El pasado mes de abril, la diputada autonómica socialista Carmen Dacosta llevó a la Cámara gallega un asunto que, según su formación, “el PP lleva años negándose a responder”. El tema es recurrente en la región y vuelve a ser noticia cuando el verano se acerca: qué ocurre con las partidas económicas de la Xunta para la prevención de incendios. Dacosta sumó a esa cuestión otra de tintes claramente retóricos: “¿Por qué Galicia sigue ardiendo cada verano con un modelo que todo el mundo sabe que no funciona?”.
Las referencias de la parlamentaria giraban en torno a la figura de Yago Nogueira, un joven brigadista de apenas 18 años que en la ola histórica y dramática de incendios de agosto del año pasado resulto herido grave con quemaduras en el 60% del cuerpo. Él trabaja en la zona de Ourense con un contrato de tres meses y un salario de 1.200 euros, paga extra incluida.
Ahora, cuando Cataluña arde y en Galicia se vive una situación de riesgo extremo, con altas temperaturas y ausencia de lluvias, se recuerda lo dicho en aquella sesión en el parlamento autonómico. En ella, Carmen Dacosta insistió en el fracaso de este modelo “para afrontar fuegos de quinta y sexta generación”. En aquel día de abril, la diputada socialista subrayó que “el PP habla de 7.000 efectivos”, pero “la realidad sobre el terreno es otra”.
Ahora, menos de tres meses después, la misma diputada regional ha vuelto a acusar a la Xunta de Galicia de “no ser capaz de acreditar que las Parroquias de Alta Actividad Incendiaria (PAAI) reciban un tratamiento distinto al del resto del territorio, pese a que la Ley de montes exige para ellas medidas extraordinarias de prevención”.
Volvió a tirar Dacosta de los datos oficiales de 2025. Estos revelan, según le echó en cara la semana pasada al director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, que “19 de las 26 parroquias catalogadas como de máxima actividad incendiaria volvieron a sufrir incendios, casi el 75%”.
Fue más allá, indicando que “casi tres de cada cuatro parroquias en las que la propia Xunta asegura intensificar la vigilancia y aplicar medidas extraordinarias volvieron a arder".
Una vez más, ante la inoperancia y el fracaso, como indican los partidos de la oposición, del modelo del Gobierno presidido por Alfonso Rueda, los socialistas insisten en la necesidad de la prevención. Sin embargo, también sobre esto denuncian que “llega tarde”. "No es un problema de planificación, es un problema de ejecución y de responsabilidad política. La prevención no se mide por los anuncios, se mide por lo que está hecho en el territorio antes de que empiece el fuego", aseguró.
Falla lo más importante: la prevención
Para la parlamentaria socialista el paradigma de todo esto se da en Vilardevós. Este concello ourensano, después de los incendios de 2025, el Ayuntamiento “solicitó incluir 22 núcleos como prioritarios y solo se aceptaron tres, y denunció que este año no se remitieron a los propietarios las comunicaciones para limpiar las parcelas a tiempo, cuando las inspecciones terminaron en octubre y las cartas deberían enviarse en marzo o abril”.
Fue más allá al denunciar que aquellos propietarios que contrataron y pagaron la limpieza a la empresa pública Seaga, Servicio Agrario Galego, en áreas consideradas prioritarias, han comprobado como ha llegado la campaña de máximo riesgo “con las actuaciones sin ejecutar”. Por ello, Carmen Dacosta concluyó que “cuando la Xunta ofrece un servicio público de prevención, cobra por él y no llega a tiempo en las zonas de mayor riesgo, lo que falla ya no es el propietario. Lo que falla es el sistema".
También se refirió al asunto la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien reprochó que a estas alturas del año, y en plena ola de calor, el Ejecutivo de Rueda “todavía mantiene sin limpiar las franjas de seguridad contra el fuego en muchas parroquias catalogadas de máximo riesgo de incendios”. A su juicio, se trata de “un peligro para el medio ambiente, para las personas y para la economía”.
La líder nacionalista llegó a acusar a Alfonso Rueda de “no hacer los deberes” y de demostrar, una vez más, que "su palabra no vale nada", en referencia al compromiso adquirido por Rueda en el propio Parlamento regional de que la Xunta asumiría la limpieza de las franjas de seguridad en los municipios de menos de 10.000 habitantes.
Lo que ahora mismo está ocurriendo en Cataluña, y que hace algunas semanas ya se pudo observar en Galicia, pone sobre la mesa unos posibles julio y agosto especialmente virulentos en esta materia.
Ante esta previsión, Ana Pontón lamentó que Galicia tiene un Gobierno del PP que “no ha aprendido las lecciones qe nos dejaron las anteriores olas de fuego”, por lo que reclamó, de nuevo, un cambio de guion y modelo.
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