El Partido Popular ha optado por apartar a Alberto Durán de la dirección de algunas de las causas judiciales de mayor repercusión en las que está personada la formación política. Durán, responsable de la asesoría jurídica del PP, continuará vinculado a los de Feijóo, aunque dejará de estar al frente de procedimientos como el 'caso Koldo' o las investigaciones que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero y Leire Díez. La representación del partido en estos asuntos quedará ahora en manos de otros abogados.
El relevo se produce después de que Durán haya ejercido como uno de los principales coordinadores del PP con otras acusaciones populares y haya intervenido representando al partido como acusación popular en procedimientos que terminaron con las condenas del exministro José Luis Ábalos y de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El motivo concreto del cambio no ha sido aclarado públicamente, aunque en prensa ya está sonando que el movimiento podría estar relacionado con las diferencias surgidas entre Durán y Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP encargada del área de Justicia, acerca de la estrategia que debía seguir la formación en los tribunales.
Desde Génova, sin embargo, han trasladado a los medios una explicación diferente. El partido encuadra la decisión en un proceso de refuerzo de sus servicios jurídicos mediante la incorporación de especialistas externos. La dirección sostiene que se determinará qué equipo resulta más adecuado para intervenir en cada uno de los procedimientos judiciales.
Trayectoria de Henry Feltenstein y María Massó
Los llamados a sustituir a Alberto Durán al frente de las acciones jurídicas emprendidas por el Partido Popular son Henry Feltenstein y María Massó, ambos especialistas en derecho penal y caras ya conocidas de la formación política.
Desde el año 2006, Henry Feltenstein ejerce como abogado dentro del Colegio de Abogados de Madrid. El letrado es licenciado en Derecho y cuenta también con un Diploma en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Además de ello, posee un Máster en Derecho Privado.
Tal y como expone en su biografía profesional, su práctica profesional se centra en el Derecho Penal Económico, con experiencia en la dirección y desarrollo de procesos penales, investigaciones penales y Compliance Penal. Previamente, ha asesorado a clientes en procesos tales como delitos contra la Hacienda Pública, criminalidad organizada, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra el orden socioeconómico, contra el mercado y otras materias relacionadas. Asimismo, ha defendido a personas afectadas por órdenes de detención y entrega europeas y extradiciones, así como ha asesorado a clientes en investigaciones penales, incluyendo estudio y extracción de evidencias digitales, así como en la implantación y mejora de programas de Corporate Compliance Penal.
A lo largo de los años que viene ejerciendo la abogacía ha trabajado en bufetes como IBIDEM, Suárez de Deza, Choclán o Muñiz Bernuy. Algunos de los procedimientos judiciales en los que ha participado han transcendido a los medios de comunicación, como la defensa que ejerció de la familia Kokorev, acusados de ser testaferros de Teodoro Obiang Nguema; o representar al denunciante de del presunto reparto irregular de fondos en San Bartolomé de Tirajana.
Por su parte, María Massó, que ya asistió al PP en actuaciones del 'caso Leire Díez' y representó al partido en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, cuenta con una trayectoria en la que ha comparecido ante la Audiencia Nacional en numerosas ocasiones para asesorar a clientes y dirigir procedimientos, actuando a veces como abogada defensora y otras como fiscal.
El trabajo de Massó se centra principalmente en el asesoramiento en relación con la acusación o la defensa en casos de delitos corporativos, delitos fiscales, delitos contra la propiedad, el orden público, apropiación indebida, fraude, mala conducta o insolvencia punible, así como en el asesoramiento prelitigio y preventivo en materia de derecho penal y cumplimiento normativo corporativo. De esta manera, participado en la defensa penal tanto de empresas como de particulares en casos de gran repercusión mediática, como el caso Lezo, el caso Rato, el caso Villarejo, el caso Taula, el caso DEFEX, el caso Banco Popular, el caso Gürtel, el caso Rueda, el caso HSBC, Papeles de Bárcenas, SGAE y ERE Andalucía.
Formada en ICADE, la abogada ha pertenico al bufete de Garrigues y, desde hace 18 años, Socia de Penal y Compliance en Baker McKenzie.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
