinero de la caja” y añadía: “existe un malestar en el pueblo al respecto de asuntos como la venta de almeja fuera de lonja, salarios que iban a devolver y no devolvieron, la externalización del servicio de grúas en el puerto, cobros irregulares…”.
El acta de la Cofradía que desmiente punto por punto al "Caudillo" de Vilanova
El 29 de mayo de 2023 tuvo lugar una reunión de la Junta General de la Cofradía de Pescadores, en la cual el Patrón Mayor, ROSALINO DÍAZ, desmiente claramente la versión ofrecida por el investigado GONZALO DURÁN en sede judicial cuando indica que: “él no denunció a nadie y menos a la expatrona mayor… Que lo único que hizo fue ponerlo en conocimiento de alguien en el juzgado para que investigase, lo que dice la prensa no es cierto… Que él no puso denuncia contra personas en concreto… El Patrón Mayor niega que fuese él quien le dio la copia de las diligencias al alcalde.”
El documento oficial de la Cofradía, al que ha tenido acceso este periódico, deja al alcalde en una situación crítica: no existe acuerdo alguno de los órganos colegiados (Xunta Xeral o Cabido) para autorizar denuncia alguna ante la Fiscalía. La certificación confirma, además, que ningún asesor jurídico de la institución participó en la redacción de unas acusaciones que carecen de respaldo institucional.
Esta orfandad documental deja a Durán a la intemperie. Si la Cofradía no avaló sus ataques sobre "dinero de la caja", "ventas fuera de lonja" o la externalización de las grúas, ¿en nombre de quién hablaba el alcalde? El 25 de marzo, Rosalino Díaz tendrá que aclarar si el regidor le "tiró una patata caliente" que la institución nunca quiso cocinar, mientras se estrecha el cerco sobre la denuncia que tramita e instruye el sargento de la Guardia Civil.
El "modus operandi" de la infamia: resucitar causas zombis para asfixiar al rival
Uno de los capítulos más inquietantes y que mejor definen el "modus operandi" de Durán es el uso instrumental de la denuncia que tramita e instruye el sargento de la Guardia Civil. Este procedimiento fue el "clavo ardiendo" al que el alcalde se aferró el pasado verano para lograr un aplazamiento estratégico de su propia declaración judicial, presentándolo ante la opinión pública como la prueba irrefutable de que sus ataques contra Valés tenían un respaldo policial de primer nivel.
La denuncia del sargento resucitó hechos ya archivados en dos ocasiones anteriores por la Fiscalía sin aportar ni un solo indicio novedoso.
Sin embargo, lo que antes era un baluarte hoy es una fuente de silencios sospechosos. Preguntado en sede judicial por la jueza, el regidor del PP ha borrado de su memoria de forma milagrosa aquellas diligencias de las que tanto rédito político obtuvo en plena campaña electoral.
La acusación particular, ejercida por Valés, ha solicitado formalmente que se escuche el testimonio del sargento para aclarar los entresijos de dicha denuncia. Resulta escandaloso que la magistrada aún no se haya pronunciado sobre esta diligencia, vital para determinar si hubo una instrumentalización partidista de un cuerpo de seguridad del Estado.
Gonzalo Durán pasó de usar una denuncia contra su rival socialista tramitada por un sargento de la Guardia Civil como defensa, a "no recordar nada" cuando tuvo que declarar ante la magistrada.
La denuncia que tramita e instruye el sargento recogía hechos que, según la documentación que ya obra en la causa, habían sido archivados en dos ocasiones anteriores a petición de la propia Fiscalía. Resucitar penalmente cuestiones ya descartadas por la justicia, sin aportar un solo elemento probatorio nuevo, apunta directamente a una coreografía diseñada para prolongar la sospecha sobre la socialista y dar una apariencia de legalidad a las descalificaciones del alcalde.
El 25 de marzo, el Patrón Mayor deberá explicar si esa denuncia fue una iniciativa legítima de la Cofradía o un "traje a medida" confeccionado para asfixiar políticamente a Valés.
El desmentido de la Cofradía: ni acuerdos, ni "grúas", ni amparo legal
Este papel oficial de la Cofradía de Pescadores de Vilanova no es un simple certificado; es la prueba de que Gonzalo Durán camina por un desierto de soledad jurídica y política. Si, como certifica la secretaria institucional, jamás existió un acuerdo de la Xunta Xeral o el Cabido para denunciar a Valés ante la Fiscalía, ¿en nombre de quién hablaba el regidor cuando la señalaba por "saquear la caja", por "ventas de almeja fuera de lonja" o por supuestas tramas oscuras en la externalización del servicio de grúas en el puerto?
La secretaria de la Cofradía certifica que no existe acuerdo oficial para autorizar denuncias contra la socialista María José Valés.
El próximo 25 de marzo, Rosalino Díaz tendrá que responder a una pregunta que quema en el puerto: ¿Le cargó el alcalde con una "patata caliente" institucional para la que la Cofradía nunca le dio permiso? Aquí es donde la denuncia que tramita e instruye el sargento de la Guardia Civil aparece como el combustible necesario para revestir de seriedad unos ataques que la propia Secretaría de la institución desmiente categóricamente.
