Las residencias se han convertido en la zona cero de contagio del coronavirus en nuestro país. A los problemas añadidos de falta de medicalización, recursos o personal especializado en la lucha contra la pandemia se ha sumado el baile de cifras de las últimas fechas. Las denuncias de familiares se reproducen y los ejemplos de mala praxis de algunos centros de mayores empiezan a ser vigilados por instancias judiciales.
La Fiscalía ha aumentado el número de residencias investigadas. En el caso de las civiles, el número aumenta a 121 centros, mientras que en el ámbito penal la cifra sube de las 34 notificadas días atrás a las 86. Estos datos recogen la última actualización realizada por el Ministerio Público, que hace un balance semanal que puede ir variando a medida que nuevos centros sean investigados o las denuncias sean archivadas.
A través de una nota a la que ha tenido ElPlural.com, la Fiscalía General del Estado ha notificado que la Comunidad de Madrid es la región donde más residencias están siendo sometidas al escrutinio de sus investigaciones. En el ámbito penal, fruto de las denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los establecimientos, Madrid tiene 40 residencias investigadas, más del doble que la segunda comunidad autónoma (Cataluña con 18). El total de diligencias penales abiertas por Fiscalía es de 86. Esta es su distribución por territorios: Madrid (40), Cataluña (18), Ciudad Real (3), Valladolid (3), Badajoz (2), Cáceres (2), Ourense (2), Albacete (1), Arrecife-Puerto del Rosario (1), Cantabria (1), León (1), La Rioja (1), Lleida (1), Lugo (1), Pontevedra (1), Salamanca (1), Soria (1), Tarragona (1), Toledo (1), Zaragoza (1), así como una en las regiones de Castilla y León, Extremadura y Galicia.
El estamento judicial, además, reconoce “el extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros”.
Descoordinación en Madrid
Los problemas con las residencias en la Comunidad de Madrid empezaron a sentirse en cuanto el coronavirus empezó a tratarse por las administraciones como un tema de primera orden. En aquel momento estaba al frente Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, quien, poco después de notar las primeras sacudidas de la Covid-19 en los centros de mayores pidió encarecidamente la intervención del Estado y del Ejército.
Aquel SOS del dirigente no gustó a Isabel Díaz Ayuso ni a Pablo Casado, que, minutos más tarde de que trascendiera esta notificación, declararon públicamente que no era un medida que se estuviera pensando y que esta intervención era a todas luces innecesaria. Se equivocaron, pero siguieron hacia adelante, retirando las competencias a Reyero y poniendo las residencias en manos del mando único operado por el consejero de Sanidad y mano derecha de la presidenta popular, Enrique Ruiz Escudero.
Esta duplicidad entre populares y naranjas ya ha acabado derivando en reproches públicos entre sendos partidos. Reyero insiste en la necesidad de contar con más sanitarios en los centros, preguntándose por qué la Comunidad de Madrid ha decidido mandar a sus profesionales a ayudar a Castilla y León teniendo en cuenta la situación límite que se vive dentro de sus propias fronteras territoriales.
Mientras tanto, diputados regionales del equipo de Isabel Díaz Ayuso se han referido al consejero como “mezquino” o han llegado a plantear que tal vez debiera de apartarse de la gestión. Ignacio Aguado, ante este ataque frontal, no ha dudado en defender a su compañero y recordar a Díaz Ayuso que el cese de los consejeros naranjas excede de sus competencias.
