La asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladigmare, ha denunciado a lo largo de toda la pandemia las malas condiciones y la falta de recursos que sufren las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Además, han denunciado la falta de compromiso y de rigor del Ejecutivo autonómico en este sentido, y lo han vuelto a hacer tras la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta después de las pasadas elecciones del 4 de mayo.

Desde Pladigmare critican que en el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se hiciese ninguna referencia a las miles de personas fallecidas en las residencias de mayores en esta pandemia. “Esto denota muy poca sensibilidad y falta de valores éticos siendo la Comunidad de Madrid la que arroja peores cifras de fallecidos por coronavirus o síntomas compatibles debido, en buena parte, a las políticas de la señora Ayuso”, denuncian.

“Lo mínimo que podría haber hecho es autocrítica, petición de perdón, propuestas de mejora y mantener por coherencia y decencia la comisión de investigación sobre las residencias en la Asamblea de Madrid”, reiteran desde la plataforma.

Además, consideran insultante y de falta absoluta de sensibilidad moral que se mantenga a Enrique Ruiz Escudero en el Gobierno como consejero de Sanidad, ya que fue el responsable de los protocolos “de la vergüenza”, que impedían la derivación de residentes a hospitales. “La Comunidad de Madrid necesita, por justicia social y cumplimiento de los derechos sociales constitucionales, un cambio radical del modelo residencial”, señalan, para razonar los ámbitos en los que se debe trabajar.

La asociación de familiares de ancianos en residencias cree indispensable revertir la privatización de las residencias porque no se debe hacer un negocio de un derecho fundamental, así como el deber de dotar con mayor cantidad económica las plazas concertadas y la prestación económica vinculada al servicio. En el mismo sentido señalan que hay que aumentar las ratios de personal, no permitir residencias de más de 60 plazas, realizar inspecciones más frecuentes, rigurosas y que midan la calidad de la atención y potenciar en las residencias la participación de residentes y familiares.