Montoro, el hombre de negro
El proyecto incluye, por ejemplo, una disposición adicional según la cual las comunidades autónomas necesitarán permiso especial para firmar convenios incluso con otras administraciones públicas si durante 2012 o 2013 incumplen algunas de las condiciones impuestas por la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, si han sobrepasado el límite de deuda pública o el de déficit en cualquiera de los tres ejercicios. Con ello, el Ministerio de Hacienda, con la excusa de impedir que algún gobierno autonómico pueda traspasar negocios, inversiones o deuda a empresas u otros organismos, comenzará 2013 con un nuevo marco jurídico en el que las comunidades estarán intervenidas de hecho aunque no hayan pedido rescate al Estado.

Para todas las administraciones
En concreto, y según detalla la letra pequeña del proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2013, las comunidades autónomas tendrán prohibido firmar convenios o acuerdos que supongan transferencias de dinero del Estado o de la propia autonomía con cualquiera de los organismos autónomos de la Administración General del Estado, universidades estatales o autonómicas, ayuntamientos y organismos municipales, diputaciones, empresas en las que el Estado, las comunidades autónomas o ayuntamientos tengan más del 50% del capital, y fundaciones del sector público. Para poderlos formalizar necesitarán permiso expreso y por escrito del Ministerio de Hacienda.

Sólo hace falta avisar
Para acabar de cerrar el círculo de control, esa misma letra pequeña añade que en aquellos casos en los que la comunidad autónoma no haya incumplido todavía los criterios de la ley de estabilidad presupuestaria pero que reciba un aviso de Hacienda porque el ministerio aprecie riesgo de incumplimiento, el gobierno autonómico del que se trate será tratado, desde la fecha en que se emite el aviso, como si de verdad hubiera incumplido los objetivos. Además, Hacienda advertirá al resto de los organismos públicos de cuáles son las comunidades autónomas con las que no pueden suscribir convenios ni acuerdos.

No más gasto de personal
Pero esta no es la única vuelta de tuerca que encierra la ley de presupuestos. Puestos a intervenir, también quedarán intervenidas todas las administraciones públicas, que durante 2013 no podrán gastar en personal ni un euro más que en 2012. Quiere ello decir que no pueden contratar personal nuevo durante el próximo ejercicio, excepto las 50 plazas que se conceden como excepción para nuevas incorporaciones a las carreras judicial y fiscal. Junto a ello, y tal como anunció Rajoy en el Congreso, se suspenderán también las aportaciones a los fondos de pensiones de los empleados públicos.

Plantillas bloqueadas
Por si a alguna empresa pública se le ocurre hacer algún truco para con la misma masa salarial aumentar su personal, el texto del proyecto señala taxativamente que las sociedades mercantiles con mayoría de capital público “no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que correspondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales en ejecución”. Con esta norma, las empresas públicas no sólo deberán mantener la cuantía del coste de personal, sino que además no podrán incrementar la plantilla ni siquiera con empleados de menor coste.

Obligatorio para las autonomías
Y para terminar de rizar el rizo y evitar que alguien pudiera caer en la tentación de apelar a competencias propias o a invasión de competencias por parte del Estado, el mismo texto legal (el proyecto de ley de presupuestos) señala que lo dispuesto en materia de prohibición de contrataciones por parte de las sociedades mercantiles “tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13 y 156.1 de la Constitución”. Esto significa exactamente que tiene el carácter de ley de bases y que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. O lo que es lo mismo, la prohibición se extiende a todas las empresas con mayoría de capital público, ya sean del Estado, de las comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos.