La Fiscalía de Castilla-La Mancha abrirá diligencias de investigación contra el alcalde del Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal, de Entre Todos Fontanar por llamar “retrasada mental” a una trabajadora municipal de la Casa de la Juventud y decirle que se va a ir “a la puta calle”.

En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el organismo asegura que se trata de una conducta “absolutamente rechazable en una sociedad democrática”, en la que “el respeto y la igualdad son esenciales para la convivencia, más tratándose de un funcionario público respecto a una trabajadora”. “En dichas diligencias se determinará el alcance penal de los hechos, que a priori pueden ser constitutivos de delito de acoso laboral, o de trato degradante”, añade el texto.

“¡Eres la vergüenza de tu familia!”

La voz del edil primero aparece en un vídeo gritando a una empleada de la Casa de la Juventud de Fontanar para que le cuente algo entre los siguientes exabruptos: “¡Pues cuéntame eso! ¡Subnormal! ¡Que eres retrasada mental, eres tonta! ¡Te estás cargando tu sustento, te vas a ir a la puta calle! ¡Eres la vergüenza de tu familia!

La difusión del vídeo provocó que tanto PP como PSOE pidieran un pleno extraordinario para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, Unidas Podemos llegó a pedir una comisión de investigación. Este jueves, los tres partidos de la oposición han emitido un comunicado conjunto en el que piden la dimisión del alcalde ante unos hechos que tachan de “repugnantes” e “inasumibles”: “No debemos consentir que alguien que ostente estos cargos siga representando a los vecinos de Fontanar”.

El Gobierno regional también se ha pronunciado sobre estos hechos. En concreto, ha sido la consejera de Igualdad, Sara Simón, la que ha salido al paso aseverando que los insultos y los exabruptos son “inadmisibles” y asegurando que la decisión tomada de mutuo acuerdo entre izquierda y derceha es “más que acertada. Así, en declaraciones concedidas a Radio Castilla-La Mancha mantenía que “una persona que actúa de esta manera no puede representar a nadie, no puede tener un cargo público y desde luego que ojalá que asuma las consecuencias de su conducta”.

Simón reconocía haber visto el vídeo “con espanto” y enfatizaba que le parece “inadmisible que cualquier persona trate a otra, en este caso a una mujer, en esos términos, pero muchísimo más si quien lo hace es un representante público”. Y apostillaba: “Y me parece muchísimo más grave porque es una cuestión clara de abuso de poder, en este caso frente a una trabajadora y, por tanto, me parece más que acertada la petición de dimisión”.

“Persecución mediática y judicial” por presunta prevaricación

El alcalde enviaba un comunicado el pasado miércoles para pedir perdón y afirmaba que lo que ocurrió se debió a una situación de “estrés acumulado”. San Vidal asegura que se arrepiente “profunda y sinceramente” y que pidió disculpas “inmediatamente a la afectada”. También ha explicado que los servicios de salud mental le han dado una “baja temporal”.

“Lo que sucedió fue absolutamente excepcional y tiene una clara y lamentable explicación: una situación de estrés acumulado y extrema tensión nerviosa, que llevo arrastrando desde hace algún tiempo, debido a una gran carga de trabajo y las responsabilidad que ejerzo con enorme carencia de medios, así como a una situación de persecución mediática y judicial de la que todavía me defiendo, y que me hizo explotar en el momento más insospechado”. Por esto, acudió a los servicios de salud mental, que le diagnosticaron “esta afección” y le han dado tanto la baja temporal como un “tratamiento para superarlo”.

La “persecución mediática y judicial” a la que hace alusión se enmarca dentro de un proceso por el que fue acusado, en octubre de 2022, por un presunto delito de prevaricación administrativa y delito de malversación de caudales públicos por adjudicar una obra a la madre de un amigo íntimo suyo, que creó una empresa pantalla con ese objetivo. Además, el organismo le acusó de certificar una minoración del contrato público para generar a la persona acusada un beneficio económico.

Se le solicitaron cuatro años de prisión, pero después del juicio celebrado el siguiente mes de noviembre, el regidor negó los hechos y finalmente fue absuelto. Fue la Audiencia Provincial de Guadalajara la que dictó sentencia absolutoria basándose en la presunción de inocencia de la persona inculpada al entender que no existían “elementos constitutivos de delito ni intención del alcalde de dictar a sabiendas una resolución judicial”.

En los últimos comicios municipales volvió a concurrir como candidato por la formación independiente y ganó de nuevo por mayoría absoluta a pesar de haber perdido un concejal que fue a parar al PSOE.