Hay quienes sueñan con salir por la puerta de su casa y pisar arena mojada, como si la playa fuese una prolongación natural de su jardín. Para Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, ese sueño estuvo cerca de materializarse. Bastaba con que el Gobierno le autorizara el uso de una franja de terreno público entre su vivienda en Moaña (Pontevedra) y la playa de O Con. Un pequeño tramo, unos 210 metros cuadrados, que haría posible el acceso directo al mar desde su chalé. Pero el mar, por más que algunos lo intenten, no se puede amurallar.
La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha denegado la solicitud. Y lo ha hecho con argumentos que ponen el foco en la legalidad, la protección del litoral y el acceso público a los bienes comunes. Según la resolución, no existe constancia de que ese terreno haya estado vinculado con la vivienda en ningún momento. Es más, se trata de una zona clasificada como dominio público marítimo-terrestre, y su uso exclusivo no puede concederse si no hay un derecho anterior consolidado.
La noticia ha provocado un revuelo político y mediático, no solo por el contenido de la solicitud, sino por quién la firma. Eva Cárdenas no es una ciudadana anónima. Su vínculo con el líder del Partido Popular convierte este episodio en un caso de interés público, y muchos se preguntan si su posición pudo influir en el intento de obtener una concesión que, de aprobarse, habría restringido el acceso libre a un espacio natural que es de todos.
El debate, sin embargo, va más allá de un nombre propio. Organizaciones ecologistas como Ecoloxistas en Acción han denunciado que este tipo de peticiones representan una amenaza para la conservación del litoral. La costa gallega, como muchas otras en España, sufre desde hace décadas las presiones del urbanismo descontrolado, las construcciones ilegales y los intentos de apropiación privada de lo público. Por eso, casos como este son observados con lupa por quienes defienden una gestión responsable y equitativa de los espacios naturales.
El Ayuntamiento de Moaña también ha alzado la voz. Según ha denunciado, la propiedad de Cárdenas levantó un muro sobre el terreno en cuestión sin contar con licencia municipal. Esa barrera, además de ser ilegal, podría suponer un obstáculo para tareas de emergencia o mantenimiento en la zona. En definitiva, un doble problema: legal y de seguridad.
Frente a este escenario, surgen preguntas inevitables: ¿Habría actuado igual la Administración si la solicitante no fuera pareja de un líder político? ¿Existen mecanismos suficientes para evitar que figuras públicas accedan a privilegios que se les negarían a otros ciudadanos? ¿Estamos haciendo lo necesario para proteger el litoral frente a intereses particulares?
