A mediados de julio, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presentaba su propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004. Entre críticas de la oposición, la semana pasada el PSOE de Galicia (PSdeG) y Democracia Ourensana se reunían con la administración del PP para analizar la hoja de ruta, mientras que el BNG se caía de las conversaciones y exigía un encuentro “al más alto nivel”.
El Bloque Nacionalista Galego se mostró en un tono muy contundente al poco de conocer el anuncio de la administración ‘popular’, llegando a acusar a su equipo de lograr “lo que no fue capaz de conseguir el franquismo, convertir el gallego en una lengua residual”.
La portavoz de Lingua del partido, Mercedes Queixas, insistía en que el documento suponía “un paso atrás” y lamentaba que se correspondía con un pacto “del PP con el PP”. A su juicio, el documento “reducía la protección” para la lengua existente en el plan actual, en tanto en cuanto el Plan de Normalización en vigor “fija un 50% como mínimo de educación” en gallego y la propuesta presentada “elimina esa protección”.
Además, contemplaba que la actualización obedecía a un “paripé propagandístico” de la formación conservadora para “intentar tapar 17 años de políticas continuadas en contra del gallego”. “Estamos ante un pacto del PP con el PP”, consideraba.
En esa dirección, manifestaba su descontento porque se mantuviera el denominado “decreto de la vergüenza” en alusión al decreto del plurilingüismo que, destacaba, “colocaba al gallego en la peor situación de su historia, tanto en conocimiento y en competencia como en uso”.
“El Gobierno de Rueda está logrando lo que no fue capaz de conseguir el franquismo, convertir el gallego en una lengua residual y robar a las futuras generaciones el derecho de conocer el gallego para tener la libertad de poder usarlo”. Así de directo hablaba para afear después que camine “hacia el monolingüismo”. El BNG acusaba asimismo a Rueda de “esconderse” en el debate sobre la política lingüística de la Autonomía.
La formación nacionalista reclamaba una reunión urgente para explicar al presidente de la Xunta su propuesta respecto del idioma a la vez que criticaba nuevamente que el máximo responsable de la región ni siquiera acudiera al acto de presentación del nuevo Plan Xeral de Normalización lingüística.
El PP calificaba el documento, con 700 medidas, como un “hito histórico”, pero la formación de Ana Pontón lo tacharía de “catálogo de rebajas”, denunciado la ausencia de un compromiso financiero real. Con ese telón de fondo, los ‘populares’ reprochaban la “actitud de rechazo” del BNG.
¿En qué punto se encuentra el documento?
El PSOE gallego también se posicionaba en contra de la forma en la que el equipo de Rueda había planteado la renovación. La portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario, Silvia Longueira, señalaba que “el punto de partida no puede ser la igualdad entre lenguas cuando una de ellas está marginada”
Para los socialistas, el debate tenía que centrarse ahí, porque “el gallego es una lengua marginada y, como tal, no puede competir en igualdad de condiciones con el castellano”. De ahí la reivindicación del PSdeG de que esta lengua reciba “la protección y las ventajas debidas”.
Pese a las críticas, los socialistas sí que se abrieron a las negociaciones, donde dijeron determinar en última instancia si lo mejor para la protección del gallego pasaba por derogar el decreto de plurilingüismo, modificarlo o recurrir a otra vía. “Lo que resulta indiscutible, añadió, es el objetivo: cualquier documento que pretenda proteger el gallego debe cumplir, como mínimo, con los estándares europeos a los que Galicia está obligada”.
El partido de José Ramón Gómez Besteiro se han marcado como objetivo llegar a septiembre con su visión ya definida, después de trabajar parte de ese mes y todo el anterior a estructurar, dicen, las distintas secciones del documento del lado de los compañeros del partido que forman parte de las comisiones. Después de ello, presentarán sus propuestas de modificación y reforma.
“Traeremos alguna aportación, pero lo fundamental es que todos los que han estado en las comisiones puedan analizar si está todo lo que consideran necesario; muchas ya sabemos que no y todas las que queremos recoger con asociaciones de todo tipo en Galicia, y en septiembre tener cerrada nuestra visión del documento”, definía.
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