Un autobús amarillo fletado por la ANC recorre Barcelona y comarca urgiendo a los partidos independentistas la formación de un gobierno para avanzar sin más dilaciones hacia la independencia. Sin embargo, ERC, JxCat y la CUP están ensimismados en sus rencillas y jugando peligrosamente con el calendario y con la paciencia de los catalanes. No se sabe de avance alguno, tan solo que los republicanos mantienen la fe ciega en el acuerdo y que los legitimistas aparentan cierta desgana en renovar el pacto con sus socios, incitándoles incluso a gobernar en absoluta minoría con los antisistema.

Dos meses después de las elecciones, las negociaciones para el gobierno permanecen encalladas pero en la cámara catalana ya se produjo una primera crisis. Jaume Alonso Cuevillas, uno de los abogados de Carles Puigdemont, tuvo que presentar su dimisión como secretario segundo de la Mesa del Parlament tras desencadenar una tormenta política al preguntarse en público si vale la pena correr con el riesgo de inhabilitación por las desobediencias simbólicas. La nueva foto de la Mesa recogerá la presencia de Aurora Madaula, una diputada mucho más radical en la ortodoxia fijada por Puigdemont.

La pregunta de Cuevillas implicaba una enmienda a la totalidad a la estrategia anunciada por la nueva presidenta del Parlament, Laura Borras, que pretende convertir la cámara en la primera línea de choque con el Estado. Jordi Sánchez, el secretario general de JxCat, ordenó la substitución inmediata del diputado escéptico. Pero la sorpresa de esta primera crisis no está en el desenlace, sino en la actitud resignada de ERC, que en pleno desdén negociador por parte de JxCat votará el cambio en la mesa sin tan solo plantearse la oportunidad de presionar a sus socios con el apoyo a un candidato de los comunes, una incorporación que no pondría en peligro la mayoría independentista en la misma.

El acuerdo puede llegar en el último minuto antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones o mañana mismo a través de un simple tuit; lo que les separa es conocido y la decisión firme de ERC de evitar las elecciones, también. La discusión se ha centrado desde el primer día en tres grandes asuntos: el papel de Puigdemont y su Consell per la República, la posición de los diputados independentistas en el Congreso de los Diputados y la gestión de los fondos europeos que llegarán desde la Unión Europea vía gobierno Sánchez. La desconfianza entre ellos es tan notable que incluso piensan en la formación  de un gobierno de vigilancia mutua, combinando en cada departamento consejeros y secretarios generales de ambos partidos. Una apuesta casi segura a la inestabilidad del gobierno autonómico, sin duda, la menor de sus preocupaciones.

El Consell per la República quiere dirigir la internacionalización del conflicto con el estado y para ello necesita financiación. Puigdemont acaba de lanzar un documento de identidad para independentistas por el que hay pagar 12 euros; esta fórmula difícilmente le aportará el dinero necesario. En el primer intento, la invitación a ser socio del Consell solo reunió a unos 90.000 fieles que pagaron 10 euros, muy lejos de la previsión necesaria de un millón de inscritos. El cuartel general de Waterloo seguirá necesitando ayudas indirectas por cualquier vía y ahí está uno de los obstáculos. La creación de un comité central dentro del Consell per la República en el que vaya a participar ERC puede acercar las posiciones y cerrar este flanco.

La pretensión de JxCat de mantener una política unitaria frente al gobierno Sánchez y la mesa de negociación se presumen más complicadas. ERC no puede admitir tan alegremente que su apuesta por el diálogo vaya a fracasar, incluso antes de iniciarse realmente y a pesar de que sus exigencias iniciales (amnistía y autodeterminación) solo auguran el fracaso. Y JxCat aspira a que Pere Aragonés admita antes de formar gobierno que la muy probable negativa del PSOE recomienda acordar ahora un plan de confrontación. El manejo de un calendario voluntarioso ayudaría a salir del paso y ganar uno o dos años para gobernar juntos, a la espera de gestos del gobierno central (indultos, Código Penal) que para unos serán suficientes y para los otros decepcionantes.

Todas las posiciones son conocidas pero el silencio se alarga. JxCat le está pasando cuentas a ERC por los muchos desencuentros vividos en la última legislatura con la deslealtad de los republicanos respecto a Quim Torra,  e incluso en la anterior, el día que Oriol Junqueras forzó a Puigdemont a proponer la DUI cuando el entonces presidente de la Generalitat quería evitarse la escenificación de un fracaso convocando elecciones. De aquel día con su larga noche proviene el enfrentamiento sin tregua entre los dos dirigentes. Pere Aragonés espera pacientemente que Puigdemont de per acabado el duelo por la derrota del 14-F y por saldada (o aparcada) la venganza por aquel episodio.