El convenio con la Xunta para limpieza de zonas de protección de incendios “está en bragas”

Desde hace más de una semana el calor extremo está haciendo de las suyas. Galicia no es ajena a este prolongado episodio de altas temperaturas, con varios récords superados en diferentes ciudades.

Ante este panorama, la vista se dirige a los montes. El riesgo de incendio es extremo y, a tenor de lo que denuncian desde hace meses diferentes colectivos y entidades, la Xunta no ha hecho los deberes.

Ayer, en el Pleno del Parlamento autonómico, la diputada socialista Carmen Dacosta fue contundente a la hora de defender una moción en la que se ponía en duda el modelo del Gobierno presidido por Alfonso Rueda, abogando por otro centrado en la prevención y preparación adecuada de la administración regional ante los incendios de nueva generación, más destructivos y menos controlables cuando alcazan cierto nivel. Sobre la mesa la eficacia del modelo de la Xunta.

Dacosta, respecto a este tipo de incendios, dejó claro que son una amenaza permanente a la que solo se le puede hacer frente “con un dispositivo preparado durante los doce meses del año”, con la prevención como gran arma para luchar contra ellos.

La semana pasada lo adelantó y este martes aclaró la postura de los socialistas. En la moción presentada se hizo alusión a la Consellería de Medio Rural y a su decisión de volver a contratar a través de la empresa pública Servizo Agrario Galego, Seaga, de cerca de 180 efectivos, divididos en 42 brigadas, pero solo para que desempeñen su trabajo de julio a octubre, es decir, 90 días.

Los regidores de las zonas más comprometidas, incluidos los del Partido Popular, según Dacoste han venido denunciando el convenio firmado con la Xunta. Este busca que Seaga se haga cargo de la limpieza de las franjas secundarias de protección en los municipios de menos de 10.000 habitantes, “un compromiso personal del presidente Alfonso Rueda”. El problema, tal y como describió la parlamentaria socialista es que estos alcaldes adviernten de que “los trabajos preventivos no están llegando”, además de hacer público que “las empresas de desbroce están saturadas” y que “el convenio no funciona”.

La representante del PSdeG citó a algunos de estos primeros ediles, como el de Muíños, quien según Carmen Dacosta reconoció públicamente que “no hay mano de obra, tampoco en Seaga”; no obstante, en palabras de la diputada socialista, otros regidores se servía para describir la situación de la “frase demoledora” de que ese convenio “está en bragas”.

"Siete años depués seguimos discutiendo lo mismo"

En una clara crítica al presidente gallego y a su Gobierno, aseguró ayer en el pleno en el Parlamento autonómico que “la realidad no son los anuncios ni las ruedas de prensa” sino “las parroquias sin desbrozar, los alcaldes reclamando medios y los incendios que vuelven a repetirse exactamente en los lugares donde sabíamos que había más riesgo. Seguimos llegando tarde a la prevención”.

Apoyó estas duras afirmaciones con datos que “no admiten discusión”. De las 276 parroquias que la propia Xunta declaró prioritarias para ejecutar actuaciones preventivas antes del inicio de la época de alto riesgo, 206 seguían sin beneficiarse de esas labores preventivas al comienzo de estos meses. A lo anterior sumó otra cifra que ya había recordado hace unos días, y es que el año pasado, “19 de las 25 parroquias de Alta Actividad Incendiaria volvieron a arder”, es decir, “casi el 75 %. Si la Xunta no fue capaz de actuar ni en las parroquias que ella misma declaró prioritarias, ni de reducir el riesgo en las que identifica desde hace años como las de mayor actividad incendiaria, ¿cómo puede pedirnos que creamos que este modelo funciona?”, concluyó.

La diputada socialista también aseguró que el Ejecutivo de Rueda no puede alegar desconocimiento, puesto que tras la ola de incendios de 2017 “este Parlamento constituyó una Comisión Especial, aprobó un Dictamen e impulsó un Grupo de Expertos, coordinado precisamente por quien hoy es director general de Defensa del Monte”. Lo que ocurre, a su juicio, es que aunque “había un diagnóstico, había recomendaciones y había una hoja de ruta. Lo que no hubo fue voluntad política para aplicarla. Siete años después seguimos discutiendo exactamente lo mismo”.

Ante esta situación, y ahora que ya Galicia está de lleno en época de riesgo extremo, el Grupo Socialista presentó ayer una bateria de propuestas sobre esta materia en las que se incidía, sobre todo, en la prevención, el trabajo conjunto con las parroquias y en una mejora en número, distribución y recursos humanos a través de un servicio público “único, profesional, estable y permanente de prevención y defensa contra incendios forestales”.