Más problemas para el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras el hallazgo de una cámara oculta en uno de los despachos de la unidad de bomberos de Buñol, cuya base se encuentra localizada en Yátova.

Lo que más malestar ha generado, además de la gravedad del hecho en sí por lo que podría suponer un espionaje a este cuerpo, es que éste ha tenido lugar en el seno de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia (Sigse), según ha publicado elDiario.es. Se trata de una empresa de carácter público que depende de la Conselleria de Emergencias en la que se integra el equipo de trabajadores señalados.

Ante lo trascendental de lo ocurrido, el PSOE valenciano (PSPV-PSOE) ha denunciado que ello se corresponde con “prácticas mafiosas” e “ilegales” y ha pedido la comparecencia con carácter urgente del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en Les Corts Valencianes para que rinda cuentas y pueda explicarse.

Ha sido la portavoz de los socialistas de Emergencias en la Cámara regional, Alicia Andújar, la que apuntaba el pasado miércoles que “los valencianos y las valencianas no nos merecemos tener un gobierno autonómico que menosprecie de esta forma a los trabajadores públicos y que esté más pendiente de cómo vulnerar sus derechos que en mejorar sus condiciones laborales”.

Así las cosas, la diputada del PSPV contemplaba que “estamos ante un hecho gravísimo que atenta contra los derechos de los trabajadores” a la vez que insistía en la “urgencia” con la que tienen que darse las explicaciones”.

Dejaron de vigilar el barranco del Poyo

Da la casuística de que la cámara se ha encontrado en la base de los bomberos que recibieron órdenes de dejar de vigilar el barranco del Poyo el día de la DANA, uno de los enclaves que pasó a ser más mediático después del temporal y cuyo desbordamiento generó enormes estragos tanto personales como profesionales. Esta decisión impidió que los profesionales “pudieran controlar su crecida” y, en consecuencia, “proteger a la ciudadanía”. “Siguen sin esclarecernos quién tomó la decisión”, subrayan las voces críticas.

Obedeciendo al orden cronológico, alrededor de las 14.40 los bomberos recibieron la orden de volver a la base, lo que provocó dejar sin información a los responsables de Emergencias y del CECOPI lo que allí pasaba, a menos hasta que a las 18.45 horas llegó por correo el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el momento en el que se encontraba el temporal. Cabe destacar que a este mail tampoco se atendió, ya que el mensaje de alerta a los móviles para avisar a la gente de que no saliera de sus casas no alcanzó los móviles hasta las 20:11 horas.

En última instancia, la oposición apostilla que se trata de la enésima situación “contra los derechos de los trabajadores públicos”, ya que no es la primera vez que se produce una escena que deja en evidencia el trato del president a los trabajadores que dependen de su equipo o de qué manera el PP ha realizado todo tipo de actuaciones para intentar confundir a la ciudadanía acerca de su responsabilidad en las consecuencias fatídicas del temporal.

Grabaciones polémicas

Entre los hechos que recuerda la izquierda, se encuentra la llamada que se filtró entre dos técnicas del 112 y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que fue difundida por el PP valenciano para intentar que la gente pensara que la Generalitat no disfrutaba de información de lo que estaba pasando el pasado 29 de octubre en la provincia mediterránea y que está siendo investigado.

La AEMET se vio obligada a aclarar un audio con el que, por la forma de reproducirlo, daba a entender que la Agencia había incurrido en una dejadez de funciones. Nada más lejos de la realidad, la conversación completa demuestra justo lo contrario.

Con todo, en cuanto a grabaciones se refiere, la más polémica hasta el momento en el seno de la DANA es la de la llegada de Mazón al CECOPI. Cuando las imágenes salieron a la luz, el PSPV-PSOE denunció que la ley obliga al borrado de las grabaciones pasados 30 días y que el objetivo del PP era el de “exculpar” a Mazón.

En declaraciones a ElPlural.com, el partido demandó el "el uso sesgado" de las grabaciones del Cecopi por parte de la Generalitat. La socialista acusa a Mazón de que "desde que compareció en Les Corts el 15 de noviembre", su discurso "se articula en clave de defensa judicial".

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