La decisión del Tribunal Supremo de avalar la obligación de exhibir el certificado Covid para acceder a locales de ocio y restauración de Galicia ha supuesto un duro contratiempo para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se había pronunciado en contra alegando la necesidad de que la Xunta hubiese contado con el visto bueno de los órganos judiciales sobre la idoneidad o no de la medida y su encaje jurídico.

Ahora, el fallo del Supremo conocido ayer es explícito acerca de las razones que argumenta para dar luz verde a la decisión adoptada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en su momento y plasmada, junto a otras medidas, en la Orden del 22 de julio de la administración gallega.

Precisamente, este miércoles se han pronunciado quienes recurrieron dicha Orden ante el TSXG, es decir, los hosteleros de Santiago de Compostela. Estos profesionales decidieron impugnar la medida con el apoyo de hasta 16 asociaciones gallegas del sector pertenecientes a HOSFEGA, Hostalería Federada Galega, y a la Plataforma Galega de Hostalería.

Los hosteleros son también muy claros a la hora de hacer balance de la resolución del Tribunal Supremo. Lo han hecho a través de un breve comunicado en el que, en apenas cuatro puntos, muestran su contrariedad con el fallo y con la forma de proceder de la Xunta.

La principal conclusión a la que llegan es que, a pesar del aval que supone para la obligación de exigir por parte del establecimiento y de mostrar para el cliente el certificado Covid para su acceso, ahora mismo no cabe su aplicación. Esto se debe a que, según dicen, el escrito del Supremo recoge la posibilidad de que la medida pueda ser aplicada “en aquellos territorios con un nivel de incidencia medio-alto o alto”, por lo que con las condiciones que se registran en la actualidad “no tiene sentido su aplicación”.

Del mismo modo, los hosteleros de la capital gallega también se fijan en la falta de unanimidad de la sentencia, en referencia al voto particular emitido por el magistrado Antonio Jesús Fonseca. Este juez, como destacan los representantes del sector, “cuestiona firmemente los argumentos” del fallo del Supremo al indicar que la exigencia del pasaporte Covid afecta de forma "severa, extensa e intensa" a los derechos de igualdad e intimidad, en la línea que utilizó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la orden de la Xunta.

Precisamente, en el comunicado recuerdan que esta resolución del TS recoge la “necesaria obligatoriedad de un aval judicial”, cuestión que el Gobierno autonómico, a través de la Consellería de Sanidade “no practicó”, cuando dictó la Orden de julio pasado. Esta circunstancia, a juicio de los hosteleros, provocó que “tres semanas se nos estuviera obligando a ejecutar una medida ilegal”.

En este sentido, aseguran que el sector nunca se opuso a su aplicación “siempre que fuera de manera ilegal”. Sin embargo, en algunos lugares como Pontevedra, fueron varios los hosteleros que se negaron a exigir el certificado a sus clientes por no estar de acuerdo con la medida.

Una vez más, la justicia se pronuncia sobre una cuestión crucial con demasiada demora, hasta el punto de que, ahora mismo, el certificado no puede ser pedido en ningún punto de Galicia.