La manifestación independentista del 11 de septiembre transcurrió como estaba previsto. Los dirigentes de la ANC le exigieron al presidente de la Generalitat entre vítores de los presentes la proclamación de independencia o la convocatoria de elecciones. Pere Aragonés no acudió a la concentración, pero ERC se apresuró a negar cualquiera de las dos opciones. Junts, por descontado, aplaudió el ultimátum. Sin sorpresas en los planteamientos, tampoco los ha habido en la continuación del envite: los dos partidos que forman el gobierno catalán y que tanto se aborrecen en público y en privado han convenido que lo más que pueden hacer es crear una dirección estratégica del movimiento, una propuesta que ya figuraba en el pacto de investidura y de la que nunca más se supo dada la divergencia vigente entre los respectivos planes para seguir adelante.

La fiesta anual de los independentistas con motivo de la Diada -sustraída al conjunto de los catalanes con la colaboración imprescindible de los medios públicos y asociados- se celebró en vano. Ahora las expectativas están centradas en el debate de política en el Parlament, donde deberían materializarse las propuestas y las desavenencias de los socios de gobierno. Advertidos ya por ERC de que no habrá ni DUI ni convocatoria electoral, ni tampoco anuncio de un nuevo referéndum, apuesta que Aragonés situó hace unos días como muy pronto para 2024, el margen de maniobra de Junts se limita a dejar a ERC en minoría para forzarla a un avance electoral. Pura teoría, pues no conviene a ninguno de los dos llamar a votar tan pronto a los desencantados votantes soberanistas; además este avance le vendría bien al PSC, en constante crecimiento en los sondeos.

Proclamar la independencia, echando mano del famoso (y olvidado) mandato del 1-O, el plan alternativo a las elecciones y el preferido de la ANC, Junts y la CUP, implica una desobediencia y unos riesgos penales que ERC no está dispuesta a asumir. La única desobediencia al alcance de los republicanos es la de desoír a la ANC, nuevamente. A pesar de tantas vías muertas, el presidente Aragonés tampoco puede acudir al debate de política con las manos vacías en cuanto a propuestas dirigidas específicamente al movimiento independentista; más pronto o más tarde deberá buscar el referendo de las urnas para mantenerse en el cargo y no puede agrandar su condición de “traidor”, ya otorgada por los radicales del movimiento.

Desde hace meses, Aragonés viene anunciando una nueva fórmula para el ejercicio de la autodeterminación, una vez ha negado reiteradamente la convocatoria unilateral, y ha ratificado mil veces su confianza en que tal ejercicio pueda ser discutido en la Mesa de Negociación con el gobierno de Pedro Sánchez. Hace pocos días, dejó caer que la propuesta será presentada en el transcurso del debate en el Parlament e insinuó de lo que se trata: de conseguir un ejercicio inclusivo de dicha autodeterminación. “Una propuesta mucho más amplia”, dijo, sin precisar el sentido de la amplitud. Esta misteriosa fórmula será la novedad del curso y la respuesta de ERC al cerco al que se ve sometida por el resto de partidos independentistas con la ANC al frente, acusándoles de pasividad manifiesta y desinterés por la creación de la república.

El referéndum de autodeterminación es una reivindicación para proclamar la independencia, de obtenerse una mayoría favorable, y para el caso de no vencer el “sí”, poder seguir reclamándolo tantas veces como haga falta, al estilo escocés y québécois. Es difícil de imaginar una “ampliación inclusiva” de la convocatoria sobre una cuestión que ha dividido a la sociedad catalana por mitades irreconciliables. Además, se puede prever que c3ualquier modificación substancial en el contenido de la pregunta, evitando un redactado anticonstitucional o abriendo las puertas a ofrecer varias opciones institucionales en la papeleta (un nuevo estatuto autonómico, un estado federal o un estado independiente) provocará la desazón de aquellos sectores del independentismo que hace años dieron por superada esta pantalla y la ira de quienes dan por realizado el referéndum en octubre de 2017.

El misterio anunciado por Aragonés se desvelará el 27 o el 30 de septiembre en el pleno del Parlament. Un pleno que se suspenderá durante dos días, al coincidir el 28 y el 29 con el juicio al que debe enfrentarse la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, por un delito de desobediencia, cometida al negarse a responder a Vox durante el juicio del Procés en el Tribunal Supremo. Las circunstancias para algún manifiesto unitario del independentismo que disimule el desencuentro en la estrategia, están servidas.