Exigen el cese del conselleiro gallego en cuya bodega familiar trabajaban inmigrantes sin papeles

La Xunta de Galicia insiste en que no hay caso alguno en relación con el trabajo de inmigrantes sin papeles en la bodega familiar del conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González. Ayer mismo, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, fue contundente al señalar esto por, según su explicación, "el simple hecho de que el conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa familiar" que es la que gestiona esta explotación, tal y como desveló este martes eldiario.es.

Pazos aclaró, o por lo menos lo intentó, que el alto cargo del Gobierno presidido por Alfonso Rueda "ni es socio ni participa en su dirección ni, por su puesto, participa en nada de lo que tenga que ver con la contratación de la empresa", para concluir, tras alegrarse de que "funcionen los servicios de inspección", que los familiares del conselleiro adoptarán "las medidas legales oportunas". 

Sin embargo, esa doble vara de medir del Partido Popular es la que recuerdan desde la oposición que no dudan en darle toda la importancia a un episodio que califican de gravísimo.

Desde el Bloque Nacionalista Galego, su viceportavoz en la cámara autonómica, Olalla Rodil, ha pedido el "cese inmediato" del conselleiro por la noticia conocida ayer y que vincula a la bodega familiar del titular Empleo, Comerio y Emigración en la "explotación de inmigrantes sin papeles durante la vendimia en sus viñas en Ribadavia", una dato que ha considerado como "absolutamente indecente" y por la que, además, a dicha empresa se le ha iniciado un procedimiento sancionador.

Para la dirigente nacionalista "esto es impresentable y pedimos el cese inmediato por esta indecencia e irregularidad por tener trabajadores inmigrantes explotados, sin darlos de alta en la Seguridad Social, en situación de irregularidad administrativa recogiendo uva en la bodega".

Según sus palabras, este hecho apunta a un "responsable político que debe velar por los derechos laborales de las trabajadores", de ahí qu ese haya preguntado "¿cómo es posible que el conselleiro de Empleo tenga en la empresa de su familia trabajadores explotados y sin dar de alta en la Seguridad Social?".

La información conocida ayer removió toda la actualidad política gallega. Sobre esto, además, Rodil ha recordado que "no es la primera ilegalidad de esta empresa", en referencia a que ya fue sancionada con anterioridad por irregularidades urbanísticas. "Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la Consellería", ha afirmado ante los medios de comunicación.

La "campaña" del PP contra la regularización

Olalla Rodil ha ido más allá. A su juicio el tema "aún es más grave" puesto que se trata de un alto cargo que "lleva, desde el minuto uno, atacando, con una campaña de acoso y derribo, contra los derechos de los trabajadores gallegos, criminalizándolos por enfermar y promoviendo políticas encaminadas a recortar su derecho a la baja". Se da la circunstancia de que, debido a la vehemencia mostrada por el conselleiro y otros miembros del Ejecutivo autonómico por este asunto de las bajas laborales y su salto después a la política nacional de la mano de Alberto Núñez Feijóo, se acusó a la Xunta de ser un banco de pruebas para las ideas del Partido Popular estatal.

Sobre esto, la parlamentaria del BNG ha dicho que "ya vemos qué es lo que le molesta al PP cuando hablamos de empleo, los derechos de las trabajadoras, incluso su regularización administrativa"; sobre esto ha insistido en "la campaña en la que está instalado el Partido Popular en contra, a nivel estatal, del proceso de regularización de inmigrantes, porque, en el fondo, parece que lo que quieren es que trabajen en esa situación de máxima vulnerabilidad explotados en sus empresas. Es inadmisible".

También a este asunto se han referido los socialistas gallegos. Lara Méndez, viceportavoz en el Parlamento regional, ha anunciado que pedirán la comparecencia en la cámara del conselleiro para que ofrezca las explicaciones oportunas y para "dar la cara".

Méndez, al igual que su colega nacionalista, recordó que José González "no se cortó nada a la hora de hablar de inmigración ordenada y de reclamarle al Gobierno de España las competencias de los permisos de trabajo", mientras en la bodega de su familia "había dos personas sin papeles recogiendo uva". 

También ha coincidido en calificar el  caso de "extremadamente grave", y es algo que "es difícil de tapar", a pesar de que "práctica no les falta", en referencia al salón de banquetes que la misma empresa explota desde hace una década en Ribadavia, "con una orden de demolición de Patrimonio que sigue sin ejecutarse".