En 1990, el Tribunal Supremo obligó a repetir las elecciones celebradas en Melilla un año antes. El motivo, una espesa capa de irregularidades que desató un clima bronco entre los partidos. 34 años, en mayo de 2023, el ambiente no solo no ha cambiado, sino que la tensión se ha incrementado en la ciudad autónoma. A las puertas del 28M, la historia se repite. Se ha desatado la fiebre del voto por correo entre los melillenses hasta duplicar el récord del 7% del 2019, entre acusaciones de fraude electoral y tras la decisión de la Junta Electoral de Zona de Melilla de obligar a los votantes a no solo identificarse con su DNI al cursar la solicitud, sino también acudir con su voto. Un escenario donde, además, la Delegación del Gobierno ha redoblado la protección a los carteros después de denunciados robos de documentación electoral.

La ciudad autónoma es un polvorín y a nadie escapa ese alarmante 16,2% de electores que han optado por el voto por correo, que duplica el 7,78% del año 2019. De ese acentuado porcentaje, tan solo un ínfimo porcentaje del censo se ausentará de la ciudad para la cita electoral. De hecho, se espera que la cifra aumente hasta el 22% de los votos emitidos sujetos a este procedimiento. Cifras llamativas, máxime si se compara con el plano nacional. En el cómputo global de territorios, tan solo un 2,13% de los ciudadanos censados suele tramitar el voto por correo, mientras que en Ceuta el porcentaje asciende hasta el 2,33%. Diferencias exacerbadas, que inquietan como poco a las autoridades.

El fantasma del fraude electoral sobrevuela por el territorio melillense, como ocurriera hace 34 años. En 1990, meses después de las elecciones legislativas del 29 de octubre de 1989, el Tribunal Supremo obligó a repetir los comicios tras el recurso del Partido Popular, que acabó con la pérdida del escaño de hasta tres parlamentarios socialistas hasta la nueva cita con las urnas. Desde entonces, el clima social al afrontar unas elecciones es áspero y tirante, hasta superar todos los registros en este 2023.

Las sospechas crecen exponencialmente, acorde con la tensión en el ambiente melillense. Los números dicen que si más de diez millares de ciudadanos tramitan su voto por correo a pesar de la plena disposición a desplazarse al colegio electoral en cuestión, es que existe una alta probabilidad de compra de votos. Tanto es así que ni el propio presidente autonómico rehúye de ello. Eduardo de Castro, jefe del Ejecutivo de Melilla, que no se presenta a la reelección, reflexiona sobre ello en El Confidencial. “Es demencial asistir a este tipo de episodios cada vez que tenemos una consulta electoral”, subraya.

Lamentos que conjugan con los editoriales de los medios locales, como el de El Faro de Melilla, donde el pasado martes se indignaban ante la escalada del fraude electoral. “Las ofertas de compra de voto se hacen ya sin ningún miramiento, a cualquier hora y en cualquier establecimiento comercial de la ciudad”, deslizaban en sus páginas. Incluso fueron más allá y aseguraron que resulta imposible que “a ningún policía de paisano no le hayan ofrecido ya votar por correo a cambio de dinero”. “No es posible que los delincuentes sigan haciendo de las suyas delante de nuestras narices y que no exista ningún mecanismo para expulsarles del juego democrático”, denunciaban desde las páginas opinativas citado medio de comunicación.

El modus operandi

Según El Confidencial, la compra de votos no comporta una dificultad extrema. El método es bien sencillo. Los electores se acercan a su oficina de Correos para solicitar un impreso que han de rellenar con posterioridad. Para ello, se solicita identificación ante el empleado. Hasta el momento, todo en orden. Los problemas llegan después, cuando, toda vez recibidas las papeletas, no es necesario su presencia en la oficina de Correos; ni tan siquiera exhibir el DNI para entregar el voto.

Está permitido delegar en una persona autorizada, quien introduce el sobre en la papeleta indicada por el interesado. De hecho, no es un hecho aislado toparse con ciudadanos que se han presentado en las oficinas de Correos con un taco de papeletas. Otras, las más prudentes y menos dadas a llamar la atención, envían sus sobres a puntos determinados del territorio peninsular, previa autorización, por supuesto.

Entre la clase política no sorprenden en absoluto estos métodos. Es más, hay representantes públicos que, según El Confidencial, conocen el precio del voto en la ciudad autónoma. El presidente del PP en Melilla, Juan José Imbroda, apunta a una cuantía de 80 euros por papeleta, mientras que su homólogo de Vox, José Miguel Tasende; establece la horquilla entre los 50 y 150. Todo depende, claro, de los ingresos del elector en cuestión, amén de las comisiones a terceros.

Resuenan presuntos casos irregulares en el imaginario colectivo melillense, como los regalos de ladrillos de Ignacio Velázquez (PP) a ciudadanos de La Cañada -un barrio musulmán y humilde-. Así lo recuerda la candidata de Podemos en Melilla, Gema Aguilar, ante los medios de comunicación; donde también resucita el caso del actual cabeza de lista conservador y presidente del PP, Juan José Imbroda, “imprimiendo papeletas por su cuenta”.

Atracos a carteros

Lo cierto es que los métodos han cambiado. “Cuando no es compra de voto, es robo y ahora ya atraco a los carteros”, denunciaba con cierta resignación el actual presidente melillense, Eduardo de Castro, en una entrevista. Y es que para este proceso electoral se ha innovado con amenazas y robos a los empleados de Correos. Un hecho que tampoco escapa a los ojos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se pronunció durante un acto de campaña en la ciudad autónoma. “Es muy grave”, apuntaló.

Las fuertes sospechas de fraude electoral, sumadas a los ataques a los carteros, motivaron tanto a la Delegación del Gobierno como a la Junta Electoral de la Zona de Melilla para coger el toro por los cuernos. En una decisión poco ortodoxa y ajena a la cobertura legal que ofrece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), decidieron por que los votantes no solo deberían identificarse con el DNI al cursar la solicitud, sino también al entregar el sobre con su voto.

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ante la alarma social por la escalada de ataques a carteros, decretó la proporción de una escolta policial a los 16 trabajadores que portan documentación electoral y que, en un principio, amagaron con frenar su labor sin las medidas de seguridad preceptivas. Una medida a la que acompaña el despliegue policial permanente en las oficinas de Correos, así como de un destacamento de la Guardia Civil en el puerto y el aeropuerto para evitar que nadie salga de la ciudad con un taco de papeletas. Esta última no es sino una medida disuasoria, ya que no hay método para detectar papeletas ocultas.