Todo comenzó con una brutal agresión que rompió la calma. Domingo, un hombre de 68 años, salió a pasear temprano por la mañana del miércoles 9 de julio cuando fue abordado sin aviso por dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. Le golpearon por la espalda, le tiraron al suelo y le propinaron puñetazos y patadas que lo dejaron gravemente herido, sin mediar robo alguno: conservaron su reloj y sus pertenencias, lo que descarta el móvil como motivo del ataque. La víctima fue trasladada al hospital y su estado conmovió a toda Torre Pacheco.
Ese ataque, presuntamente relacionado con un desafío viral en redes, fue instrumentalizado por grupos extremistas para legitimar una ola de odio. En pocas horas, la agresión se convirtió en desencadenante de concentraciones que inicialmente buscaban condenar el suceso. Pero pronto degeneraron en tensión creciente: jóvenes magrebíes comenzaron a ser perseguidos por las calles, mientras agitadores con estética ultra lanzaban insultos, piedras y proclamas racistas. Contenedores fueron incendiados, vehículos dañados y el municipio vivió tres noches consecutivas de violencia.
El agravamiento de la violencia obligó a las autoridades a responder con contundencia. La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, presidió una Junta Local de Seguridad junto al alcalde y fuerzas policiales, anunciando el despliegue inmediato de 75 agentes de la Guardia Civil, incluidos efectivos del USECIC y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). También se empezó a rastrear e investigar proliferación de mensajes de odio y llamados callejeros en Telegram y X, en los que incluso se hablaba de una “cacería” contra inmigrantes.
En el plano político, el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, cargó sus palabras contra la ultraderecha: “Hay grupos organizados detrás de estos actos” y acusó directamente a Vox de azuzar el odio y banalizar la inmigración como si fuera sinónimo de delincuencia, señalando la existencia de convocatorias articuladas a través de redes.
Desde la oposición, Vox negó su implicación, tildó las acusaciones de “criminalización” y cuestionó a quienes atribuyen la violencia a discursos políticos. El alcalde, Pedro Ángel Roca, insistió en apuntar a “personas ajenas al municipio” que llegaron con la intención de romper la convivencia “en venganza por el incidente”, según su versión.
En paralelo, múltiples vídeos comenzaron a circular en redes sociales. Algunos mostraban agresiones reales. Otros, como ha confirmado RTVE, eran imágenes sacadas de contexto, manipuladas o directamente falsas. Plataformas como Telegram o X (antes Twitter) sirvieron de canal para propagar mensajes de odio, llamadas a la violencia y convocatorias para lo que algunos llamaban, sin tapujos, “la limpieza”.
Al cabo de tres noches de violencia, la cifra de detenidos asciende a ocho —cinco españoles y tres de origen magrebí— y el balance registra cinco heridos leves. Aunque la policía asegura haber evitado enfrentamientos masivos, el temor sigue presente entre vecinos inmigrantes, muchos de los cuales se sienten ya rehenes de una campaña que mezcla odio, miedo y política.
¿Pero quién está realmente detrás de esta escalada? ¿Se trata de un estallido espontáneo motivado por la indignación ciudadana? ¿O, por el contrario, responde a una estrategia organizada por sectores que instrumentalizan el miedo y el racismo con fines políticos? ¿Han sido los jóvenes migrantes los responsables de alimentar el conflicto, o han sido víctimas de una narrativa que busca convertirlos en chivo expiatorio?