El mes de agosto es uno de los más críticos en lo que se refiere a los incendios en Galicia. Parece que este año el fuego no está haciendo de las suyas; sin embargo, la impresión es que el tamaño del golpe que están recibiendo otras comunidades autónomas está tapando en cierta medida los incendios que sí se están registrando.

Es cierto que no están siendo tan catastróficos, pero no es menos real que se producen. Sin ir más lejos, esta misma mañana la Consellería do Medio Rural dio por extinguido el incendio que se inició el sábado en la parroquia de Arnego, en la localidad pontevedresa de Rodeiro. El punto y final de este fuegoi se ha cerrado con cerca de 26 hectáreas calcinadas. No es una superficie muy grande, en comparación con lo que se está viviendo en Huelva o lo que se registró en Madrid y Castilla y León hace unas semanas. Pero este incendio en el sur gallego demuestra que la situación es complicada y se une a otros que se han producido en la provincia de Ourense.

Pero lo que más llama la atención, y así lo denuncian entidades naturalistas, es que a pesar de que estamos en los meses más complicados, la Xunta no ha hecho los deberes. Lo repitió a finales de julio la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, haciendo un llamamiento a la prudencia ante la inacción del Gobierno gallego.

Cabe recordar que hace ahora un año, la región sufrió los episodios de incendios forestales más devastadores de la historia reciente, con los de Oímbra y Larouco, ambos en Ourense como los que mayores daños provocaron.

Ahora, 12 meses después, “pocos cambios se aprecian en las políticas contra incendios de las administraciones”.

Las condiciones meteorológicas cocinan el caldo perfecto para que los peores fuegos esté por llegar. No hay semana en la que varias zonas de Galicia se encuentren en situación de alerta. Hoy mismo, la Xunta ha decretado la alarma por claro en zonas de interior de Pontevedra y de la montaña ourensana, en nivel rojo, bajando a amarillo en el área de Valdeorras en Ourense.

A esto se une la ausencia de lluvias, lo que se traduce en situaciones muy peligrosas. Sin ir más lejos, Adega advirtió hace dos semanas de que en algunos lugares esos “deberes sin hacer” combinan de manera peligrosas con una condiciones de consecuencias imprevisibles. Como ejemplo citaron el de la Mariña lucense, “epicentro de la producción de eucalipto (hasta ahora beneficiado por veranos húmedos)” y que en julio pasado alcanzó los 38º en puntos como Mondoñedo o O Valadouro, “acostumbrados a nieblas y lluvias estivales que este año se desviaron de su pauta habitual sin que se adoptasen medidas especiales”.

La Xunta no actúa

Y es aquí donde acusan al Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda de no actuar. A juicio de sus representantes, la problemática del fuego forestal “requiere políticas ambiciosas y a largo plazo relacionadas con la ordenación del territorio”.

Sin embargo, esto no ha ocurrido en Galicia, “ni siquiera lo mínimo y primordial, es decir, la gestión de la biomasa seca alrededor de las viviendas y vías de evacuación para proteger a la población”, tal y como reconoció la propia administración gallega el mes pasado. “Ni los ayuntamientos, ni la Xunta a través de la Consellería do Medio Rural, están asumiendo esta tarea con seriedad y diligencia, y trasladan cobardemente a los vecinos la responsabilidad de denunciar el estado de parcelas próximas a las casas que incumplen los deberes de conservación”, denunciaron desde la Asociación a finales de julio. Ahora la situación si no es la misma es prácticamente idéntica.

A esto hay que añadir el hecho de que la apuesta por el eucalipto, a pesar de los intentos de limitación que se quedaron en simples anuncios, frente a vegetación autóctona mucho más resistente y resiliente a los incendios, es el combustible perfecto para que los incendios vuelvan a repetirse.

Precisamente, sobre las políticas seguidas con esta especie, Adega ha detectado que las administraciones “toleran sistemáticamente infracciones que incrementan el riesgo de incendio”. En este sentido, ha recordado que, desde el inicio de la moratoria del eucalipto de 2021, “se han presentado cerca de 700 denuncias por plantaciones ilegales, lo que demuestra la renuncia de la Xunta a controlar de oficio el cumplimiento de sus propias normas. De las denuncias presentadas, solo un pequeño porcentaje ha llegado a resolverse”.

Para este colectivo el “dejar hacer” del Gobierno gallego en relación con el eucalipto resulta “aberrante y suicida en un contexto de emergencia climática”.

Es un llamamiento a la prudencia en toda regla o, directamente, una advertencia sobre lo que puede ocurrir en estas semanas de agosto que resta. Y ojo porque en septiembre, Galicia también es propicia para que se den incendios forestales que, con los condicionantes climáticos, serán de última generación y, por lo tanto, más devastadores.

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