El Gobierno central no está por la labor de indemnizar a la familia del dictador Franco, según señala la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la de la Audiencia Provincial de A Coruña en cuanto a la propiedad del Pazo de Meirás, situado en la localidad coruñesa de sada. Así lo puso ayer de manifiesto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que dijo que el Ejecutivo "dará la batalla legal” a los familiares de Franco. Para ello además, en una entrevista ofrecida a la Cadena Ser, también reclamó la colaboración de todas las administraciones implicadas.

Hay que recordar que, según señalaron los abogados de los familiares del dictador hace unos años, esa indemnización a la que da el visto bueno el alto tribunal, podría alcanzar los 800.000 euros. Ese dinero, tal y como indicó Torres, es uno de los apartados de la resolución que, según adelantó, “va a tener recorrido jurídico porque lo hemos consultado con la abogacía del estado. Nos dice que tendrá que ser trasladado a la Audiencia Provincial de A Coruña y ya veremos en qué acaba".

Asimismo, el ministro también subrayó que, desde su departamento, están en contacto con los servicios jurídicos de todas las administraciones implicadas, a las aprovechó para “agradecer” su implicación en el proceso.

Hoy lunes también se ha referido a este asunto la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón.

A su juicio es “incomprensible” la fijación por parte de la justicia del derecho que tienen los herederos de Franco a recibir una indemnización, sobre todo en una sentencia en la que se ratifica la propiedad del Estado sobre el Pazo.

Declaración institucional en Galicia

Por ello, ha adelantado que su formación elevará una declaración institucional al próximo pleno para que el Parlamento gallego "diga alto y claro que hubo mala fe en la ocupación por parte de los Franco".

La líder nacionalista no ha dudado en expresar su “orgullo” por ese fallo firme que, según su opinión, no es más que la confirmación de una demanda sostenida durante años por el nacionalismo gallego y diversos colectivos sociales: que el inmueble era propiedad del pueblo gallego y que la familia Franco lo ocupaba "de manera ilegítima".

Precisamente, bajo esta premisa pontón ha dejado claro que, en realidad, debería ser la propia familia Franco la que satisfaga económicamente a la sociedad gallega por haber utilizado el Pazo "de manera ilegítima e ilegal durante décadas".

Ha aprovechado una visita a Pontevedra para, en relación con este asunto, criticar la actitud del Partido Popular respecto a la lucha por la recuperación del Pazo de Meirás; Ana Pontón ha atribuido la situación actual a la actuación previa de los 'populares' y, en particular, al que fuera presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Esta afirmación la ha respaldado con una informe preparado durante su presidencia en el que se apuntaba a la existencia de "buena fe" en la ocupación del inmueble por parte de la familia Franco y señalaba que, durante décadas, no reclamaron su titularidad. Curiosamente, esa “buena fe” y la ausencia de reclamación de la propiedad han sido claves para que la sentencia del Supremo haya recogido la citada indemnización.

La dirigente nacionalista, al igual que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también ha abogado por seguir con la “batalla política y judicial” con el objetivo de evitar el abono de cualquier tipo de cantidad económica a los familiares del dictador.