Las medidas sobre bajas laborales del “banco de pruebas” gallego llegan a los tribunales

Hace unos días, Alberto Núñez Feijóo aludió en un encuentro con empresarios vascos a las bajas laborales en España. Sus afirmaciones no fueron muy afortunadas, a tenor del intento de justificación de algunos de sus diputados, algo que ha provocado polémica y que, incluso desde Vox, le pidan a los responsables del PP que vayan mejor preparados a sus intervenciones.

Lo curioso es que esta controversia se había iniciado en Galicia casi dos meses antes, debido a la normativa aprobada por los 'populares' gallegos gracias a su mayoría absoluta y que, grosso modo, pone a los médicos a los pies de los caballos a la hora de otorgar según sus criterios una baja laboral.

Ayer mismo el sindicato CCOO en Galicia anunció la puesta en marcha de acciones jurídicas contra la resolución del 20 de mayo de la Secretaría Técnica de la Consellería de Sanidade por la que se modifica el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal.

En términos general, Comisiones exige el decaimiento de esa normativa porque, a su juicio, “favorece la privatización del control de las bajas médicas, reduce las garantías del sistema público y pone en riesgo los derechos de las personas trabajadoras”.

En su análisis que conduce a la presentación de medidas judiciales, la organización sindical no duda en afirmar que la norma “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”.

En palabras del responsable de Salud Laboral de CCOO Galicia, Armando Iglesias, la decisión de la Xunta con esta resolución, aunque la presentan como válida para “agilizar la gestión de la incapacidad temporal”, en realidad provocará el “efecto real” de incrementar “las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja”, lo que conlleva a su vez un debilitamiento del “papel del sistema público de salud”.

Iglesias hizo hincapié en lo que desde Comisiones se considera “uno de los cambios más lesivos” de la resolución de mayo pasado. Se refiere a la implantación de una autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”.

Entre otras cosas, además de reducir significativamente la fiscalización que hasta ahora ejercía la sanidad pública, esta normativa provoca que sean las entidades privadas “con intereses económicos” las que controlen la evolución de una baja.

Al margen de lo anterior, CCOO Galicia llama la atención sobre otra cuestión sumamente importante en un proceso de este tipo. La resolución de Sanidade “refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas”, al tiempo que “condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria”. La consecuencia de esto es que se puedan dar “altas médicas prematuras”, con lo que se antepondrá “la reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, señaló Iglesias.

¿Qué sucederá con la información clínica?

La Confederación Intersindical Galega también se mostró estos días contraria a estos cambios e, incluso, ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 20 de mayo.

El sindicato nacionalista, además de coincidir con CCOO en muchos de sus planteamientos, habló de “ofensiva” del Ejecutivo que preside Alfonso Rueda de la mano de la patronal contra los trabajadores.

También aseguró que lo que busca la Xunta es “disfrazar de una supuesta agilización” lo que en realidad es remar a favor de las empresas privadas para que “controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública".

Para la CIG el objetivo del Gobierno gallego es muy evidente y pasapor “instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso al prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico, además de suponer una fiscalización creciente del criterio profesional del personal de Atención Primaria".

Ambos sindicatos mostraron además su preocupación por el tratamiento que se dé a la información clínica, una vez que el poder de las mutuas en todo el procedimiento de control aumenta, de ahí que aboguen por garantizar al máximo la confidencialidad y protección de la información sanitaria.

La polémica en torno a la resolución del pasado 20 de mayo y el segundo capítulo vivido a nivel nacional con la introducción del tema de las bajas laborales en el debate político provocó que desde algunos sectores se vea una relación directa.

Es el caso de Ana Pontón. Para la líder del Bloque Nacionalista Galego es fundamental saber si Alfonso Rueda tiene “instrucciones desde la calle Génova para convertir Galicia en el banco de pruebas de los recortes en las bajas laborales y en los derechos laborales de la clase trabajadora que el PP quiere extender si gobierna en el Estado”.