El olor a "juego sucio" electoral es ya insoportable. Durante el "sprint" final de las elecciones, Durán no dudó en utilizar el escándalo de las grúas y los salarios de la cofradía para destruir la reputación de su adversaria. Pero la realidad es tozuda: ni los órganos rectores autorizaron la ofensiva, ni sus servicios jurídicos asesoraron en una redacción que parece diseñada exclusivamente para los intereses del Partido Popular. Durán no buscaba justicia para los marineros; buscaba la eliminación de quien osaba disputarle la alcaldía.
EL OTRO FRENTE JUDICIAL ABIERTO: un agujero de 200.000 euros (que podría ascender mucho más) en el patrimonio familiar
Pero el calvario de Gonzalo Durán no termina en las injurias contra su rival socialista. Mientras intenta zafarse del frente criminal en Vilagarcía, en Santiago de Compostela se le ha abierto otro frente judicial que amenaza con arruinar su futuro y el de su hija. A la querella de Valés se le ha sumado una demanda civil por la gestión de la herencia familiar que ha forzado algo inédito: el nombramiento de un administrador judicial para auditar cada céntimo que ha pasado por sus manos.
Un patrón de conducta: del "saqueo" familiar al caos municipal
El agujero de 200.000 euros no es una cifra aislada, sino el reflejo de una forma de gestionar el dinero ajeno. Los extractos bancarios en poder del juzgado revelan que Gonzalo Durán utilizó la cuenta de su madre como un "cajero automático" particular. Mientras desviaba fondos bajo el concepto de "NÓMINA" hacia su cuenta y la de su hija, dejaba una ristra de deudas con Hacienda y el Ayuntamiento de Santiago.
Vilanova arrastra una deuda de 5 millones de euros y un bloqueo sistemático de los pagos que asfixia a las pymes locales.
Este patrón se repite en su gestión pública. Mientras en casa dejaba de pagar a las comunidades, en el Ayuntamiento de Vilanova la situación es de asfixia. El municipio arrastra una deuda comercial de 5 millones de euros y un retraso en el pago a proveedores (PMP) que asfixia a las empresas locales. La estrategia es idéntica: vender una imagen de "deuda cero" con los bancos mientras los cajones se llenan de facturas impagadas y el patrimonio común se degrada.
Vecinos "secuestrados" y un hermano "acorralado"
Las víctimas civiles de esta trama son, por un lado, los propietarios de las comunidades de vecinos de Santiago. Familias que ven cómo sus edificios pierden valor, con ascensores parados y goteras sin reparar, porque el administrador de facto —el alcalde— se negaba a pagar las cuotas comunitarias de los inmuebles propiedad de su madre [90 por ciento ella y 5 por ciento cada hijo], y que tras su muerte hace un año pasaron a sus hijos al 50 por ciento cada uno.
El alcalde podría enfrentarse a posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes que conllevan penas de hasta diez años de cárcel.
Por ello, su hermano, José Juan Durán, se encuentra en una situación crítica. Al ser copropietario legal pero haber sido excluido de la gestión real, se halla ahora acorralado por las notificaciones de embargo y las demandas de los acreedores. La demanda interpuesta busca precisamente frenar esta "sangría" y protegerse de una responsabilidad legal que Gonzalo Durán habría generado actuando a espaldas de su propia familia.
El "pasillo" a la vía penal: diez años de prisión
El nombramiento de un administrador judicial ha cambiado las reglas del juego. Ya no es una palabra contra otra; es un perito del juzgado quien está investigando y certificando el vaciado de las cuentas. Este informe serviría de pasarela directa para que la Fiscalía actuara por posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes que conllevan penas de hasta diez años de cárcel.
El silencio cómplice de Rueda y Feijóo: una responsabilidad ineludible
Este escenario deja una responsabilidad ineludible sobre las mesas de Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo. El silencio atronador de la cúpula del PPdeG y de Génova ante un regidor investigado por injurias, cercado por un administrador judicial y señalado por una gestión patrimonial presuntamente fraudulenta, empieza a ser políticamente vergonzoso.
Resulta difícil de digerir el respaldo público de Rueda, quien este mismo verano se deshacía en abrazos con Durán para celebrar sus tres décadas de mando, mientras los tribunales certifican que el alcalde pudo haber utilizado la mentira institucional y la instrumentalización de la denuncia que tramita e instruye el sargento como estrategia para retener el poder.
Para Feijóo, que mantiene una histórica relación de cercanía con el regidor, mantener el amparo a un alcalde que se escuda en "amnesias" ante la jueza y que ha hipotecado el futuro de su entorno familiar es un lastre reputacional que las siglas del PP no deberían cargar si aspiran a la ejemplaridad.
Proteger a un alcalde que confunde presuntamente la cuenta de su madre con su propio cajero automático es un riesgo que el PP gallego pagará caro. Vilanova exige aire fresco, cambios, caras nuevas, proyectos reales… y la justicia, mañana, 25 de marzo, buscará la verdad que el alcalde parece haber olvidado por conveniencia política.
