El Gobierno gallego del PP ha sido uno de los grandes defensores de la permanencia de Ence en plena Ría de Pontevedra, donde fue levantada en plena dictadura franquista. Las protestas de vecinos, partidos de la oposición y ecologistas -que aún se mantienen hasta ahora- por los daños provocados en los ecosistemas naturales de la ría, tuvieron su punto álgido a mediados de la década de los 90, cuando Ence fue condenada por delitos ecológicos.

En realidad, la planta de fabricación de celulosa debería haber cerrado en 2018, fecha en la que concluía la concesión administrativa sobre el dominio marítimo terrestre otorgada para su implantación; sin embargo, dos años antes del límite, un movimiento en el ocaso de su mandato por parte de Mariano Rajoy permitió otra prórroga hasta 2073.

Esta medida provocó una gran respuesta social, con un posicionamiento claro por parte del PP y la Xunta de Galicia a favor de la permanencia de la planta, mientras todo se dirimía ante los tribunales de justicia. Finalmente, en 2023, el Tribunal Supremo, en contra de la oponión de muchos expertos, decidió a favor de la empresa, aunque los colectivos sociales no han dado todavía por perdida la batalla.

El principal argumento utilizado por el PP para defender a la empresa por encima de cualquier otra motivación era el empleo, la posible destrucción de puestos de trabajo.

El conflicto sigue todavía latente a raíz del proyecto de Altri en Palas de Rei. En febrero de 2023, con esta resolución judicial como argumento, la dirección de la compañía vaticinaba un impacto positivo en sus cuentas de alrededor de 170 millones de euros.

Hoy, sin embargo, se cumple el tercer día de huelga de los trabajadores de Ence. Están en pie de guerra, con acusaciones de maniobras poco claras por parte de la compañía para tratar de impedir las protestas, ante las intenciones de despedir a 39 trabajadores.

Hasta el momento, el Partido Popular no se ha pronunciado claramente sobre este conflicto laboral, que golpea de forma directa los argumentos utilizados en su momento por dirigentes locales, regionales y nacionales de la formación para justificar que Ence permanezca en la Ría de Pontevedra. La empresa justifica su decisión en las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, lo que pone de manifiesto que, bien no hicieron de manera correcta los cálculos del “impacto positivo” de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los números de la empresa, bien realizaron una valoración interesada pero poco realista.

Acuerdo con Altri

La situación se complica y precisamente hoy miércoles, coincidiendo con la tercera jornada de cierre total por la huelga, a pesar de los servicios mínimos impuestos por la pastera, la plantilla tiene previsto celebrar una asamblea con el fin de determinar si vuelven a programar los días de protesta debido a que la dirección de la compañía ha informado de que la próxima semana (el día 20) comenzarán las consultas sobre el expediente de regulación previsto.

Hay que recordar que los trabajadores de Ence decidieron la semana pasada un calendario de protestas de, en principio, 12 días para este mes de noviembre. No obstante, una parte de la plantilla, la correspondiente a las oficinas, no está de acuerdo con la movilización por no negociar el plan de ajuste que ha presentado por Ence.

Según los datos de la propia compañía, esta medida afectaría al 6,5% de la plantilla que a diario trabaja en las instalaciones de Lourizán, en Pontevedra.

Hay que recordar que, durante las protestas previas a la decisión del Tribunal Supremo, el personal de la planta pontevedresa se mostró muy beligerante, sobre todo contra el Ayuntamiento de la capital de las Rías Baixas y, en particular contra su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Desde la Confederación Intersindical Galega, CIG, se ha pedido la intervención de la Xunta de Galicia. Según este sindicato, la compañía ha llevado a cabo "recortes de servicios auxiliares y despidos de personal auxiliar, como el departamento médico de la fábrica, con cuatro despidos, o el servicio de limpieza, con otros cuatro".

En este sentido, la CIG ha denunciado que la dirección "nunca mostró voluntad de diálogo o buena fe", limitándose simplimente a pretender que "firmemos un cheque en blanco con los despidos como condición irrenunciable”.

Precisamente, estos pasos de Ence y las "recientes visitas" de representantes de Altri a las instalaciones de la empresa en Pontevedra y Navia lleva a la organización sindical a "sospechar" sobre la posible "existencia de un pacto de venta", eso sí "previa reducción del cuadro de personal, rumor que se disparó tras anunciar la compañía un acuerdo de colaboración con Altri”.